El Parlamento insta a garantizar la libre elección de los centros de día

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy, lunes, por unanimidad, una moción de Vox, enmendada por el PP, sobre los centros de día, para instar al Gobierno a garantizar la libre elección y facilitar la permanencia en plaza concertada en el mismo centro cuando el usuario haya estado a la espera de la asignación utilizando esos servicios.

Además, fruto de esta iniciativa, defendida por la diputada Natividad Pérez y centrada en los centros de Torrelavega y su área de influencia, la zona occidental de la región, la Cámara también va a emplazar al Ejecutivo del PP a promover la indicación de conveniencia de centro de día desde los servicios sociales y sanitarios cuando resulte "beneficioso" para los usuarios y pacientes.

Y a agilizar la tramitación de expedientes para asignar plazas concertadas, que en la actualidad presentan una demora media de seis meses, como han reconocido portavoces de los diferentes partidos.

Asimismo, la Administración debe facilitar un "mecanismo ágil" para que las plazas concertadas no ocupadas puedan ser ofertadas a usuarios de manera privada, según recoge el texto que ha salido adelante, modificado por los 'populares'.

Y es que inicialmente, los parlamentarios de Vox abogaban por establecer un sistema de compensación por plaza concertada no ocupada para los centros que tengan libres de este tipo, dado que sus costes generales se mantienen, punto que se ha eliminado de la propuesta original.

Finalmente, se lanzará una campaña institucional para proporcionar una mejor difusión de la información acerca de los servicios que ofrecen los centros de día, para que los usuarios y sus familias conozcan sus beneficios.

En su intervención, la diputada de Vox ha destacado la labor de estos centros y sobre los que, ha asegurado, existe una "alta demanda", cuestionando así las cifras ofrecidas por la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez, en la sesión plenaria del pasado lunes.

Ambulancias

Por otro lado, dentro del área sanitaria, el Pleno ha rechazado una moción del PRC, apoyada también por el PSOE pero no por PP y Vox, que se encaminaba a garantizar la correcta prestación del servicio de transporte programado, que está "en coma", en palabras de la regionalista Paula Fernández.

La diputada y portavoz del partido en la materia pretendía que el Legislativo instase al Ejecutivo a incorporar en la Comisión de Seguimiento del contrato del servicio de transporte sanitario urgente-asistencial a un representante del comité de empresa en calidad de asesor técnico en materia de riesgos laborales, conforme a lo establecido en el pliego de prescripciones de técnicas del contrato, y a constituir tras la formalización del contrato, prevista el día 30 de junio, para que entre en vigor el día 1 de julio, la comisión de seguimiento del transporte no urgente.

También se urgía a iniciar el servicio de seguimiento del servicio programado de ambulancias que prestará la nueva adjudicataria por medio de un teléfono de 24 horas abierto a los usuarios y bajo la supervisión de la citada comisión de seguimiento.

La propuesta ha sido respaldada por los socialistas al ser "pertinente" y porque lo importante es, según ha indicado el parlamentario y exconsejero de Sanidad Raúl Pesquera, que preste el servicio "correctamente" y conforme a los pliegos, de ahí su apuesta por "todo lo que sea ayudar y colaborar para que el servicio mejore".

Sin embargo, desde el PP y Vox han considerado, respectivamente, que la moción "no aporta nada" a lo establecido en los pliegos del contrato, que "son de obligado cumplimiento", y que no es "conveniente" realizar un "excesivo control" sobre la adjudicataria, sobre la que recae la "responsabilidad" de cumplir la normativa.

La portavoz del PRC ha lamentado la falta de apoyo: "se ha perdido una oportunidad de hacer un poco mejor las cosas".

Derribos

El Pleno dio el visto bueno, por consenso, a una Proposición No de Ley en la que se propone terminar de "forma definitiva" con el "grave" problema de las sentencias de derribo sin pérdida de patrimonio de los afectados y que se cumplan las reiteradas resoluciones de la Cámara cántabra.

Se trata de una iniciativa del Asociación Maltratados por la Administración (AMA) presentada por el Grupo Socialista, en nombre también del Grupo Regionalista y Vox, que ha contado con el apoyo del Grupo Popular.

El objetivo es establecer unos límites temporales a fin de que las víctimas de estos procesos no vean "eternizado el perjuicio" que sufren y, de esta forma, que el "daño" causado por las administraciones públicas se vea, "si no ya reparado, cuando menos resarcido en un tiempo razonable".

En concreto, insta al Gobierno de Cantabria (PP) a favorecer los supuestos con sentencia firme de derribo y su reposición en los que el Tribunal ordene a las Administraciones Públicas condenadas al resarcimiento del perjuicio causado a los terceros de buena fe transcurridos 15 años desde la firmeza de la sentencia, aun cuando el derribo no se haya aún producido.

También solicita que dicho resarcimiento se lleve a cabo por el cauce de la responsabilidad patrimonial de la Administración, sin perjuicio de que pueda también sustanciarse a través de los acuerdos y/o convenios suscritos entre los afectados y las administraciones públicas responsables.

Asimismo, propone que cuando pasen más de dos legislaturas, esto es, más de ocho años desde la aprobación y firma de los convenios o acuerdos entre las administraciones y los afectados, se puedan hacer efectivos, mediante las indemnizaciones o viviendas de sustitución como contemplan.

Además, defiende que los terceros de buena fe afectados por sentencia firme de derribo nunca vean mermado su patrimonio como resultas de actuaciones irregulares o ilícitas perpetradas por las administraciones públicas responsables.

Finalmente, la PNL aprobada este lunes manifiesta la importancia de seguir avanzando en el ordenamiento jurídico para lograr la protección de los ciudadanos terceros de buena fe en el ámbito del urbanismo y que situaciones como las descritas no se repitan en la comunidad.

El diputado socialista Joaquín Gómez ha recordado que AMA lleva más de 30 años reclamando derechos relacionados con las sentencias de derribo de viviendas y más de 17 años presentando iniciativas en el Parlamento, que han sido aprobadas por todos los grupos.

Concretamente, el día 2 de mayo de 2017 se aprobó por unanimidad una iniciativa, ratificada posteriormente el día 28 de octubre de 2019, para dar una solución definitiva a todos los afectados de derribos por parte de las administraciones públicas.

Según ha señalado, pese a los convenios firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria para requerir las garantías por las responsabilidades patrimoniales pertinentes, casi cinco años después "poco se ha avanzado, al menos no lo suficiente" dado que se han ido aportando fondos anuales, pero "insuficientes" para todos los convenios firmados.

230

Asimismo, ha lamentado que "cada vez son menos los caminantes" dado que en estos 30 años de lucha "nos han dejado 230 de ellos, afectados", y en la actualidad hay unas 500 viviendas las afectadas con sentencias de derribo y los afectados "después de lo que han pasado no pueden soportar mucho más tiempo".

"Lo que necesitan es una solución definitiva, la que sea, pero que no se demore más en el tiempo cuando se produzcan sentencias firmes de demolición", ha sentenciado.

Por su parte, los 'populares', que han presentado una enmienda de modificación que ha sido rechazada, han aseverado que el Gobierno "tiene intención y resolverá esta cuestión, sí o sí", con "consenso" porque es un "problema" que lleva casi 30 años y "de interés regional".

Mientras que desde Vox han señalado que "se han equivocado tanto en el fondo como en la forma de la iniciativa", que han instado a llevarla al Congreso de los Diputados, "que tiene mayoría y que es el órgano competente"; y han censurado la "incapacidad demostrada tras la gestión de 16 años bajo el Gobierno de Cantabria".

Asimismo, pese a que consideran el primer punto de la propuesta "absolutamente inaceptable" e "irrespetuoso con el Poder Judicial", la han apoyado por "respeto" a los afectados.

Finalmente, los regionalistas han censurado que se lleva "demasiado tiempo haciendo demagogia de esta situación" y ha destacado el "trabajo" realizado en este tiempo.

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes reprobar al presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), y a todo su Gobierno (PSOE-Sumar) por "ceder a las pretensiones del separatismo" y aprobar la Ley de Amnistía, como recoge una iniciativa de Vox que ha sido enmendada por el PP, y que ha salido adelante con el respaldo de ambos grupos, que suman 18 de 35 escaños, en tanto que ha recibido el 'no' de regionalistas y socialistas.

Frente a ello, la Cámara ha rechazado una moción del PSOE, esta vez con los votos en contra de 'populares' y diputados de Vox y el único apoyo del PRC, que igualmente perseguía una reprobación, pero de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, por su "pésima gestión" de los planes de sostenibilidad turística de 2023 y su "incapacidad" para dar explicaciones en el hemiciclo "solventes y ciertas".

La propuesta sobre la amnistía, "contraria a la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, de nuestra democracia, de la Constitución y el Estado de Derecho", ha sido defendida por la diputada Leticia Díaz, que se ha referido así a la norma y ha censurado el "abuso de poder" por parte del jefe del Ejecutivo central, al que ha llamo "tirano".

Y ha aprovechado su intervención para criticar al ministro de Fomento, Óscar Puente (PSOE), por llamar "saco de mierda" al jefe de prensa de la formación 'Se acabó la fiesta'. "Si eso es convivencia, que venga Dios y lo vea", ha expresado la portavoz de Vox, para quien esas palabras, difundidas este lunes en un tuit, son como "para marcharse para casa". "Esto es una república bananera", ha remachado.

Pero "gracias a la amnistía vale todo", ha lamentado Díaz, que ha tildado de "infame" el contenido de la norma o el que se haya tenido que hacer "encaje de bolillos" para aprobarla. "Si se atrevieran a preguntar al pueblo, saldría por goleada un 'no' a la amnistía", ha apuntado.

La PNL de Vox ha salido adelante tras ser enmendada por el PP, para retirar el segundo punto de la resolución, que se orientaba a reprobar también a los diputados nacionales elegidos por Cantabria -Noelia Cobo y Pedro Casares- por su voto a favor de la ley y a los que Vox consideraba "responsables de esta traición sin precedentes".

El 'popular' Iñigo Fernández ha manifestado que los pactos de Sánchez con los independentistas están saliendo "muy caros" y en diversos aspectos además, entre ellos el económico, y ha lamentado que, tras esto, se pueda también "abrir las puertas de las celdas a presos de ETA".

La socialista Ana Belén Álvarez ha esgrimido siete razones de su partido para no aprobar esta iniciativa, entre ellas que la ley fue aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados, no por el Gobierno, y porque no puede "un parlamento reprobar a otro, nunca". Así, ha acusado a los promotores y a quienes respaldan la propuesta de "enarbolar la bandera patriotista del postureo", y les ha llamado "patriotas del espigueo".

Por su parte, el portavoz regionalista Pedro Hernando ha justificado el 'no' de su grupo a esta PNL "infame" porque la Cámara regional "no puede reprobar" a las Cortes, y también para no dar a Vox un "voto de confianza" para poder "meter en la cárcel a cualquiera". "Me veo en la cárcel por defender la autonomía de Cantabria", ha expresado.

Turismo

Por otro lado, el Pleno ha rechazado reprobar a la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, por la gestión de los planes de sostenibilidad turística de 2023 presentada por el grupo parlamentario socialista que ha sido apoyada por el PRC y rechazada por el PP y Vox.

El diputado del PSOE, Mario Iglesias, ha defendido la iniciativa de su grupo por una "pésima" gestión de la también titular de Cultura y Deporte así como por su "incapacidad" a la hora de dar explicaciones parlamentarias "solventes y ciertas" sobre dichos planes.

Ha explicado que la presentación de esta iniciativa está motivada en el "perjuicio" que la gestión de la consejera ha ocasionado en los municipios con planes de sostenibilidad turística, ya que les "ha hecho perder mucho tiempo", y ha mostrado su "preocupación" por que les dé tiempo a cumplir con los plazos. Y también la ha acusado de "no decir la verdad" en sede parlamentaria ni a los medios de comunicación y de poner en duda el trabajo de "muchas personas".

En este sentido también se ha expresado el regionalista Francisco Javier López Marcano -consejero de Turismo en la anterior legislatura- que ha reprochado a Fernández "saltarse a la torera" e ir en contra de "lo que votó toda España" en la conferencia sectorial que aprobó los planes de sostenibilidad turística de la que formó parte cuando era titular del departamento.

Y sobre la comisión antifraude de Santillana del Mar, ambos diputados han coincidido en resaltar que el informe ha concluido en el que se trataba de un "conflicto de intereses" entre una empresa y el Ayuntamiento.

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha replicado a los diputados socialista y regionalista que en este tema han intervenido muchas Administraciones y "todas han mirado por lo suyo", y ha reprochado a Marcano que durante su mandato en el Gobierno "también se cometieron errores".

Mientras, el diputado 'popular' Alejandro Liz ha defendido la actuación de Fernández y ha señalado que "el asunto está resulto y, además, satisfactoriamente", y ha criticado a los socialistas por presentar la reprobación, "a destiempo", como una "cortina de humo" tras perder la Alcaldía de Santillana y de ser acusados de la desaparición de documentos del Ayuntamiento.