Cantabria reclama dos nuevos magistrados y un juzgado de lo Social y otro de Primera Instancia

Cantabria ha solicitado al Ministerio Justicia la creación “prioritaria” de dos nuevas plazas de magistrado en las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Cantabria para hacer frente a la sobrecarga de trabajo, que supera en casi 50 puntos la tasa de litigiosidad aconsejada del 130 por ciento, hasta alcanzar casi el 180 por ciento.

Así lo ha hecho la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández (PRC) en la reunión con el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez.

Otras necesidades de ampliación de planta judicial se centran en la creación del séptimo juzgado de lo Social y otro de Primera Instancia, el número 13, ambos en el partido judicial de Santander.

El Ministerio, según ha explicado el secretario de Estado, programa la creación de unas 70 unidades para todo el territorio nacional y ha asegurado que se responderá a la petición de uno de los órganos solicitados por Cantabria, que se unirá a la puesta en marcha, el día 31 de diciembre de 2022, del segundo juzgado de lo mercantil.

Respecto a este nuevo órgano, solicitado por Cantabria el pasado año, la consejera de Justicia ha anunciado que de forma inmediata comenzarán las obras de adecuación en el Edificio Europa, así como la adquisición de los medios materiales necesarios para que entre en funcionamiento a finales de año.

Cantabria recibirá siete millones de euros para digitalizar la Administración judicial. Y los dos políticos han destacado la posición avanzada de Cantabria en el proceso de digitalización de la Administración judicial y el buen resultado del modelo de cogobernanza en la gestión de los fondos europeos por parte de las autonomías con competencias en la materia y el Ministerio.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que han mantenido hoy en la sede del Ejecutivo regional, la primera que celebran ambos al frente de sus cargos y en la que la consejera cántabra ha expuesto al ministro las necesidades de ampliación de la planta judicial en la Comunidad Autónoma y los proyectos en marcha en el ámbito de la digitalización de la justicia regional.

En esta inversión se incluyen los tres millones de inversión, de un montante total de 10 millones que se repartirán entre otras tres autonomías que comparten el sistema de gestión Avantius, País Vasco, Aragón y Navarra, para garantizar la comunicación y la interoperabilidad de los sistemas utilizados en los juzgados.

Entre los proyectos ya lanzados, Fernández Viaña ha destacado la adquisición de equipos informáticos, conexiones inalámbricas en las sedes judiciales y equipos de videocomunicación para consolidar la modernización tecnológica, una inversión que ha superado los 500.000 euros, provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU, y que “serán una realidad próximamente”.

Igualmente, ha declarado que otras partidas de este fondo se destinarán en el futuro próximo a la digitalización de la totalidad de los registros civiles para transformar en soporte electrónico los libros, unos 1.600 que se encuentran en los municipios y que “debemos tener al día”.

Por su parte, el secretario de Estado de Justicia ha señalado que Cantabria ha puesto de relieve el “cambio fundamental” que supondrán las leyes sobre eficiencia organizativa y procesal del servicio público de justicia en todo el territorio nacional y, también, en Cantabria.

Además, ha reconocido el “esfuerzo” de Cantabria por implementar en proyectos los fondos europeos y ha considerado que el Gobierno autonómico está haciendo un “buen trabajo” en el ámbito de la justicia. Cantabria, ha dicho, es una comunidad en una posición intermedia en número de litigios, pero “una de las más avanzadas en gestión procesal, como una de las comunidades autonómicas que comparten el sistema Avantius”.