Concentración del personal de Justicia para reclamar “cambios radicales” en el trabajo por la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa
Un numeroso grupo de empleados se movilizaron en el Complejo Judicial de Las Salesas de Santander
Cerca de un centenar de trabajadores de la Administración de Justicia de Cantabria se han concentrado hoy en el patio central del Complejo Judicial de Las Salesas, en Santander, para protestar por la negativa de la ministra de Justicia, Pilar Llop, a negociar y abordar “los cambios radicales” en las condiciones de trabajo que supondrá la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.
Los representantes de los trabajadores, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, consideran esencial crear una mesa de negociación para abordar los cambios que trae consigo esta nueva Ley.
Así, han subrayado que la protesta viene motivada tanto por las formas como por el fondo, de tal forma que se critica que no se haya contado con el personal para negociar la Ley y, también, que de haberse negociado, se hubiera podido tratar y acordar aquellos aspectos que, a juicio de la representación sindical, podrían mejorarse.
Los sindicatos convocantes exigen la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para garantizar las condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal funcionario.
Denuncian que el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa no garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales y puede suponer una importante reducción de puestos de trabajo y supresión de servicios que presta la Administración de Justicia.
A juicio de los sindicatos, este proyecto de Ley permite la movilidad funcional y geográfica del personal y la asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de aquél en que se está destinado. “Denunciamos que esta movilidad discrecional puede ser utilizada para el control político de la Administración de Justicia a costa de los recortes de derechos de los funcionarios de justicia”, señalan los tres sindicatos.
CCOO, UGT y STAJ denuncian que también se abre la posibilidad de imponer nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo sin negociar.
El personal de la Administración de Justicia exige el desarrollo y retribución de la Carrera Profesional, que es un derecho reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 2019, pero que el Ministerio de Justicia se niega a negociar, a reconocer y a establecer su retribución complementaria.
También se exige la mejora de la promoción interna para la recuperación del 50 por ciento de las plazas de las Ofertas de Empleo Público para este turno y se reivindica una convocatoria extraordinaria añadida a la convocatoria del turno libre de los procesos de estabilización.
“Si el acceso por el turno libre se hace por el sistema de concurso, sin oposición, también la Promoción Interna tiene que hacerse por ese mismo sistema de concurso de méritos” afirman los representantes sindicales.
Otra de las exigencias sindicales en estas movilizaciones es la convocatoria de Concursos de Traslado con todas las plazas vacantes, denunciado que muchas de ellas se ocultan al acceso del personal titular año tras año, sin justificación alguna, restringiendo las expectativas de movilidad del personal.
Registros Civiles
Por último, los sindicatos del sector de Justicia demandan la negociación del Reglamento y Relaciones de Puestos de Trabajo del Registro Civil y denuncian que el despliegue de los nuevos Registros Civiles se está llevando a cabo de forma unilateral sin negociación colectiva, que se están asignando arbitrariamente nuevas funciones al personal de los nuevos Registros Civiles y de las oficinas colaboradoras de los Juzgados de Paz y que el nuevo programa informático Dicireg incrementa el volumen de trabajo pero no se están incrementando las plantillas.
La movilización no solo se ha celebrado en Santander, sino que al mismo tiempo se ha producido en las principales capitales españolas porque afecta a todas las categorías de la oficina judicial de toda España.
Esta protesta se ha llevado a cabo tras la concentración ante el Ministerio de Justicia del día 22 de noviembre.