La Fiscalía archivó la denuncia contra tres altos cargos del Gobierno cántabro por la orden que autorizó cazar lobos al no existir ningún delito penal

La Fiscalía de Cantabria ha archivado las denuncias de WWF y AscelL contra el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco (PRC); el director General de Biodiversidad, Antonio Lucio, y el subdirector General de Medio Natural, Ángel Serdio, por las autorizaciones de la caza de lobos en la región, que actualmente están suspendidas de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La Fiscalía rechazó, en su decreto de archivo, la existencia de ningún delito medioambiental, así como de los delitos de prevaricación y de falsedad documental durante la tramitación de este proceso, rechazando uno por uno los argumentos dados por las asociaciones ecologistas.

La fiscal concluyó, en primer lugar, que no existe ningún delito medioambiental por parte del director y subdirector del Gobierno regional en esas autorizaciones para el control de la población del lobo. Sobre este aspecto, indicó que no se ha ejecutado ningún control de la especie al quedar suspendida la autorización por los tribunales y, en segundo lugar, en dichas resoluciones autonómicas no cabe imputación penal alguna, dado que el Ejecutivo ha seguido el procedimiento administrativo y se ha procedido a la suspensión cuando fue decidida por la justicia.

Respecto al delito de prevaricación que se atribuía al consejero y al director General, la Fiscalía, a raíz de la jurisprudencia y de los expedientes analizados, ha estimado que queda acreditado que no son arbitrarias ni injustificadas, sino que las resoluciones de control han sido tomadas en el curso de una decisión administrativa dentro de las normas establecidas.

En concreto, declara que estamos “muy lejos” de considerar que estas, resoluciones, se hayan dictado “por voluntad o capricho”, rechazando el delito de prevaricación por parte de ambos altos cargos del Gobierno autonómico.

Por último, la Fiscalía desestimó la existencia de un delito de falsedad documental por parte del subdirector y el director general del Gobierno. El auto afirmó que en el expediente queda constancia de la rúbrica de los documentos por firma electrónica, siendo imposible la manipulación de los expedientes, declarando, además, que este sistema es un “plus de garantía”, y una evidencia más de que “nada se ha falseado”.

Satisfacción

Tras conocer este auto de la Fiscalía, el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, ha mostrado su satisfacción por el archivo de la denuncia que, a su juicio, demuestra que todo el procedimiento del Gobierno se ha hecho de forma reglamentaria y conforme a la Ley.

Además, ha anunciado que el Gobierno impulsará nuevos procedimientos de control de lobos en diferentes lugares de nuestra región, solicitando previamente los informes preceptivos, pero no vinculantes, al Ministerio.

En este punto, el consejero espera que el Ministerio “esta vez responda” y no como en las resoluciones del pasado año sobre las que no ha informado “a pesar de las reiteradas solicitudes que se le han hecho desde la Consejería”.

Todo ello, ha afirmado Blanco, “en defensa de la ganadería de Cantabria y los ganaderos, cuya actividad es fundamental también para la biodiversidad, además de para el desarrollo rural y la lucha contra el despoblamiento.

Por último, ha asegurado que todos los altos cargos de su departamento tenían en todo momento “la tranquilidad del deber cumplido”, a pesar de las denuncias de las dos asociaciones ecologistas, y “seguiremos trabajando en la misma línea de rigor técnico y jurídico”.