Desarticulado un entramado criminal dedicado a la trata de mujeres para su explotación sexual en pisos de citas

Agentes de la Policía Nacional en su vehículo.

La Guardia Civil esclarece el origen de la enfermedad hemorrágica en la cabaña ganadera del norte peninsular

Agentes de la Policía Nacional han liberado a cinco víctimas de un entramado criminal especializado, presuntamente, en la trata de mujeres de origen latinoamericano para su explotación sexual en pisos de citas ubicados en ciudades españolas como Santander, Valladolid y Avilés.

La organización desmantelada obligó a las mujeres a estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, y a pedir permiso para poder bañarse o atender su higiene menstrual. Cinco personas han sido arrestadas en Cantabria (tres), Madrid (uno) y Avilés (uno), entre las que se encuentra la principal responsable del grupo que ya ha ingresado en prisión provisional.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que decía ser víctima de una trama de trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en la región de Cantabria.

Con ese punto de partida, los agentes iniciaron una serie de pesquisas que les permitieron corroborar la existencia de ese entramado criminal asentado en la localidad cántabra de Torrelavega, pero que desarrollaba su actividad delictiva en varios pisos de citas ubicados en diferentes puntos de la geografía nacional.

Las víctimas, mujeres de origen latinoamericano, eran captadas en sus países de origen por una colaboradora del entramado que aprovechó la precariedad en la que vivían y la necesidad imperiosa de obtener ingresos para presentarlas una oferta falsa de trabajo en España como webcammer de contenido sexual, aunque sin contacto personal directo con clientes.

Deuda de 6.500 euros

Una vez aceptada la propuesta, la principal responsable del entramado se encargó de gestionar todo lo necesario para el traslado de las mujeres hasta nuestro país mediante un simulado viaje de turismo, financiando los gastos y aleccionando a las víctimas sobre cómo comportarse para lograr burlar los controles fronterizos.

Ya en España, las mujeres eran enviadas a los pisos de citas donde se les retiraba el pasaporte y se les informaba de la deuda económica que habían contraído, que podía alcanzar los 6.500 euros, y que deberían saldar a través de ejercicio de la prostitución.

La explotación sexual se realizó en pisos de citas regentados por terceras personas, quienes se dedicaban al alquiler de habitaciones para el ejercicio de la prostitución y que no siempre eran conocedoras de que esas mujeres estaban siendo forzadas a llevar a cabo esa actividad para saldar una deuda con sus traficantes.

Condiciones abusivas

Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, y sólo podían descansar cuando así lo establecía la responsable de la organización. Tenían que pedir permiso para salir a la calle y eran obligadas a recibir a los clientes aunque estuvieran enfermas o con la menstruación. Los servicios que ofrecían eran publicados en webs de contacto sexuales y por ello debían pagar 100 euros semanales al entramado,  lo que incrementaba la deuda inicial.

La principal investigada era quien respondía a las peticiones de los clientes recibidas mediante llamadas telefónicas o por medio de una aplicación de mensajería instantánea, controlando así la cantidad y la duración de los servicios.

Durante la operación policial se ha llevado a cabo la entrada y registro en cinco inmuebles de Cantabria, Valladolid y Avilés, donde se ha intervenido 5.000 euros en efectivo, siete gramos de cocaína, tres terminales telefónicos y diversa documentación relacionada con la actividad ilegal.

Rumia

La Guardia Civil de Cantabria en el marco de la 'Operación Rumia”'para determinar el origen de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en ganado vacuno en esta Comunidad Autónoma, ha procedido a la detención de tres varones, vecinos de Cantabria, como presuntos autores de pertenencia a grupo criminal y delito de daños. A dos de ellos, además, se les considera presuntos responsables de delitos contra la salud pública y falsedad documental.

Operación Rumía.

El epicentro de dicha enfermedad en Cantabria estaría en una explotación ganadera de la zona del Valle de Miera. Del estudio de los datos epidemiológicos de esta enfermedad y su posterior transmisión, se ha determinado que fue traspasándose por el norte peninsular, desde Cantabria, llegando a sobrepasar la frontera con Francia.

En el mes de enero del pasado año, los responsables de la citada explotación ganadera, trasladaron un importante número de vacas a dos zonas de pastos en Cáceres, reintegrando en el mes de julio, una vez que se había declarado la citada enfermedad, unas 200 vacas, sin contar con las preceptivas documentaciones para el movimiento de este ganado y las comunicaciones de entrada en Cantabria.

En los pastos de Cáceres, una vez comenzada la investigación, se localizaron restos cadavéricos de ganado vacuno.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil comenzó la investigación al declararse la citada enfermedad animal en Cantabria, tras comprobar que se había roto el patrón de propagación. En concreto se observó un salto de la enfermedad superior a 350 kilómetros, circunstancia que no era acorde con la forma de propagación. 

Durante la investigación se vio que el vector de propagación era coincidente en la enfermedad hemorrágica y la lengua azul, esta última detectada en la explotación ganadera bajo sospecha en Cantabria, en fechas en que pudo haber retornado el ganado desde Cáceres, donde estaban declaradas ambas enfermedades.

Viremia

En las mismas fechas, se comprobó la existencia de ganado medicado en la citada explotación, consiguiendo informaciones que apuntaban a una alta incidencia, en fase de viremia por la enfermedad hemorrágica y la lengua azul, en la mencionada estabulación.

La semana pasada se procedió a la detención de dos responsables de la explotación ganadera y del transportista que había realizado los movimientos ilegales del ganado a Cantabria.

Los agentes calculan que el perjuicio económico generado en Cantabria supera los tres millones de euros, correspondiendo a las indemnizaciones por muerte y tratamientos del ganado, así como, los derivados de la vacunación a la cabaña ganadera por la lengua azul.

La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número uno de Medio Cudeyo, e impulsada por la Fiscal de Medio Ambiente de Cantabria. Por otro lado, se está compartiendo información de lo investigado con Europol por haber pasado la enfermedad a Francia, no descartándose nuevas actuaciones.