El Gobierno central (PSOE-Sumar) recurre la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la impugnación ante el Tribunal Constitucional, con el dictamen del Consejo de Estado, de la Ley de Cantabria 1/2024, que deroga su Ley 8/2021, de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.

La Comunidad Autónoma de Cantabria declinó la invitación del Estado para abrir el procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para intentar alcanzar un acuerdo, por medio del diálogo, en la Comisión Bilateral de Cooperación.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), ha valorado políticamente esta decisión y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la defensa de la memoria histórica y la dignidad de las víctimas del Franquismo. "Desde que la pinza PP y Vox derogó la Ley de Memoria de Cantabria ya anunciamos que el Gobierno de España va a recurrir a todos los medios del Estado de Derecho para proteger la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo", ha afirmado Gómez de Diego.

La delegada ha defendido la necesidad de garantizar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria histórica. "Nuestro deber es seguir defendiendo la Ley y los derechos humanos, como mandata nuestra Constitución. Por eso el Gobierno de España acude al Tribunal Constitucional para garantizar su cumplimiento", ha aseverado.

Gómez de Diego ha recordado que la Ley de Memoria Democrática busca reparar el daño a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. "Mientras las del bando ganador fueron exhumadas durante el Franquismo, quienes lucharon por mantener el orden constitucional y democrático continúan, en 2025, necesitando un gobierno democrático que vele por seguir defendiendo su dignidad", ha recalcado.

En este sentido, ha insistido en la "responsabilidad institucional" del Gobierno para preservar y difundir la memoria histórica. "Es nuestra responsabilidad como Gobierno democrático y como demócratas convencidos mantener y difundir la memoria de la resistencia frente a la barbarie", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que "la memoria nos interpela a seguir construyendo una sociedad libre de discursos de odio y a tejer alianzas basadas en el respeto, los derechos humanos y la convivencia".

Gómez de Diego ha recordado que, durante el último año, la Delegación del Gobierno en Cantabria ha llevado a cabo diversos actos de entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal a familiares de víctimas del golpe de Estado. "He podido conocer personalmente a personas increíbles que han luchado por mantener viva la memoria de sus familiares, que les fueron arrebatados con muchísimo dolor", ha señalado.

Finalmente, la delegada del Gobierno ha lanzado un mensaje a quienes minimizan la importancia de la memoria histórica. "La derecha habla de 'batallitas del abuelo'. Pido respeto a tantos y tantas abuelos y abuelas, a tantas personas que padecieron la persecución y mil tropelías por parte de unos golpistas y un régimen dictatorial como el Franquista. Como sociedad, no podemos permitirnos esa tolerancia a la injusticia, esa laxitud moral, porque eso es el germen del espíritu antidemocrático", ha concluido.

PP

El Partido Popular ha calificado como “otro gesto autoritario más” la decisión del Gobierno de España de promover un recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra el acuerdo del Parlamento de Cantabria de derogar la Ley de Memoria Histórica.

“Le está cogiendo gusto a esto de avasallar a todas las instancias democráticas de este país: las cámaras legislativas, los juzgados, los medios de comunicación… nada significa un límite para Sánchez”, ha afirmado el diputado regional y senador autonómico del PP, Iñigo Fernández, para quien “el mismo derecho que asistió al Parlamento para aprobar esta Ley en noviembre de 2021, le asiste ahora para derogarla”.

Iñigo Fernández cree además que “es bueno derogar una Ley que abre heridas y enfrenta a la sociedad”, porque “queremos que Cantabria mire al futuro con naturalidad y con optimismo, y no al pasado de las heridas, la confrontación y los duelos”.

“Zuloaga busca dividir a los cántabros como ha hecho con su propio partido, que lo tiene roto en dos. Pues con nosotros que no cuente para eso”, ha añadido el diputado.

Por último, Fernández considera “descabellado” este recurso del Gobierno de Sánchez, además de un “atropello más a Cantabria”, que en mayo de 2023 decidió en las urnas derogar eses Ley.

PSOE

El secretario General del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga se ha mostrado “satisfecho de ver que el Gobierno de Pedro Sánchez cumple con sus compromisos con Cantabria y con una democracia plena”. 

Así se ha manifestado Zuloaga después de conocer que el Consejo de ministros ha acordado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, que llevaron a cabo el PP y Vox en el Parlamento regional.

“Es verdad que la democracia en Cantabria ya sufre cuando el PP legisla en los intereses de unos pocos y no de la generalidad”, ha manifestado Zuloaga quien ha recordado que “la Ley de Memoria Democrática de Cantabria era una ley necesaria y hoy la defiende el Gobierno de España como tal”.

De hecho, ha dicho, “para mi haber sido el vicepresidente y consejero que aprobó esta ley en Cantabria es una satisfacción y también es un orgullo ver como el Gobierno de España se moviliza en la defensa de los intereses de los cántabros ante un atropello del PP revisionista, que tiene que ver más con su añoranza del Régimen y del no cumplimiento de la Ley que con mejorar la vida de los cántabros y las cántabras”.

Asimismo, ha señalado que “los socialistas advertimos a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga que no se podía legislar en contra del estado de derecho de nuestro país, que derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática vigente desde el año 2022 era un supuesto de inconstitucionalidad”. 

“Desde entonces llevamos trabajando con el Gobierno de España y con el ministro, Ángel Víctor Torres, que estuvo en Cantabria para anunciar que si el Gobierno de Cantabria seguía por ese camino tendría un recurso de constitucionalidad que definitivamente hoy ha llegado”, ha concluido el socialista.

Vox

Desde el primer momento, Vox ha denunciado que la Ley derogada pretendía imponer una visión sectaria de la Historia, clasificando a las víctimas en buenas o malas en función del bando, y fomentando la división y la radicalización sobre un período histórico que la mayoría de los españoles ya han superado.

En el momento de su derogación, la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, destacó que “hoy es un día importante para Cantabria, ya que se pone fin a la fractura a la que regionalistas y socialistas nos habían condenado con una ley que liquidaba el espíritu de concordia y reconciliación de la Transición española”.

Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un intento por deslegitimar la voluntad democrática del Parlamento de Cantabria, ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Se trata de una nueva muestra del autoritarismo del Gobierno socialista, que persiste en su
afán de dividir a los españoles con el uso partidista de la Historia.

“Imaginamos que en el ‘Año Franco’, el Gobierno de las cortinas de humo, de las cesiones al separatismo y del revisionismo histórico, no es capaz de respetar las legítimas decisiones de aquellos parlamentos regionales que no comparten su visión de buenos y malos. Sánchez nos encontrará enfrente, defendiendo la verdad histórica y la concordia”, ha concluido la portavoz de Vox.

Fundamentos jurídicos

La Ley de Cantabria no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la ley de Memoria Democrática autonómica, deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la Ley estatal. En consecuencia, esta derogación en bloque menoscaba el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática (LMD), comentan desde la Delegación del Gobierno.

En nuestro Derecho está claramente establecido el deber de memoria en el artículo 34 de la Ley de Memoria Democrática, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida por el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española (CE).

Este deber afecta a todas las Administraciones públicas, como establece el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática, que recoge singularmente los principios de colaboración y subsidiariedad en relación con esta Ley.

Por otra parte, hay que recordar que la Ley de Memoria Democrática se fundamenta en el artículo 149 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Asimismo, la derogación de las previsiones relacionadas con la actualización curricular y las actuaciones de formación del profesorado en relación con la Memoria Democrática, actuaciones de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, conducen nuevamente a plantear la inviabilidad de la aplicación práctica de las previsiones de la Ley estatal en relación con el ámbito educativo establecidas al amparo del artículo 149 de la Constitución Española.

El dictamen mayoritario del Consejo de Estado, además, aprecia “la procedencia de la impugnación de la totalidad de la Ley”.

Por tanto, resulta procedente la impugnación, ya se aprecie la vulneración únicamente del deber de colaboración establecido constitucionalmente, así como en la normativa estatal y especialmente en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática o se entienda que tal vulneración implica necesariamente la vulneración de los derechos constitucionales que fundamentan en última instancia las normas jurídicas que establecen las obligaciones resultantes de tal deber de colaboración, a fin de que se garantice la atención por parte de todas las Administraciones públicas a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos en los términos establecidos por la Ley de Memoria Democrática, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución española, “de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España”.

En definitiva, se trata de dos argumentos distintos, pero conexos y que en todo caso llevan a la misma conclusión, que es la inconstitucionalidad en su conjunto de la norma autonómica.