El Parlamento aprobó una moción del PRC para licitar el helipuerto del Hospital Valdecilla a finales de 2024 o principios de 2025

El Parlamento de Cantabria aprobó hoy, por unanimidad, la moción del PRC consistente en licitar el helipuerto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a finales de 2024 o en el primer trimestre de 2025.

La diputa regional, paula Fernández, mostró su desconfianza con que la firma para adjudicar este proyecto se realizase con cinco meses de retraso, en su opinión, “debido a que querían echar para atrás este infraestructura que dispone de memoria justificativa”.

Ante esta propuesta,  el Grupo parlamentario de Vox presentó una enmienda, defendida por Natividad Pérez, quien pidió que se incluya los tres primeros meses de marzo ante la necesidad de esta infraestructura, mientras no se olvidó de criticar la gestión socialista en materia sanitaria.

Por su parte, en PSOE, por medio de Raúl Pesquera, señaló que el PP tiene paralizados varios proyectos de la anterior legislatura, cuando Galicia, Asturias, País Vasco o Castilla y León tienen helipuertos.

En su intervención, la diputada regional popular, María Jesús Susino, reprocho a Paula Fernández que se dedica urgir proyectos y marcar plazos, cuando desconoce su carácter reivindicativo en su etapa de gobierno hacia su socio, el PSOE, con las listas de espera o la falta de personal en los consultorios rurales.

“Si iniciativa es demagogia, ya que se trata de un proyecto de legislatura al que le faltan informes en su expediente, tales como de impacto sonoro, ambiental y de circulación de personas, entre otros. Por eso se licitará cuando esté preparado”, recalcó.

Sanidad

En otro punto en el orden del día, el PSOE sacó adelante su moción, con los votos de Vox y PRC y en contra del PP, para instar al Gobierno de Cantabria a dotar de un equipo adicional de pediatría en el área de Castro Urdiales, para que asuma las emergencias pediátricas en cada centro de salud, cubriendo de esta manera la supresión del SUAP entre las 8.00 y las 17.00 horas.

Además, pide la presentación, en el plazo de seis meses, de un plan integral del modelo de urgencias de atención primeria de Cantabria, diseñado y negociado con las organizaciones sindicales y, por otro lado, la necesidad de dotar de una unidad específica de 061 que se ubique en Reinosa, para dar servicio a todo Campoo y otra que se ubique en Potes, que dé cobertura a Liébana.

Para el diputado regional socialista, Rául Pesquera, Castro Urdiales cuenta con 30.000 habitantes no empadronados y se pregunta dónde está el estudió del PP para suprimir el SUAP de 24 horas cuando ha reducido las listas de espera y los pacientes han estado satisfechos con el servicio.

La iniciativa fue considerada correcta por Vox, aunque se siguen marcando plazos, mientras el PRC acusó al PP de enterarse por la prensa de esta decisión y dudó que La Barrera sea el centro adecuado para acoger la unidad móvil del 061. “Hay que evitar desigualdades con otros territorios”, indicó.

Por lo populares subió al estrado María Jesús Susinos, quien defendió los cambios de incorporar 10 profesionales y una unidad móvil a partir dl día 1 de abril, a lo que se añadirá la construcción de un nuevo hospital.

“La situación sanitaria era mala en Castro Urdiales debido a la gestión del anterior Gobierno regional, donde su portavoz parlamentario avanzó la construcción de un nuevo centro de salud para 2023, inexistente hoy en día”, subrayó.

Dimisión

El Parlamento de Cantabria ha exigido, con los votos a favor de PP, PRC y Vox y el rechazo del PSOE, la dimisión o cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE), "por su responsabilidad ante la carencia de medios, materiales y humanos, de los agentes que luchan contra el narcotráfico en España" y ha reclamado que se incrementen los recursos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan combatirlo en las costas españolas.

La iniciativa, que ha partido de Vox, ha sido presentada tras el asesinato en la tarde noche del día 9 de febrero de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz.

A juicio de este partido, el comportamiento del Gobierno de España, ante este asesinato "ha sido lamentable", "inmoral" y una "verdadera ignominia", "eludiendo sus propias responsabilidades", derivadas, a su juicio, del hecho de que "se ha ido retrocediendo en la seguridad del Estado" y concretamente en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico.

Y de todo ello ha responsabilizado, como ministro del Interior, a Marlaska y es por lo que ha pedido y más tras lo ocurrido en Barbate, su dimisión o cese, si bien también ha calificado de "vomitiva" la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el suceso.

"Poco me parece el cese. La vida de los agentes ya no se puede recuperar", ha dicho la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz.

En una línea similar, el PP ha reprochado al Gobierno de España y a Marlaska que son "incumplimientos que cuestan vidas".

Mientras, el PRC considera que "el triste asesinato" de los guardias en Barbate ha sido "la gota que colma el vaso lleno de demasiadas reivindicaciones" ante la existencia de unos medios "sensiblemente precarios" con los que, a su juicio, cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cree que debe asumir responsabilidades.

Por su parte, el PSOE ha sido el único grupo en votar en contra y ha acusadioa Vox, y también al PP, de "usar la tragedia" que ha sido la muerte de dos guardias civiles de Barbate "con fines partidistas".

"¿De verdad creen que nuestro dolor es menor que el suyo"?, ha preguntado en el Pleno el diputado socialista Mario Iglesias.

Además, ha asegurado que su Grupo está "de acuerdo" en dotar con más recursos para que las Fuerzas de Seguridad luchen contra el narcotráfico y, por eso, ha presentado una enmienda a la propuesta de Vox en la que se elimina la petición de cese o dimisión de Markaska, pero se mantenía lo referente a la exigencia de más medios, si bien Vox no lo ha aceptado.

Minuto de silencio

Antes de comenzar el Pleno del Parlamento,  los asistentes guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de los vecinos en el incendio de Valencia y de Manuel Blanco Díaz, ex vicepresidente del Parlamento autonómico.

Fue diputado autonómico del Grupo Popular en la cuarta (1995-1999) y la quinta legislatura (1999-2003), en la que además ocupó el cargo de vicepresidente Primero del Parlamento de Cantabria, durante la presidencia del regionalista Rafael de la Sierra.

Blanco fue también una de las figuras destacadas en la vida municipal de la región, como alcalde democrático de San Vicente de la Barquera por AP, luego PP, entre 1983 y 1997 y vicepresidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC). En ese periodo, desempeñó también tareas como presidente de la Mancomunidad de los Valles de San Vicente y del Programa Leader de desarrollo rural cofinanciado por la Unión Europea.

Manuel Blanco, como tantas figuras de la generación de la Transición Democrática en España, había ocupado también responsabilidades públicas en la situación previa, siendo concejal por el tercio familiar, alcalde de San Vicente y diputado de la Diputación Provincial de Santander en 1971-1976, siendo así uno de los pocos integrantes del grupo de personas que pertenecieron tanto a la preautonómica Diputación Provincial como posteriormente a la autonómica Diputación Regional.