El Gobierno regional expresa su "cabreo" tras saber que otras 19 empresas habrían hecho pagos al funcionario encarcelado

El vicepresidente del Gobierno cántabro, Pablo Zuloaga (PSOE), ha mostrado su "cabreo y condena" tras descubrirse más pagos por parte de otras 19 empresas desde el año 2003 al funcionario encarcelado por la presunta trama de adjudicaciones irregulares en el Servicio de Carreteras.

Así lo habrían detectado los investigadores del caso, si bien solo hay implicadas en la causa cuatro empresas, Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina, y sus responsables, además de al jefe del Servicio de Carreteras y a su mujer, dado que se centra en los hechos ocurridos a partir de 2019, pues los anteriores han prescrito.

El vicepresidente ha asegurado que el Gobierno regional se ha enterado "a través de los medios de comunicación" ya que el vínculo a esas otras 19 empresas "no obra en la documentación" que tiene el Ejecutivo como parte personada en la causa.

"Me reservo cualquier declaración más allá de la sorpresa, cabreo y malestar al ver una noticia como ésta", ha lamentado Zuloaga, denunciando que "supuestamente habrían sido muchas las empresas que habrían participado de este tipo de prácticas que ahora investiga la Justicia y que, por lo tanto, han desviado recursos de su objetivo final, mejorar las infraestructuras".

En este sentido, ha apuntado que, además, "de confirmarse esta información" habrían detraído esos recursos públicos del desarrollo de otras políticas que eran "necesarias en Cantabria en momentos complejos", como los derivados de la crisis económica de 2008.

Constructores

La titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Santander ha desestimado la petición de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria de personarse como acusación particular en las actuaciones judiciales abiertas con motivo de la investigación por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos de carreteras de la Consejería de Obras Públicas.

Por este motivo, han solicitado personarse como acusación popular, algo sobre lo que esperan tener respuesta "a finales de esta semana o principios de la próxima".

La Junta Directiva de la asociación acordó la semana pasada personarse como acusación particular, lo que la jueza ha desestimado esta semana, y señaló que está "en contra de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, vengan de donde vengan".

Además, puso de manifiesto su preocupación por "el fracaso de los sistemas de alertas para detectar este tipo de supuestos", y su malestar por "el daño material y social" que estas prácticas causan al conjunto de las empresas, al sector, a la economía y a la sociedad.

En la supuesta trama corrupta, que se destapó a finales de febrero, se imputan delitos al jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, M.A.D., que es funcionario de la Consejería de Obras Públicas y ya está en prisión; a alguno de sus familiares, y a los representantes de algunas empresas a las que se adjudicaban contratos en esta área.

El Gobierno de Cantabria también se ha personado como perjudicado en este caso.