La Justicia acordó por primera vez la redacción en lectura fácil de una sentencia que declara la incapacidad permanente absoluta de una trabajadora

Juzgados de Santander. R.A.

La mujer tiene una discapacidad intelectual previa a su contratación, pero se ha agravado y se suman otras dolencias

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha acordado la redacción de una sentencia en lectura fácil, cuya demandante es una trabajadora que tiene una discapacidad intelectual y a la que la Sala ha reconocido una incapacidad permanente absoluta.

Se trata de la primera vez que un órgano judicial en Cantabria acuerda la redacción de una sentencia en este formato, y lo hace en virtud de la Ley que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La Sala ordena que se recabe la intervención de las entidades que con dicha finalidad han suscrito protocolos de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.

Según la sentencia de la Sala, que ha sido notificada al representante legal de la demandante y que ahora será redactada a lectura fácil para que la trabajadora pueda comprender su contenido, la discapacidad de la mujer se ha agravado y a ella se han sumado nuevas dolencias.

Patología

El Tribunal señaló que consta acreditado que la demandante sufre una discapacidad psíquica derivada de un retraso mental ligero y que se ha producido una agravación de la referida patología. Además, al cuadro residual se han añadido varias dolencias nuevas.

“Es evidente que el cuadro de la actora ha sufrido una agravación relevante, no solo mediante la adición de las dolencias que acabamos de describir, sino que, incluso, la dolencia que existía al tiempo de la afiliación, a su vez, se ha visto agravada”, sentencia.

Por eso, el tribunal considera que “la conjunta valoración de las lesiones y secuelas objetivadas determinan el reconocimiento del grado absoluto de incapacidad”, por lo que la Sala confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número uno de Santander, que acordó una pensión vitalicia para la mujer del cien por ciento de la base regulador.