Los Grupos del Parlamento aprobaron la moción del PRC para diseñar un plan de futuro y un cambio de organización del Hospital Comarcal de Laredo

Los Grupos del Parlamento aprobaron la moción del PRC para diseñar un plan de futuro en el plazo de seis meses y un cambio de organización del Hospital Comarcal de Laredo. La iniciativa salió adelante con los votos del PRC, PP, PSOE, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio.

La diputada y portavoz del Grupo parlamentario del PRC en materia sanitaria, Paula Fernández, defendió la propuesta con el fin de exigir al Gobierno de Cantabria (PP) medidas urgentes para garantizar el futuro del Hospital Comarcal de Laredo, afectado por "una situación asistencial y organizativa crítica", como consecuencia de "la falta de planificación, la reducción de personal y el deterioro de las infraestructuras".

A su juicio se deben concretar objetivos a corto, medio y largo plazo para recuperar la capacidad asistencial y frenar la fuga de profesionales. “Existe una carga de trabajo en los quirófanos, faltan traumatólogos y no existe reanimación quirúrgica por las noches ni los fines de semana”, señaló

Por ello, exige refuerzos de plantilla para asegurar el buen funcionamiento del bloque quirúrgico y de la actividad ordinaria y extraordinaria que existía hasta finales del año pasado, así como un aumento de la dotación de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), reducida hasta el punto que "una sola persona tiene que atender una planta entera, con más de 30 pacientes por la noche".

"La situación es insostenible. Estamos viendo cómo las urgencias se derivan a Valdecilla porque no hay personal suficiente para atenderlas en Laredo, con el consiguiente trastorno para los pacientes y el aumento de la presión sobre el sistema sanitario", ha denunciado la parlamentaria del PRC.

También reclama la modificación en dos meses del modelo organizativo "impuesto recientemente por la Gerencia" y que ha provocado "el colapso de algunos servicios y el malestar de los trabajadores". "Se han tomado decisiones sin dialogar con los profesionales, como la supresión de una plaza de enfermera en turno de noche y otra en el departamento de esterilización, con lo que están agravando la precarización del personal", ha asegurado Fernández, quien pide por ello a la Consejería que "corrija esta gestión e incorpore a los trabajadores al proceso de toma de decisiones".

En la iniciativa registrada en el Parlamento pide además la finalización de las obras de las consultas externas, la climatización y la ampliación del laboratorio en un plazo máximo de seis meses.

"El Hospital de Laredo se encuentra en una situación límite, con una gestión que causa desánimo y provoca la huida de profesionales por falta de reconocimiento profesional, y si no se toman medidas urgentes perderá definitivamente su capacidad asistencial y se convertirá en un centro de segunda categoría, incapacidad de atender las urgencias y las necesidades sanitarias de la comarca oriental de Cantabria", ha advertido Paula Fernández.

Enmienda

La diputada de Vox, Natividad Pérez, comentó que la situación es preocupante en este hospital que atiende a más de 100.000 habitantes a lo largo del año y cerca de 300.000 en verano. Ante esta situación no debe haber más demoras, remarcó y al mismo tiempo presentó una enmienda para comenzar las obras de la segunda fase de ampliación del centro médico cuya inversión asciende a más de dos millones de euros.

Los socialistas, por medio de Raúl Pesquera, el propósito es poner en valor el Hospital de Laredo en su conjunto con inversiones que se recojan en el presupuesto y se ejecuten, algo que no ha sucedido en 2023 y 2024, y eliminar las listas de espera. “El PSOE-PRC invirtió ocho millones de euros en este centro médico”, subrayó.

Para el popular Miguel Ángel Vargas el presupuesto regional ejecutará lo que no se ha llevado a cabo hasta ahora. De hecho, recordó, que se han contratado 37 facultativos. A su juicio, la moción se encuentra dentro de la hoja de ruta del PP.

En la sesión plenaria, PP, PRC y PSOE desestimaron la moción de Vox para exigir más estudios sobre el almacén de hidrógeno verde en las antiguas salinas de Solvay en Polanco, un proyecto de las empresas Enagás, Repsol y Solvay con un coste de ocho millones de euros

La diputada de Vox, Natividad Pérez, señaló que se deben estudiar alternativas más eficaces, y apostar por la transparencia y el control parlamentario sobre los fondos invertidos y los plazos. “Esperemos que no sea otro proyecto grandilocuente que se anuncia y no se ejecuta”, reseñó.

Populares, socialistas y regionalistas han defendido este proyecto cuyos estudios previos se prolongarán durante unos dos años y posteriormente, en 2028, se decidirá la inversión final, que se estima que rondará los 600 millones de euros.

El diputado regional, Alejandro Liz (PP), comentó que este proyecto está en fase de estudio por las empresas y la duplicidad será absurda, motivo por el que pidió paciencia.

A su entender es una propuesta "puramente ideológica" y ha asegurado que Cantabria "no puede perder el tren" del hidrógeno verde, que "es una apuesta de futuro".

Javier López Marcano (PRC) ha reivindicado que se trata de "un proyecto estratégico, minuciosamente estudiado y elaborado" y para el que se construirían nuevas cavernas en las salinas.

Mientras que, desde el PSOE, la diputada Ana Belén Álvarez comentó que no comparte con Vox renegar del cambio climático, de la descarbonización y la hoja de ruta del hidrogeno renovable y ha  defendido el hidrógeno verde como pieza "clave" en el proceso de descarbonización y ha criticado que la moción de Vox sólo está enfocada a "renegar del cambio climático" y de la "hoja de ruta del hidrógeno verde".

Reunión

La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), ha mantenido una reunión con responsables de Enagas para conocer de primera mano los avances en los proyectos de inversión que la compañía energética desarrolla en la región, con especial atención a la construcción de un almacenamiento estratégico de hidrógeno verde.

En el encuentro han participado Susana de Pablo, directora General de Ingeniería, Tecnología y Digitalización de Enagas; Rosa Nieto, directora de Ingeniería y Proyectos; e Ignacio de Teresa, gerente de Permisos. Los responsables de la compañía han trasladado a Gómez de Diego su apuesta por Cantabria como localización clave para el desarrollo de infraestructuras ligadas a la transición energética.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno, Gómez de Diego ha destacado la importancia de estas iniciativas para el desarrollo industrial y energético de Cantabria, alineadas con la Hoja de Ruta del Hidrógeno impulsada por el Ejecutivo central.

En ese sentido, Gómez de Diego ha recordado que el Gobierno de España ha movilizado en los últimos años más de 1.200 millones de euros en ayudas para el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por su parte, los representantes de Enagas han reafirmado su compromiso con el desarrollo de infraestructuras clave en Cantabria, subrayando que la región cuenta con condiciones óptimas para el almacenamiento y distribución de hidrógeno. Además, han puesto en valor la integración de estos proyectos en la futura red troncal de hidrógeno de España y el corredor H2med, el gran corredor del hidrógeno que conectará la Península Ibérica con el resto de Europa.

El Gobierno de España y Enagas continúan avanzando en el desarrollo de proyectos estratégicos que refuercen la autonomía energética y la sostenibilidad del sistema, alineados con los objetivos europeos de reducción de emisiones y transición ecológica.

Hoja de ruta

El Gobierno de España ha elaborado la Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable, aprobada en octubre de 2020. Este documento establece objetivos ambiciosos para posicionar al país como referente en la producción y uso de hidrógeno renovable. Para 2030, se pretende alcanzar una capacidad de producción de cuatro gigawatios mediante electrolizadores y movilizar una inversión estimada de 8.900 millones de euros.

El día 30 de julio de 2024, el Consejo de Ministros de España autorizó provisionalmente a Enagas Infraestructuras de Hidrógeno para desarrollar varios Proyectos de Interés Común (PCI) europeos relacionados con redes de hidrógeno. Entre estos proyectos se incluyen dos instalaciones de almacenamiento de hidrógeno en España: ‘H2 storage North-1’ en Cantabria y ‘H2 storage North-2’ en el País Vasco.

En línea con esta estrategia, Enagas ha planificado inversiones superiores a 4.000 millones de euros hasta 2030, destinando la mayor parte a infraestructuras de hidrógeno. Estas inversiones incluyen su participación en el corredor H2Med y el desarrollo de una red de hidrógeno en España.

La compañía ha obtenido, recientemente, una financiación de 75 millones de euros por parte de la Unión Europea para impulsar estos proyectos estratégicos, dentro de la iniciativa "Conectar Europa" (CEF, por sus siglas en inglés), que busca reforzar la seguridad energética y la integración de energías renovables en el continente.

Estos esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado buscan impulsar la transición energética y consolidar a España como líder en el ámbito del hidrógeno verde.

La Proposición No de Ley planteada por los 'populares' en la Cámara cántabra ha salido adelante con los votos a favor del PP, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio pese al rechazo de los socialistas y la abstención del PRC.

Desde el PP, el diputado regional y senador autonómico, Iñigo Fernández, ha considerado necesario que la Cámara regional se pronuncie sobre esta propuesta del PSOE, que ha denominado 'Ley Begoña' en referencia a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Fernández ha advertido que, si la modificación sale adelante, "Begoña Gómez quedará libre de toda investigación judicial y de sentarse en un banquillo a pesar de estar siendo investigada por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios y por apropiación indebida".

Y ha dicho que, con esta propuesta de los socialistas, "además libraría el hermano" del presidente. "Se trata de que a la familia de Pedro Sánchez no se le puede juzgar, hagan lo que hagan", ha apostillado.

En la misma línea se ha pronunciado Vox, cuya portavoz, Leticia Díaz, ha considerado que se trata del "enésimo ataque a la democracia" del PSOE, ahora para limitar la acusación popular y lograr "la amnistía a los casos de corrupción que afectan a la familia del presidente Sánchez".

Para la parlamentaria de Vox, "cuando uno ve todo esto, se da cuenta de que Sánchez es sinónimo de corrupción y es sinónimo de avance y camino hacia el totalitarismo".

Frente a las consideraciones de ambos Grupos, desde el PSOE, el diputado Mario Iglesias ha señalado que lo que pretende la Proposición de Ley es acabar "con el acoso de acciones judiciales abusivas" y "basadas en recortes de prensa" y que, ha dicho, están en su mayoría promovidas por "sectores ultras" y no sólo en España sino también en muchos otros países.

"Estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, creadores, científicos, periodistas y adversarios políticos por parte de sectores extremistas, sectores de la ultraderecha que pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho utilizan las acciones judiciales como vehículo para sus objetivos", ha dicho Iglesias.

Y ha apuntado a que, en los últimos meses, en España "la lista de personas perseguidas y acosadas no ha hecho más que aumentar" y, por ello, "ante la gravedad de estos hechos, es necesario actuar con una ley para impedir los mecanismos del acoso".

Al mismo tiempo, ha detallado que la propuesta consiste en que la reforma de la acusación popular, la obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa, la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político.

Mientras que, desde el PRC, su portavoz, Pedro Hernando, ha considerado "absolutamente innecesario este debate" en Cantabria y, sobre el asunto, ha indicado que los regionalistas pueden estar "en desacuerdo" con algunas cuestiones que plantea la reforma, pero no así con que se suprima el delito de ofensas contra sentimientos religiosos y lo referente a los pronunciamientos políticos de los jueces.

En cuanto a la reforma de la acusación popular, Hernando ha opinado que para afrontarla hay que "ser enormemente mesurado con los límites que se pueden establecer". No obstante, ha achacado la discusión sobre esta reforma a que "ustedes del PP y del PSOE están a la gresca e intentan utilizar las posiciones políticas para hablar de esa equidistancia de las instituciones".