La Audiencia Provincial juzgará dos casos de posible abuso sexual esta semana
El primero por, presuntamente, cometer varios delitos contra la libertad sexual sobre una joven de 19 años y varias menores de 16 años y el segundo contra una alumna de clases de tenis de mesa
La Audiencia Provincial juzgará dos casos de posible abuso sexual esta semana. El primero tendrá lugar el martes, día 21 de febrero, a las 10.00 horas, por, presuntamente, cometer varios delitos contra la libertad sexual sobre una joven de 19 años y varias menores de 16 años, mientras que el segundo contra una alumna de clases de tenis de mesa está previsto para el miércoles, día 22, a las 10.00 horas.
Según el escrito de la Fiscalía, en enero de 2022 el acusado aprovechó que una joven buscaba algo por el suelo en las cercanías de la estación de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) en Bezana para agarrarla por el brazo y desplazarla contra una pared de un taller abandonado donde “le bajó los pantalones para efectuarle tocamientos en sus partes genitales”.
Días después, cuando una pandilla de adolescentes se encontraba en una plaza en la misma localidad, se acercó a ellos y tras entablar conversación con alguno de los integrantes del grupo, se dirigió a una menor, a la que dio un beso en la frente contra su voluntad; acto seguido repitió la conducta con otra menor, a la que besó en la mejilla, a pesar de la insistencia de ella de que la dejara en paz.
Meses después, cuando una menor se encontraba en un parque de la misma población, se aproximó a ella y la intentó besar en la boca, sin conseguirlo, rozando con sus labios la frente de la chica, que en todo momento manifestó su oposición.
El acusado presentaba en todas las acciones “un notorio estado de embriaguez, padeciendo una adicción a sustancias alcohólicas y tóxicas, así como un trastorno adaptativo ansioso-depresivo”.
Con carácter previo a la celebración del juicio, el acusado ha consignado ciertas cantidades en concepto de pago parcial de indemnizaciones a favor de las víctimas.
Los hechos constituyen, para la fiscalía, cuatro delitos contra la libertad sexual, uno de agresión y tres de abuso, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de trastorno mental, adicción alcohólica y reparación del daño.
La pena solicitada por la Fiscalía asciende a dos años de prisión por cada uno de los cuatro delitos, con aplicación del artículo de Código Penal que establece el cumplimiento máximo en seis años, el triplo del delito más grave.
Además, solicita que sea condenado a una medida de libertad vigilada de cinco años, con prohibición de residir en la población de Bezana y acercarse y comunicar con las víctimas.
También pide que sea inhabilitado para el desempeño de profesión u oficio que conlleve contacto directo con menores durante doce años.
La Fiscalía pide en su escrito que el acusado se someta a tratamiento médico ambulatorio para el control de sus adicciones y que realice un curso de reeducación sexual.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía considera que debe abonar 1.000 euros de indemnización a la joven de 19 años y 150 euros a cada una de las menores a las que besó o trató de besar, por los daños morales causados.
Por su parte, la acusación particular que ejerce la víctima del delito de agresión sexual pide una condena por ese delito de tres años de prisión y 1.200 euros de indemnización.
Otro caso
Según se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado se encontraba impartiendo unas clases a una menor, de 16 años, cuando “encontrándose a solas con ella” y “con el pretexto de corregir sus posiciones y así mejorar la técnica, con ánimo de satisfacer sus instintos sexuales le propinó en dos ocasiones varias palmadas en el glúteo”.
“Con idéntico pretexto y ánimo, continúa el escrito, la besó en el cuello tocándole los pechos y poniendo sus manos en la zona lateral de la pelvis”.
Consecuencia de estos hechos, explica el Ministerio Público que la menor se vio “muy afectada, manifestando depresión, ansiedad social, con trastorno de estrés postraumático”.
Los hechos narrados constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito de abusos sexuales merecedor de una pena de tres años de prisión, con inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto con menores durante ocho años y prohibición de acercarse y comunicar con la menor durante igual periodo.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita una indemnización para la menor de 6.000 euros por los daños morales causados.
