El PP pide al Gobierno regional reaccionar y empezar a luchar activamente contra la ocupacion

El Partido Popular de Cantabria ha reclamado hoy al Gobierno regional que deje de mirar para otro lado y reaccione y empiece a luchar activamente contra la ocupación ilegal.

Su presidenta María José Sáenz de Buruaga se ha reunido con los vecinos afectados por esta situación en la calle Ballestas en Guarnizo, en El Astillero, y exige al Ejecutivo regional que tome medidas propias, “porque hasta ahora todas las que le ha propuesto su partido se han topado con el pacto del PRC con un PSOE cada día más podemizado que se empeña en sostener que este no es un problema real, sino una invención de la derecha”.

La dirigente popular ha advertido de que el hecho de que buena parte de la regulación sea competencia del Estado no significa que el Gobierno regional no puede hacer nada y no le exime de su obligación de arbitrar las herramientas necesarias para paliar las consecuencias de la ocupación, por lo que le ha pedido implicación ante uno de los problemas que más alarman y preocupan en este momento a los ciudadanos.

Buruaga ha hecho hincapié en que crecen los casos y la alarma social por la actuación impune de las mafias.

La dirigente popular ha vuelto a reclamar la elaboración de un mapa de la ocupación ilegal en Cantabria para diagnosticar el alcance del problema; habilitar una oficina de apoyo y asesoramiento a los afectados y la creación de un grupo de trabajo con la Federación de Municipios para coordinar una respuesta y estudiar medidas como exenciones en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los afectados.

Además, el Partido Popular ha pedido poner en marcha un canal de denuncias anónimas para perseguir el alquiler fraudulento y la ocupacion o la prohibición de que las personas condenadas por ocupacion ilegal puedan acceder a una vivienda protegida.

Según ha explicado el portavoz del PP en Astillero, Antonio García Gómez, los vecinos de esta calle, donde están ocupadas unas 40 de 80 viviendas, no pueden ni dormir por la noche, sus hijos no pueden ir a jugar al parque, y tienen miedo a hacer declaraciones públicas por miedo a represalias, lo que ha provocado que muchos se hayan tenido que ir del pueblo por falta de soluciones.

Buruaga ha hecho hincapié en que el problema de la ocupación tendría solución si el Gobierno de Pedro Sánchez dejara de defender a aquellos que creen que se puede vivir a costa del esfuerzo y el trabajo de los demás.

Para la presidenta, es imposible atajar este fenómeno cuando dentro del Gobierno hay cuatro posturas diferentes y se mueve en la indefinición, la división y la tolerancia que no hace sino generar un efecto llamada.

Justicia

“Nosotros lo tenemos claro. La lucha contra la ocupación ilegal no es de izquierdas ni de derechas, es simplemente una cuestión de justicia, y vamos a seguir defendiendo la seguridad jurídica y el derecho de los propietarios a invertir sus ahorros en una vivienda y a vivir en paz”, ha dicho.

Y ha recordado las medidas que el Partido Popular ha defendido en el Congreso de los Diputados, donde se han topado una y otra vez con el muro de Pedro Sánchez y Podemos: desalojo de los ocupas en el plazo de 24 horas desde el requerimiento e inmediato en caso de delito flagrante; reforzar las penas por delito de usurpación con 3 años de cárcel; mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias; considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal; prohibir que un inmueble ocupado tenga la consideración de morada o domicilio, y devolver al propietario lo abonado por IBI o Impuesto sobre el Patrimonio en el periodo de ocupación.