Recurrida la limitación a cinco años de las concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre por la nueva Ley de Costas

El Gobierno de Cantabria ha recurrido la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, aplicando la nueva normativa en materia de Costas, reduce de 75 a cinco años la duración de las concesiones de terrenos de dominio público marítimo-terrestre existentes antes de la última modificación de la legislación de Costas.

El Consejo de Gobierno ha ratificado esta decisión del Ejecutivo de la presidenta de Cantabria, maría José Sáenz de Buruaga (PP), con el que se cumple el compromiso que la presidenta trasladó a los afectados por este cambio normativo a los que confirmó su voluntad de apoyarlos en todo lo “humana y jurídicamente posible” para defender sus derechos frente a la resolución del Ministerio que de forma arbitraria pone en peligro explotaciones agropecuarias de pequeño tamaño, pero de valor para la economía local y sostenibles desde el punto de vista medioambiental. 

Con este requerimiento previo a la vía contencioso administrativa, el Gobierno de Cantabria defiende las reivindicaciones de la Junta Vecinal de Carasa, el Ayuntamiento de Voto y de los 50 propietarios de 11 explotaciones ganaderas afectadas por esta resolución del departamento de la ministra Teresa Ribera (PSOE).

Cacicada

A juicio del presidente de los afectados por la Ley de Costas y la Sociedad de las Marismas de Carasa, José Luis Thomas, es “una cacicada” e incumple la igualdad de trato con respecto a otros concesionarios, en Cantabria y en el resto del país, a quienes se les ha prorrogado el plazo por otros 75 años, como venía ocurriendo hasta la modificación de la ley de Costas.

También el presidente de la Junta Vecinal de Carasa, Jesús San Emeterio, ha valorado el apoyo del Gobierno sin precedentes para entre todos intentar “echar atrás” esta decisión del Ministerio.

El Gobierno central tiene un plazo de un mes para resolver este requerimiento previo a la vía contenciosa-administrativa del Gobierno de Cantabria contra la resolución que implica un cambio en el criterio de duración de las prórrogas de las concesiones preexistentes, que pasan de 75 años a 5 años prorrogables hasta un máximo de 15 años.