El Gobierno regional crea un programa de movilización de vivienda vacía para incorporar al parque público de alquiler

Viviendas en El Alisal, en Santander.

La medida se centrará en los municipios “especialmente tensionados” como Santander, Torrelavega y Castro Urdiales

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto por el que se crea el programa de movilización de vivienda vacía ‘Moviva’, con la finalidad de fomentar el alquiler de vivienda de titularidad privada y facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población que por sus circunstancias económicas no pueden acceder a una en alquiler a precios de mercado.

El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), ha considerado esta medida “necesaria y oportuna” ante la “necesidad de parque de vivienda en alquiler· y teniendo en cuenta el contexto de “incertidumbre en el mercado laboral, las dificultades para hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda y la escasez de financiación para acceder a una vivienda en propiedad”.

Además, ha estimado, basándose en datos del último informe del Observatorio de la Vivienda de Cantabria, que en la Comunidad Autónoma podría haber en torno a 28.000 viviendas vacías.

El Programa Moviva surge de la necesidad de dar un impulso a las medidas de fomento del alquiler de vivienda vacía de titularidad privada para paliar las disfuncionalidades detectadas que tengan como finalidad la promoción del mercado del alquiler mediante medidas que aporten seguridad a las personas que incorporen viviendas al programa para su arrendamiento y facilitar el acceso en régimen de arrendamiento a los colectivos con menos ingresos, adaptadas a sus necesidades, en condiciones de habitabilidad, y con una renta acorde a sus ingresos.

El Programa Moviva será financiado con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con fondos propios y complementados, en su caso, con fondos finalistas del Estado gestionados por la Comunidad Autónoma dentro del marco del Plan Estatal vigente en cada momento, cuando los objetivos mutuos sean coincidentes.

Podrán incorporarse al Programa Moviva las viviendas vacías de titularidad privada situadas en Cantabria, puestas a disposición de la Sociedad Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria S.L. (Gesvican S.L.) para su posterior arrendamiento en el marco del programa, en los plazos y condiciones establecidos en el Decreto.

Podrán tener acceso al programa las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Viviendas en la Comunidad Autónoma de Cantabria y las viviendas arrendadas al amparo de este programa deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de los arrendatarios.

Entre los objetivos que establece el Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, aprobado por Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 13 de diciembre de 2018, se encuentra el impulso a la movilización de vivienda vacía para su destino al alquiler a un precio tasado que permita aumentar progresivamente su número ante la constatación de que la oferta de vivienda protegida, en venta o alquiler, no puede satisfacer la demanda de vivienda a precios asequibles.

La evidencia sobre la inadecuada utilización del parque inmobiliario se constata empíricamente atendiendo a las estadísticas europeas sobre vivienda vacía e infrautilizada, donde claramente los países mediterráneos muestran valores superiores con respecto a los países de centro y norte de Europa.

Un análisis de la reciente política de vivienda en Cantabria pone de manifiesto que, si bien los planes de vivienda asumen la necesidad de vivienda en alquiler y proponen aumentos significativos de promoción pública del alquiler, la realización de los mismos vuelve a retroalimentar un modelo basado en la propiedad de vivienda.

Ello obviamente supone la necesidad de disponer de un parque de vivienda en alquiler, tanto público como privado, que existe en la dimensión requerida.

La situación de incertidumbre en el mercado laboral, las dificultades para hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda y la escasez de financiación para acceder a una vivienda en propiedad, aconsejan la intervención pública con objeto de impulsar el mercado de vivienda vacía para el alquiler a precios moderados.

La puesta en el mercado de vivienda vacía o deshabitada en Cantabria supondrá un necesario aumento del parque en arrendamiento y una solución a los problemas de acceso a la vivienda de una buena parte de la población en Cantabria.

De acuerdo al censo de población y vivienda del 2011 existen en Cantabria 47.059 viviendas vacías, que suponen un 13,12 por ciento sobre el total de las 358.618 viviendas construidas en Cantabria, y un 38,15 por ciento de las viviendas no principales de la Comunidad Autónoma, siendo éstas 121.756 viviendas.

En el último Informe realizado por el Observatorio de la vivienda y suelo de Cantabria se da una aproximación más real y actualizada de la situación de las viviendas vacías teniendo en cuenta los consumos de agua de las viviendas que resta 18.369 viviendas a la cifra del Censo de Vivienda de 2011.

Este elevado número de viviendas deshabitadas o vacías existentes implica una necesaria y decidida intervención pública para lograr que las mismas puedan ser puestas en el mercado del alquiler con destino a las unidades de convivencia que las necesiten.

En lo que respecta a la Consejería de Sanidad, el Ejecutivo ha autorizado contratos por valor de dos millones de euros para reactivos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y servicios de atención telefónica de la Gerencia de Atención Especializada, y para el mantenimiento de elevadores en el Hospital Comarcal de Laredo.

Acuerdos

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha aprobado un contrato para la concesión del servicio portuario del suministro de gasóleos y gasolinas a distintas embarcaciones pesqueras y deportivas, de los puertos de Laredo y Suances.

La necesidad del contrato para los servicios de suministro de combustible se justifica por el volumen, la importancia de la actividad y su complejidad; son servicios en los que la Administración portuaria no dispone de la habilitación ni de los recursos técnicos y humanos especializados necesarios para llevarlos a cabo.

El plazo máximo de duración es de cuatro años y siete meses, de tal forma que se inicia el día 1 de junio de 2023, tras la finalización del contrato actualmente vigente, o tras la firma del nuevo contrato, de ser esta posterior, y finalizando, en todo caso, el día 31 de diciembre de 2027. El valor estimado del contrato es de 4,5 millones de euros.