El Parlamento, salvo el PSOE, apoyo al PP para pedir la derogación del Reglamento General de Costas

El Parlamento de Cantabria, salvo el PSOE, apoyó la moción del PP para pedir al Ministerio de Transición Ecológica la derogación del Reglamento General de Costas o su modificación para permitir las prórrogas de las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre a los afectados.

El portavoz parlamentario del Partido Popular, Iñigo Fernández, defendió esta iniciativa, que además sirvió para reprobar a la ministra Teresa Ribera (PSOE) y ha pedido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, una negociación en Madrid, como socio tanto en el Parlamento de Cantabria como en el Congreso y el Senado, sobre esta situación.

La moción insta al Gobierno de Cantabria a promover una negociación política con el Gobierno central que conduzca a la modificación del reglamento publicado el día 1 de agosto de 2022 en lo relativo a la duración máxima de las prórrogas de las concesiones, con el fin de permitir a los cántabros dueños de pequeños negocios en estos terrenos que puedan continuar con su actividad

En opinión de Iñigo Fernández, "en realidad Cantabria tiene un gran problema con la ministra Teresa Ribera y con Pedro Sánchez y la política que su Gobierno está siguiendo en relación con los afectados por la Ley de Costas y la actividad económica que están realizando en las rías, en la bahías o en los estuarios, que la ministra se quiere llevar por delante".

"En esa mayoría estamos todos menos el Partido Socialista, que una vez más consiente y traga lo que le imponen desde Madrid" ha continuado Iñigo Fernández quien ha considerado necesario que "el Gobierno se mueva, que se movilice, que se implique en la defensa de los afectados por la Ley de Costas".

Por otro lado, Iñigo Fernández ha explicado que el reglamento, aprobado el pasado mes de agosto, contempla criterios nuevos en el trazado de los deslindes, que en su opinión "pueden abrir la puerta a que en un plazo de dos o cinco años se tracen nuevas líneas que amplíen el dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, implique a propietarios o empresarios que hoy no se ven afectados".

Empresas

Y es que, como han defendido los diputados cántabros, los afectados son en su mayoría pequeñas empresas y autónomos con ganado, talleres, naves o garajes, que disponen de esas parcelas desde hace muchos años.

Ante esta situación, consideran que se podrían seguir prorrogando esas concesiones, ya que las actividades que se desarrollan en ellas no son lesivas para el medio ambiente. Es lo que ha defendido la oposición, PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, y también el PRC, en contraposición con su socio de Gobierno, el PSOE, que sostiene que en Cantabria hay unos 60 afectados con los que el Ejecutivo y la Demarcación de Costas están negociando "caso por caso" para aportar soluciones.

El regionalista Francisco Ortiz ha defendido que se "conjugue" la protección al medio ambiente con el derecho a mantener los usos de las condiciones. "Esto no va en contra del medio ambiente", ha dicho, opinando que no ve el problema "más allá de que hay que tener una voluntad política y emprender una negociación".

En la misma línea, los disputados regionales de Cs, Félix Álvarez, y Vox, Armando Blanco, respectivamente, han lamentado el "sectarismo" y el "radicalismo ecologista" del Gobierno central que está afectando a los cántabros.

Frente a ellos, el socialista Javier García-Oliva ha insistido también en que estas concesiones, incluidas sus prórrogas, no pueden superar los 75 años, algo "inapelable" y para cuya modificación sería necesario "cambiar tres o cuatro leyes", además del reglamento. "No conseguiríamos nada con derogar el reglamento", ha advertido.

Además, cree que la petición del Parlamento supondría, en la práctica, hacer indefinidas las concesiones y pasar un dominio público "a propiedad privada".

El rechazo del PSOE a esta idea, ha asegurado, "no quiere decir que se deja abandonados en absoluto a los afectados", pues de los alrededor de 60 afectados en Cantabria que solicitaron prórrogas, 11 fueron autorizadas, otras 10 están en proceso y "probablemente" también lo sean, nueve denegadas y 30 están a la espera de que se pronuncie la Justicia, tras haber sido denegadas y recurridas.

"Me ha parecido intuir que no les gusta mucho la política del Ministerio ni tampoco su ministra. No me coge de sorpresa, porque cuanto más conservador es el portavoz, menos le gustan las políticas de este Ministerio", que sin embargo "son aplaudidas y puestas de ejemplo en el Parlamento Europeo", subrayó García-Oliva.