El expresidente de la Federación Cántabra de Fútbol, Alberto Vilar, será juzgado el día 24 de enero por apropiación indebida

Juzgados de Santander. R.A.

La Fiscalía pide dos años de prisión  y la acusación particular tres y cuatro años de cárcel y multa económica

El expresidente de la Federación Cántabra de Fútbol, Alberto Vilar, entre 1990 y 2021, será juzgado el lunes, día 24 de enero, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial por un delito continuado de apropiación indebida al presuntamente disponer de fondos de la entidad.

Según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, Alberto Vilar, supuestamente  y “aprovechando su posición en la Federación, con intención de obtener un ilícito enriquecimiento, durante los años 2010, 2011 y 2012, dispuso de dinero de la citada entidad para su propio interés personal”.

Así, la Fiscalía relata que en 2010 dispuso de 342 euros para enseres personales, como unas gafas, plantas para su hogar o una vitrocerámica, entre otros, así como de 595 euros para el seguro de su domicilio particular, y de 5.049 euros en concepto de “dietas por desplazamientos que no se realizaban y sin justificación documental alguna”, explica el escrito.

Un año después, según el Ministerio Público, dispuso de otros 554,64 euros para gastos personales, 621 euros para el seguro del hogar y 4.542 euros para “dietas por supuestos desplazamientos no realizados y sin justificación documental alguna”.

En 2021, los gastos personales ascendieron a 231,41 euros, el seguro de su domicilio a 656 euros y las dietas por desplazamientos sin justificación a 1.650 euros. Además, en esa anualidad dispuso de otros 2.017 euros para gastos judiciales particulares.

Por otro lado, el Ministerio Público indica que entre 2010 y 2012 “la Federación Cántabra de Fútbol solía comprar entradas a la Federación Española de Fútbol para encuentros tanto nacionales como internacionales. Dichas entradas, continúa, ulteriormente eran vendidas a terceros, siendo entregado su importe al acusado, que lo incorporó a su patrimonio para uso personal”. De este modo obtuvo, según la Fiscalía, 24.434 euros.

Finalmente, relata que el acusado, el tesorero y los secretarios de la Federación, no investigados en esta causa, “acordaron modificar el acta” de la Asamblea general de 1999 para añadir “que se acordaba por unanimidad suscribir un plan de pensiones a su favor y a cargo de las cuentas de la Federación”.

Así, según señala el Ministerio Fiscal, se suscribieron cuatro planes de pensiones: dos contratados en julio de 1999 y otros dos en noviembre de 2003, todos con aportaciones periódicas a cargo de la Federación.

En mayo de 2007, el acusado solicitó el rescate de las dos primeras y recibió 59.502 y 20.259 euros, respectivamente; y en abril de 2007 pidió la anulación de las dos segundas por jubilación y recibió 16.229 y 12.203 euros, respectivamente.

Los hechos constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito continuado de apropiación indebida agravado por la cuantía, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Penas solicitadas

La pena solicitada es de dos años de prisión y 2.400 euros de multa, además del pago de una indemnización a la Federación Cántabra de Fútbol que asciende a 148.888 euros.

Por su parte, la Federación Cántabra de Fútbol, que ejerce la acusación particular, considera que el acusado es autor de varios delitos independientes: de un delito de apropiación indebida agravado por la cuantía, subsidiariamente de un delito de administración desleal, por la disposición de fondos a su favor; y de un delito de estafa agravado por la cuantía, subsidiariamente de un delito de apropiación indebida independiente del anterior, por la manipulación del acta para la contratación de las primas y la percepción de las aportaciones periódicas.

La petición de pena que realiza la acusación particular asciende a tres años de prisión y multa de 8.100 euros por el primero de los delitos; y cuatro años de cárcel y multa de 9.000 euros por el segundo.

En concepto de responsabilidad civil por ambos delitos, la indemnización reclamada asciende a 182.619 euros.