Iñigo Fernández (PP): “el consejero de Urbanismo no está presente, lo que demuestra su falta de sensibilidad con los derribos”
El Pleno del Parlamento aprobó, por unanimidad, la moción del PP para que se cumplan las resoluciones de la Cámara regional que afectan a las familias de las sentencias de demolición de sus casas
“El consejero de Urbanismo no está presente en el Parlamento, lo que demuestra su falta de sensibilidad con los derribos”. Así lo aseguró el diputado regional del PP, Iñigo Fernández, minutos antes de que el Parlamento de Cantabria aprobase, por unanimidad, su moción, consistente en que se ratifiquen las resoluciones aprobadas en esta Cámara que afectan a las familias son sentencias de derribo.
“No digo que no tenga que hacer otras cosas, pero su despacho está a cinco minutos andando de aquí. No le afecta este asunto y no se hacen grandes gestiones por solucionar los derribos. Parece que busca que el tiempo pase para que lo le afecte este problema”, incidió.
Iñigo Fernández recordó que la construcción de las viviendas de sustitución en Arnuero están igual que a principios de legislatura; en Escalante llevan año y medio buscando una parcela para edificar pisos de sustitución y el Piélagos no se sabe nada de las modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se prendía aprobar a principios del año 2021 y no se ha concretado. “Igual tiene que venir la alcaldesa a dar explicaciones”, subrayó.
En cuanto a Argoños, indicó que después de presentar los cambios en el PGOU, se le vuelven a presentar informes que tumban lo trabajado, como es el caso actual, referente al Camino de Santiago”.
Para el diputado popular las más de 500 familias están viviendo un drama y un escarnio, pues después de más de 20 años no saben qué sucederá con sus viviendas, cuando además compraron de buena fe y no son los culpables de la situación.
En su opinión, y dado que demoler todo supondrá 100 millones de euros, se debe dilucidar qué viviendas se pueden regularizar, donde no sea permitido optar por las viviendas de sustitución y para los casos que sea imposible arreglar la indemnización a los afectados. “Se debe evitar el despilfarro de la Administración en los gastos a cuenta de los impuestos de los contribuyentes cántabros”, remarcó.
Iñigo Fernández recordó que en 2015 se firmaron los convenios individuales para reconocer y proteger a los afectados; en 2017 se acordó regularizar aquellas viviendas donde sea posible y en 2019 se ratificó este paso. Además, el Defensor del Pueblo propuso salvar aquellas viviendas que fuese posible.
El diputado de Vox, Armando Blanco, afirmó que existe un incumplimiento con este asunto, ya que no se han aprobado pos PGOU de Argoños y Piélagos, no se permite legalizar el edificio Las Torres, en Escalante y no se destinan en los presupuestos las partidas necesarias para correr con los gastos de los derribos debido a que el Gobierno regional trabaja con un presupuesto irreal. “No tienen dinero para este fin y lo destinan a otros asuntos”, afirmó.
Por Ciudadanos intervino la diputada Marta García, quien declaró que los propios afectados se sientes engañados y han roto la relación con el Gobierno regional, “cuando el problema lo generó las Administraciones y en estos años han sufrido daños morales y hay fallecidos que no han llegado a conocer la solución”.
“Si uno de ustedes del PRC o PSOE estaría afectado, otro gallo cantaría. Estamos en una nueva legislatura y sin solución”, manifestó. Además, comentó que los PGOU siguen sin aprobarse, en otros municipios se busca terreno para construir lo que se derriba y en el caso de Arnuero parece que avanza.
Desde el PSOE, el diputado Javier García Oliva, reseñó que cualquier solución debe estar acorde a la legalidad, “aunque da la sensación de que se ha perdido mucho tiempo, desde el Gobierno regional existe voluntad en avanzar en la solución”. Consciente de que han pasado más de 20 años y no se ha hecho justicia, instó a la consejería de Urbanismo y ayuntamientos a la aceleración de las soluciones en esta legislatura y que se tomen las medidas para que nunca vulva a suceder.
Por su parte, el PRC, por medio del diputado José Miguel Fernández Viadero, remarcó que la consejería de Urbanismo está trabajando y existen avances, ya que se ha creado el Fondo de derribos o la Oficina de Atención a las familias.
“En Arnuero hay una parcela para construir lo que se derriba por el Gobierno regional, en Argoños está el PGOU pendiente de un informe de Patrimonio, en Escalante se busca un terreno para edificar nuevos pisos y en Piélagos se presentará en breve el PGOU", aseguró, mientras apostaba por aunar esfuerzos entre todos para acabar con el calvario de estas familias.