El Parlamento exige al Gobierno regional un protocolo para regular la activación del Infocant

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad en el Pleno de este lunes una iniciativa en la que pide al Gobierno regional (PP) elaborar un protocolo que marque las directrices para la activación de las fases de preemergencia y emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Infocant).

La Cámara solicita que este documento defina los criterios y circunstancias para interpretar este plan, impulsado la pasada legislatura en la que gobernaba el bipartito PRC-PSOE y aprobado en esta ya con el PP en el Ejecutivo.

La iniciativa aprobada es una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el PRC y que ha salido adelante con una enmienda del PP en la que recoge la creación de ese protocolo.

Los regionalistas han presentado esta propuesta porque entienden que el Gobierno de los 'populares' está "incumpliendo la norma que ellos mismos han aprobado". En concreto, el diputado Guillermo Blanco, que fue consejero de Desarrollo Rural la pasada legislatura, ha criticado la gestión del episodio de incendios que tuvo lugar del 5 al 7 de abril.

Como ha señalado, antes de las 9.00 horas del sábado, día 6, se quemaron instalaciones del camping en Sopeña, esa mañana el fuego también afectó a dos cuadras en Obeso y una ganadería en La Busta y más tarde los vecinos avisaban del riesgo que corría la iglesia del pueblo y las viviendas cercanas, pero no fue hasta pasadas las ocho de la tarde cuando se activó la fase de preemergencia del Infocant.

"Más de 12 horas desde que un camping y tres ganaderías ven cómo el fuego destroza parte de sus instalaciones y que las llamas llegan a las puertas de las casas en varias zonas de Cantabria", ha denunciado Blanco, que ha aceptado la enmienda del PP porque entiende que supone reconocer que "no hubo coordinación" y "dar una bofetada" al consejero del área, Pablo Palencia, respecto al que ha pedido al resto del Ejecutivo que "impidan que meta la pata continuamente, sobre todo en temas tan delicados".

En un segundo punto de la PNL, la Cámara pide al Gobierno también revisar de inmediato el Decreto 12/2011 de 17 de febrero que regula el operativo de lucha contra incendios forestales para adaptar su contenido al Infocant, estableciendo los mecanismos técnicos y administrativos que garanticen el cumplimiento del servicio público de protección civil y emergencias.

Desde el PSOE han defendido como necesario también adecuar el Reglamento de Lucha Contra los Incendios Forestales para adaptarlo al Infocant, después de haber pasado "12 años". "Prevención, cooperación, colaboración y coordinación, son principios que permiten contar con un sistema de respuesta permanente para la extinción de incendios", han defendido, pidiendo al Ejecutivo trabajar por una cobertura "las 24 horas los 365 días".

Y desde Vox, han subrayado que lo importante para prevenir los incendios es centrarse en las quemas controladas y la limpieza de los montes. "Los incendios se apagan en invierno", han defendido, opinando que "se ha limpiado muchísimo monte este invierno y se intentaba, pero quizá no con tanto éxito, en los inviernos pasados".

Patrimonio

En la sesión plenaria, también se ha aprobado, con los votos de PP y Vox, la abstención del PRC y el rechazo del PSOE, otra Proposición No de Ley para mostrar la preocupación por el estado de conservación del cargadero de mineral de Dícido de Castro Urdiales, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y su rechazo a los "incumplimientos y retrasos" del Gobierno de España con las obras proyectadas para su restauración, además de que le insta a llevarlas a cabo "a la mayor brevedad posible".

El diputado Iñigo Fernández ha defendido esta iniciativa señalando que este BIC "cada vez está peor", a día de hoy "en ruina y riesgo de colapso" tras "un año entero sin hacerse nada". Y es que en este último año, según ha dicho, se han hecho certificaciones de obra por importe de 69.000 euros cuando su coste total es de cerca de 1,3 millones.

Fernández ha recordado que fue hace siete años, siendo el 'popular' Iñigo de la Serna ministro de Fomento y la socialista Marina Bolado directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, cuando se aprobó el acuerdo para financiar la rehabilitación del cargadero con cargo al llamado 1,5 por ciento Cultural.

Al respecto, ha criticado que las obras se iniciaron un jueves 25 de mayo debido a que había elecciones esa misma semana y "después se pararon", hasta retomarse el pasado martes 30 de abril, según el popular debido a que el día 17 el PP registró esta iniciativa parlamentaria.

Por contra, el socialista Jorge Gutiérrez ha asegurado que "ahora mismo se está trabajando y desde hace semanas" en las obras, que sufrieron un problema de seguridad en torno al andamiaje que hizo necesaria una modificación del presupuesto por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Así, ha acusado a Fernández hacer "el ridículo más absoluto" pidiendo que se reanude una obra que ya está en marcha y ha criticado que saque a su "ministro estrella" cuando, en su opinión, no hizo "ni una infografía" del proyecto. Y es que, según ha apostillado, con quien "sí hubo trabajos" fue con José Luis Rodríguez Zapatero, con actuaciones para la adecuación de los túneles y del camino para llegar al cargadero de Dícido.

El PRC, por su parte, se ha abstenido señalando que este BIC se encuentra en la llamada 'lista roja' de patrimonio "para vergüenza de todos". Además, el diputado Javier López Marcano ha ensalzado que fue el expresidente Miguel Ángel Revilla (PRC), quien cogió "el toro por los cuernos" para redactar un proyecto para recuperar esta infraestructura.

Y desde Vox han apoyado la iniciativa porque entienden que "no se puede votar en contra" de lo que pide, pero han opinado que lo que quería el PP con ella era solo "dar caña al PSOE". De hecho, la portavoz, Leticia Díaz, ha destacado que "llevamos más de 16 años hablando de este asunto" y hace siete que ya se debatió en el Parlamento el "abandono" de la rehabilitación del cargadero. "Entre todos la cuidaban y ella sola se murió", ha lamentado.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado una iniciativa del Grupo Socialista sobre actuaciones para mejorar la actual financiación de la Universidad de Cantabria (UC) y así cumplir con las obligaciones de la Ley orgánica del sistema universitario (LOSU).

En concreto, la moción rechazada instaba al Gobierno a sumarse al 'Programa de incorporación de talento docente e investigador a las universidades públicas españolas' del Ejecutivo central; cumplir en materia de financiación pública del profesorado universitario, sufragando la parte correspondiente de las plazas de profesor ayudante doctor; e incrementar la financiación pública en los futuros Presupuestos Generales de Cantabria a la UC.

Suances

El Pleno aprobó, por unanimidad, la Proposición no de Ley de Vox para impulsar la licitación de la adecuación del fondeo y acceso para la ubicación del museo en la ría de San Martín de la Arena, en Suances.

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) ha autorizado la construcción de la adecuación del fondeo y acceso para la ubicación del museo naval, junto con el compromiso del Ayuntamiento de Suances de sufragar los gastos derivados de la preparación, transporte, acondicionamiento y mantenimiento del buque.

El Escudo

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado esta tarde que las obras del parque eólico de El Escudo comenzarán la segunda quincena de este mes, tras haber conseguido desbloquear su tramitación en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) y haber obtenido las licencias de los Ayuntamientos de Luena y de Molledo.

En su intervención en el pleno del Parlamento de Cantabria, ha asegurado que “tras una década de paralización” en la tramitación eólica en Cantabria, el actual Ejecutivo ha conseguido en seis meses la autorización de siete parques, dos de titularidad estatal, El Escudo y Bustatur, y otros cinco de tramitación administrativa.

A estos avances, la presidenta ha sumado la tramitación de la autorización administrativa de otros cinco parques en Somaloma-Las Quemadas, Alsa, Cuesta Mayor, Campo Alto y La Costana, que comenzarán sus obras en 2025, con una potencia instalada conjunta de 140 megawatios (mg) y una inversión de 110 millones de euros y que, según los planes de la empresa, estarán en funcionamiento entre el segundo semestre de 2026 y el segundo semestre de 2027.

Además, Buruaga ha avanzado que el Ejecutivo está tramitando la autorización para otros seis parques con una potencia total de 153 mw.

Por todo ello, la presidenta ha asegurado que “ésta va a ser la legislatura del desarrollo eólico en Cantabria”.

Un impulso que va a suponer una inversión en tres años de 300 millones de euros y la creación de 400 puestos de trabajo durante la construcción de los parques y otros 80 cuando estén en funcionamiento, según los datos que maneja la Asociación Eólica de Cantabria, y que hoy ha explicado la presidenta durante el pleno de la cámara autonómica.

Con esta información Buruaga ha mostrado la apuesta de este Gobierno por las energías renovables, que se demuestra con “hechos” y que permitirá incrementar las instalaciones eólicas en la Comunidad Autónoma que, hasta ahora, se limitan al parque de Cañoneras en Soba.

“Somos un gobierno europeísta y moderno, que promueve el progreso, el desarrollo sostenible y el bienestar de los cántabros, que conoce perfectamente las exigencias europeas en materia de energía y cambio climático y las comparte, y que viene a dar respuesta a las necesidades del tejido productivo y de los consumidores en una región y un país deficitarios en energía como los nuestros”, ha destacado la presidenta.

Al mismo tiempo, ha defendido el “desarrollo eólico racional y sostenible” que permita la implantación de parques, pero “no en cualquier lugar, no de cualquier manera, no a cualquier precio. Ni a costa de arrasar nuestros territorios”, ha afirmado la presidenta.

Bajo ese criterio, Buruaga ha explicado que el Gobierno va a actuar con “rigor, máxima exigencia, argumentos e informes técnicos y las máximas garantías” en los parques de Corus y Piruquito, ambos de tramitación estatal y que, según ha precisado la presidenta, “a día de hoy ni siquiera ha iniciado el trámite de información pública de la autorización administrativa previa”. “Es decir, no existe ni anteproyecto ni estudio de impacto ambiental”, ha explicado la presidenta, que ha rechazado “los discursos populistas y los argumentos ideológicos” y ha defendido la política de “los hechos”.