La Ley de Juego de Cantabria incluye más medidas de control y protección a las personas más vulnerables

El Gobierno de Cantabria ha aprobado el nuevo proyecto de Ley de Juego de la Comunidad Autónoma con medidas que buscan garantizar una mejor ordenación y planificación del sector del juego y, al mismo tiempo, una mayor protección de los colectivos más vulnerables, menores y personas con ludopatías.

Entre las novedades introducidas, el texto normativo plasma una visión integral del sector del juego, con medidas que se implementan en nuevos ámbitos de actuación como sanidad, salud pública, juventud y educación.

A las medidas tradicionales de control e intervención de la Administración pública, se añaden otras de prevención del juego patológico y orientación de la actividad a la promoción del juego responsable, limitación de la publicidad y una adecuada planificación de los establecimientos del juego.

Así, se contemplan una serie de principios a los que deberá someterse la publicidad del juego, como son la identificación de las comunicaciones comerciales y del anunciante, el principio de veracidad, el principio de juego seguro y, de especial relevancia, el principio de protección de menores de edad.

El proyecto de Ley pone de manifiesto la estrecha relación entre la presencia mediática y la frecuencia de juego en los adolescentes, así como del efecto de la publicidad en los medios de comunicación y la expansión de espacios de juego. Por eso, contempla los requisitos necesarios que la publicidad ha de cumplir para una selección consciente de actividades de juego, así como la necesaria comunicación previa de cualquier actividad que suponga la realización de actividades publicitarias, promociones y comunicaciones comerciales.

Igualmente, se establecen, por primera vez, medidas de prevención del juego patológico, dirigidas a la población en general, y, en especial, a la protección de las personas usuarias, con especial interés, de nuevo, en la protección de los menores de edad y de las personas vulnerables a las conductas patológicas.

Así, las medidas de prevención y protección se extienden a todos los ámbitos de la sociedad, con iniciativas no solo en materia de juego, sino también en el resto de sectores que pudieran resultar afectados: la sanidad, la educación, la juventud, políticas municipales, así como entidades del tercer sector que traten problemas de adicción.

Igualmente, se crea una Consejo Técnico de Coordinación y Seguimiento de las Medidas de Prevención, en la que tendrán cabida representantes de todos los sectores implicados, así como personas de reconocida competencia profesional o científica, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.     

Límites al crecimiento

En lo que se refiere a la planificación, se contemplan medidas encaminadas a la promoción del juego responsable y se establecen límites cuantitativos en lo referido al número máximo de autorizaciones y establecimientos de juego, así como en la fijación de un régimen de distancias mínimas, entre los establecimientos entre sí, así como en relación con centros educativos y unidades de salud mental.

Además, contempla, la posibilidad de que los municipios, en base a sus respectivas competencias, puedan establecer restricciones adicionales, especialmente con el fin de proteger a menores y personas vulnerables frente a las conductas adictivas.

Respecto a los órganos competentes en materia de juego, se regula la Comisión de Juego de Cantabria, como órgano colegiado de carácter consultivo, encargado del estudio y asesoramiento en materia de juego.  

Por último, se regula nuevo régimen sancionador que, con el fin de preservar el espíritu de la ley, ofrece una protección más intensa a las personas menores de edad y colectivos especialmente vulnerables.

Como novedad, se establece el carácter finalista de la recaudación de las sanciones, de tal manera que su destino sea la investigación, prevención y asistencia al juego patológico. Asimismo, se recalifican los distintos tipos de infracciones, y se revisan las cuantías de las sanciones, estableciéndose un régimen sancionador acorde y proporcional con los objetivos planteados por la norma.

Servicio de admisión

El proyecto de Ley autonómico, que será debatido ahora en el Parlamento, forma parte de las acciones iniciadas en 2018 por la Consejería de Presidencia e Interior para introducir políticas de juego responsable, reducir los riesgos para la salud y ajustar la oferta de salas de juego a la población.

Entre estas medidas, también se encuentra en vigor el decreto del servicio de admisión obligatorio, que impide el acceso a los locales de juego a los menores y a las personas que están inscritas en el registro de interdicciones.

Igualmente, desde el día 1 de enero de 2020, es de aplicación efectiva la distancia mínima de 500 metros a los centros escolares y de atención a las ludopatías, una de las distancias más restrictivas del país, y entre los propios locales de juego, casas de apuestas, bingos y casinos.

Este régimen de distancias, además de impulsar la protección de los colectivos más vulnerables, constituye una medida de planificación adicional para evitar una proliferación excesiva de establecimientos.

Otras medidas restrictivas han consistido en la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas tragaperras, una suspensión que se mantiene desde el año 2006

Refuerzo a la inspección

Por otro lado, la Dirección General de Interior incorporará de forma inmediata 14 nuevos inspectores al Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, un refuerzo de plantilla con la que se pretende impulsar la labor de control y velar por el cumplimiento efectivo de la normativa. La nueva estructura fue aprobada la semana pasada por el Consejo de Gobierno.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña (PRC), impulsara de la nueva normativa, ha considerado que la reforma “es el mayor avance legislativo en materia de juego responsable” de los impulsados por las distintas autonomías.

Tras la aprobación de la norma en el Consejo de Gobierno, el día en el que se conmemora el Juego Responsable, Fernández Viaña ha valorado además el cumplimiento de un compromiso de legislatura por parte del Ejecutivo, “en respuesta a una demanda de la sociedad cántabra, muy preocupada ante la proliferación de casas de apuestas y salones de juego”.

Con esta Ley, “se culmina una política de Juego Responsable iniciada en 2018 que desembocó en la adopción de toda una serie de medidas que tratan de evitar los efectos nocivos que el juego puede tener, si no se hace desde una perspectiva de consumo responsable”, ha señalado la consejera, quien también ha resaltado el refuerzo a la labor de control al sector del juego con la incorporación de 14 efectivos nuevos al Servicio de Inspección, aprobada la semana pasada también por el Consejo de Gobierno.

El proyecto de Ley de Juego, que dejará sin efecto la norma autonómica aprobada en 2006, ha contado además con un amplio proceso de diálogo y participación, que ha incluido la constitución de un grupo de trabajo específico, con representación de todos los agentes implicados, que ha participado en la elaboración de la norma, junto a los preceptivos trámites de consulta e información pública.