“Las 30 piezas o menos de bocarte este año se han pagado caras, desde los 3,50 hasta los ocho euros”, asegura Eduardo Sanfilippo

Lleva desde el año 2001 trabajando en el Grupo Consorcio, primero como adjunto a la Dirección Comercial hasta 2006 y a partir de ese momento como director de Marketing, Comunicación e Innovación. Eduardo Sanfilippo Azofra es además, desde diciembre de 2021, el nuevo presidente de la Asociación de Industriales de Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescado de Cantabria (Consesa) en sustitución de Ignacio Sanfilippo.

Natural de Argoños y de 46 años de edad, afronta el reto de la presidencia con el fin de dar más visibilidad al sector y con varios asuntos importantes y de actualidad pendientes de resolver.

Uno de ellos hace referencia a los trabajadores. Primero, según explica, porque muchos empleados se incorporan a las fábricas sin el aprendizaje y las habilidades que se necesitan y por lo tanto es conveniente que reciban una formación con anterioridad, un aspecto que se está estudiando. Por otro lado, está la dificultad para encontrar personal durante la costera, momento en el que se procesa el salazón.

Por si fuera poco, la reforma laboral, aprobada recientemente por el Gobierno central, no ha tenido en cuenta la estacionalidad de diversos sectores, entre los que se incluye el conservero de pescado, a la hora de contratar personal, hacen hincapié desde Consesa.

De hecho, por cada contrato inferior a 30 días, el empresario sufre una penalización de 26,57 euros y hay que tener en cuenta que en la costera de la anchoa la incertidumbre es grande, ya que se desconoce la cantidad de pesca que entra a los puertos y por lo tanto no todos los días hay actividad en las fábricas, apunta Sanfilippo.

En un momento en que la sociedad y el mercado salen de la pandemia, ha surgido también una inflación disparada y la Guerra en Ucrania. Con este presente, el sector ha sufrido el encarecimiento de las materias primas, como el aceite de girasol, el aluminio, la hojalata, el cartón, los frascos, el gasto energético y tampoco deja de lado el transporte por los precios del carburante.

“Las materias primas han aumentado entre un 30 o un 40 por ciento y es preocupante”, asegura este licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Cantabria, quien señala que esta situación supone negociar con los clientes, repercute en el margen de beneficio y al final tiene un impacto negativo sobre la cifra de negocio de las empresas.

Desde su punto de vista, en un escenario como el actual y con una inflación enorme como la que existe “el consumidor opta por alternativas más baratas, de tal forma que se refugia en las marcas blancas”.

Hay que tener en cuenta, a su juicio, que la actividad empresarial, en general, entraña un riesgo a la hora de iniciar una actividad y cuando va mal, el emprendedor puede perder su patrimonio. “Es por ello que hay que dar más valor al empresario como generador de riqueza y los puestos de trabajo que crea en el entorno”, comentó.

Por si fuera poco, el sector de las conservas de pescado sufrió la movilización de los empleados ante la negociación del convenio colectivo que finalmente se firmó en marzo de 2022 y donde Consesa tuvo un representante en la mesa de negociación.

Tras lograr los trabajadores un aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde 2021 en su salario y mejoras sociales, Eduardo Sanfilippo incide en que supone un coste importante para el empresario, sumado a otros gastos, en un año complicado para el sector donde su cuenta de resultados se encontraba resentida.

Este economista no se olvida de la economía sumergida y en este sentido, aboga por el hecho de que se realicen los controles oportunos. No hay que olvidar que esta actividad no contribuye con la sociedad, dado que no pagan impuestos y al mismo tiempo debe tenerse en cuenta la seguridad alimentaria, ya que el producto de un empresario debe pasar los controles sanitarios oportunos antes de salir al mercado.

Ante estas circunstancias y con el fin de buscar soluciones, el presidente de Consesa mantiene un hilo de contacto con el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno regional, Guillermo Blanco, y con la directora General de Pesca, Marta López. Desde su punto de vista es necesario que las empresas reciban ayudas directas por la Administración o líneas de crédito para mantener la actividad, como en otros sectores.

Según las cifras que maneja Consesa, la facturación de las empresas conserveras en el valor de mercado ronda entre los 150 y los 180 millones de euros anuales y la creación de empleo se sitúa en 1.500 puestos de trabajo continuos, 1.000 indirectos y otros 1.500 en la costera de la anchoa entre abril y junio.

“El objetivo fundamental con este cargo es ser un interlocutor con la Administración para dar soluciones a los problemas y retos que hay en el sector”, indicó el presidente de Consesa. El Grupo Consorcio ha estado asociado desde los inicios a este colectivo, donde ejerció la presidencia Carmelo Brambilla.

Dar continuidad y sobre todo visibilidad a unas empresas que en Cantabria aportan una gran riqueza al sector agroalimentario, además del número de puestos que generan están en la mente de este director de Marketing y Comunicación que completó su formación con dos Master en estas materias y un postgrado en Dirección de Industrias Alimentarias en Santelmo.

Costera

Y no se puede dejar de lado la actual costera de la anchoa, donde Eduardo Sanfilippo se muestra satisfecho con su evolución, aunque asegura que las 30 piezas o menos de bocarte por kilogramo este año se han pagado caras, desde los 3,50 hasta los ocho euros, mientras que de 40 a 45 se ha pagado entre un euro y 1,80. “Sin embargo, ha existido escasez de 33 a 40 piezas el kilogramo”, subrayó.

En referencia al cupo, considera que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe regular los calibres de las capturas de la pesquería con el fin de favorecer las piezas mayores y limitar la pesca de la anchoa de menor tamaño.

“Por sostenibilidad de los caladeros se debe gestionar de forma inteligente los recursos y dejar que la anchoa desove varias veces, lo cual generará una mayor riqueza al capturar el bocarte con un mayor tamaño”, puntualizó.

De ahí que Consesa también realizase un llamamiento a la flota pesquera para que apostase por un tamaño más grande del pescado en su cuota de 10.000 kilogramos al día que tiene cada embarcación.

Aun así, el nuevo presidente no ve posible una veda como la sufrida en los años 2005-2009, dado que ahora son otros tiempos en los que se llevan a cabo controles desde el Ministerio.

La implantación del Índice Geográfico Protegido para la anchoa del Cantábrico es otro de los asuntos que están pendientes. Ante esta iniciativa, el presidente de Consesa manifiesta que es un elemento adicional que unas empresas decidirán utilizarlo y otras no, pero no se debe eliminar “del Cantábrico” como palabra comercial y de venta de los productos actuales. “Estamos en un mercado mundial y en vista de sus intereses comerciales unas empresas lo utilizarán y otras no”, remarcó.

Y aunque la anchoa es el producto estrella en este sector, muchas empresas han optado por diversificar su oferta en los últimos años, una decisión que en su opinión es una alternativa para generar actividad y que de momento está en sus inicios para valorar su trascendencia.

Mientras tanto y ante este panorama, Eduardo Sanfilippo tiene cuatro años por delante para velar por los intereses del sector, difundir sus intereses económicos, sociales profesionales y culturales ante las Administraciones y organismos públicos y privados y proporcionar servicios de investigación, asistencia, asesoramiento tecnológico, económico y jurídico a los asociados.