El Parlamento, excepto el PSOE, reclama al Estado las inversiones pendientes en infraestructuras en Cantabria

El Parlamento de Cantabria, excepto el Grupo del PSOE, reclama al  Estado las inversiones pendientes en infraestructuras en Cantabria, reivindicadas por el PP.

La Proposición No de Ley (PNL), presentada por el Grupo Popular, salió adelante con una enmienda transaccional pactada con PRC y Vox en la que, entre otras cosas, se pide al Gobierno de España a poner fin al retraso existente en las obras del Desfiladero de la Hermida y del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda.

Además, los tres grupos se suman a las reivindicaciones en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias expuestas por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), en una comparecencia pública que hizo el día 4 de diciembre.

El PSOE se abstuvo tras argumentar que, si realmente el PP hubiera buscado todos los apoyos, habría presentado esa agenda al Parlamento en lugar de pedirle "refrendar una rueda de prensa". "No quería unanimidad", ha opinado la socialista Ana Belén Álvarez, que ha lamentado que con diálogo se hubiese podido "aunar esfuerzos por un bien común".

En la enmienda transaccionada por PP, PRC y Vox también se añade la instancia al Gobierno regional a que solicite al central que los encuentros de trabajo entre ambos ejecutivos en este ámbito de infraestructuras comiencen a celebrarse "con la máxima celeridad", y se pide a Buruaga que cuando se reúna con Pedro Sánchez, algo que debería ocurrir de forma "inmediata", mantenga las exigencias acordadas respecto a los proyectos.

El diputado Iñigo Fernández, defensor de la iniciativa, ha enumerado actuaciones como el nudo de autovías de Torrelavega, "con seis años de retraso"; el tercer carril de Polanco a Bezana que "no empieza"; el AVE que "no avanza" y el tercer carril a Vizcaya "paralizado".

Especialmente ha hecho hincapié en las necesarias mejoras en las Cercanías ferroviarias de Cantabria, que "se caen a pedazos" mientras "lo que se anuncian son inversiones de 8.000 millones de euros en Cataluña", pues para Fernández "lo único que le preocupa a Sánchez" es "caerle en gracia a los partidos localistas de Cataluña y el País Vasco, de cuyos votos depende".

Al hilo, ha denunciado que "está comprando con nuestro dinero" esos votos, y ha cuestionado si eso "no es malversación" y "tráfico de influencias". "A lo mejor no lo es legalmente, pero moralmente sí", ha apostillado.

El 'popular' ha incidido en que Cantabria "no está pidiendo nada raro" al Gobierno, sólo "la atención que merece". "No estamos pidiendo una ley de amnistía para disponer de impunidad legal para hacer y cometer los delitos que se quiera sin que a uno le pase nada", ni "un nuevo modelo de financiación autonómica dictado desde una región para el conjunto de las regiones", ha ironizado.

Finalmente, ha lamentado que el PSOE viva "plegado" a Sánchez en lugar de defender los intereses de Cantabria.

Al hilo, desde Vox, Armando Blanco, ha señalado que las infraestructuras de Cantabria "han mejorado siempre con gobiernos de derechas y nunca con gobiernos de izquierdas", mientras que el regionalista Javier López Estrada ha apuntado que todas las grandes infraestructuras "han venido de la mano del PRC", poniendo como ejemplo la autovía a la meseta o el cobro de la deuda de Valdecilla.

López Estrada ha pedido por un lado al PSOE que propicie que el Gobierno de España reciba por fin al de Cantabria, en concreto que Pedro Sánchez reciba a Buruaga, para poder avanzar en estos proyectos, ya que no lo ha hecho desde que se formaron los ejecutivos tras las elecciones; y por otro ha advertido al PP que, "si quiere un buen resultado de esas reuniones, no puede llegar a ellas insultando".

También les ha advertido a ambos que "tendrá asistir la presidenta de todos los cántabros, y no la presidenta del PP", y que tendrá que ser recibida "por el presidente del Gobierno de España y no por el secretario general del Partido Socialista".

Por último, Vox ha apuntado que "uno de los objetivos de esta iniciativa es poner en evidencia el abandono que sufre Cantabria por parte de unos gobiernos socialistas vendidos al separatismo", así como reclamar una serie de infraestructuras que en su mayoría ya tenían que haber finalizado pero que "muchas de ellas ni siquiera han comenzado.

Blanco ha trasladado al PP que puede contar con Vox para estas reivindicaciones pero le ha pedido que "no continúe la estrategia que ha llevado el PRC durante los últimos 16 años", porque "de nada sirve escribir una enorme carta a los Reyes Magos, irrealizable actualmente, para justificar que se está siendo reivindicativo".

Ley Ciencia

Por otra parte, en el Pleno no ha salido adelante, por el voto en contra de PP y Vox, una iniciativa del PSOE, que ha apoyado el PRC, para exigir al Gobierno regional que cumpla la Ley de Ciencia de Cantabria, aprobada en la pasada legislatura bajo el bipartito de socialistas y regionalistas, así como los compromisos de financiación y otras cuestiones que esta norma lleva aparejada.

Mientras que desde el PSOE han acusado al Ejecutivo encabezado por María José Sáenz de Buruaga de "incumplir" esta norma, cuya aprobación el PP apoyó, y le han pedido que "cambie el rumbo" y no haya "más recortes", populares y Vox han reprochado a los socialistas que pidan ahora al nuevo Gobierno que ejecute lo que ellos fueron "incapaces" cuando aún estaban en Peña Hebrbosa.

Así, desde el PP han preguntado a los socialistas cómo exigen al Gobierno que lleva sólo unos meses gestionado que desarrolle de forma "integral" la Ley de Ciencia de Cantabria cuando ellos "no dejaron absolutamente nada hecho" y sacaron un "claro suspenso" en este ámbito, uno de los motivos por el que los cántabros les mandaron a la oposición y al "rincón de pensar".

Como ejemplo de esta "incapacidad" mostrada por los socialistas en este ámbito cuando gobernaban, tanto populares como Vox les han afeado que "no cumplieran" en el presupuesto regional de 2023 ni el porcentaje de financiación que se establecía en la Ley que ellos mismos impulsaron.

Vox ha tildado esta PNL del PSOE de "incierta", "incompleta" y ha señalado que establece unos "plazos irreales" y ha criticado el contenido de la ley impulsada por los socialistas y cree que hay que modificarla para poder "atraer a los mejores".

Y es que, a su juicio, en la actual ley se "antepone" y "prima" el género de quien investiga, si es hombre o mujer, que el "talento y la excelencia" cuando en ciencia se deberían valorar "exclusivamente" los proyectos "independientemente del sexo de quien los haga", un discurso que los socialistas le han afeado y han calificado de "anti-igualdad".

La iniciativa de los socialistas buscaba instar al Gobierno a hacer una "apuesta decidida" por la generación de conocimiento y la innovación; a realizar en el Presupuesto de este años las modificaciones precisas para garantizar que se cumplan los compromisos y objetivos que esta norma recoge y a presentar en un máximo de tres meses ante la Cámara regional un primer borrador de la Estrategia Plurianual de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria y a someterlo a su aprobación en seis.

También, se exigía al Ejecutivo que pusiera en funcionamiento la Fundación de Investigación y Transferencia de Cantabria y desarrolle el registro de agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambos en el plazo de tres meses.

Sanidad

El Parlamento cántabro ha sacado adelante, con los votos de PP, PRC y PSOE y con la abstención de Vox, una iniciativa de los socialistas para exigir a la empresa adjudicataria del servicio del transporte sanitario, Ambuibérica, que cumpla los pliegos del contrato, incorpore nuevos vehículos y se adhiera a la normativa de seguridad laboral, dado el mal estado de las ambulancias y material actual.

El PP, que gobierna el Ejecutivo regional, ha apoyado la iniciativa del PSOE, que la pasada legislatura estuvo al frente de la Consejería de Sanidad, aunque ha opinado que "plantea aspectos positivos que no fue capaz de hacer cuando estuvo gobernando".

"Votamos a favor de esa propuesta porque es un reconocimiento a hacer lo que ustedes no han sido capaces de hacer hasta hace seis meses", ha subrayado el diputado 'popular' Miguel Ángel Vargas.

En concreto, los puntos de la moción instan al Gobierno regional a establecer un calendario de incorporación de los nuevos vehículos del transporte urgente que exigen los pliegos en un plazo máximo de 180 días a contar desde la adjudicación del contrato, por tanto en marzo.

En este sentido, tanto Vox como PP han reiterado que no se le puede exigir a la empresa porque aún está en plazo, mientras que el PSOE ha cuestionado "de dónde van a sacar" las ambulancias en un mes si aún no han incorporado ninguna.

La iniciativa también reclama realizar una auditoría a todas las ambulancias que prestan tanto el servicio de transporte urgente como el programado, en lo referente al estado del vehículo, kilómetros, estado de conservación, entre otros, y a su equipamiento sanitario; y exige que se cumpla estrictamente la legislación vigente en materia de seguridad laboral y los requisitos exigidos en los pliegos.

Además, se ha incorporado una enmienda del PRC que añade la petición de convocar de manera urgente la comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento del contrato y que se incorporen a ella los asesores técnicos que se consideren oportunos.

El diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, ha defendido la moción explicando que no hay actualmente ninguna ambulancia de menos de cuatro años y 50.000 kilómetros como marcan los pliegos, además de que se tiene que cumplir un plan de mantenimiento y, por contra, los vehículos van "sin ruedas, sin frenos y con motores atados con alambres".

A su juicio, cuanto más tiempo gestiona el PP el servicio "va a peor", además de que "estamos pagando el doble por el mismo servicio".

Además, ha vuelto a pedir al Gobierno la internalización del servicio para evitar que "las decisiones se tomen desde Valladolid", donde está la base de la empresa, aunque no ha incluido esta solicitud en la moción porque la Consejería ya ha dejado claro que "antes muertos que internalizar".

Al respecto, el PP, que ha votado a favor porque coincide en que debe exigirse el cumplimiento de la normativa de seguridad y de los pliegos, ha respondido que los socialistas, "en 16 años que han gobernado" no lo han internalizado porque saben que "los resultados no son nada positivos" donde se ha hecho. No obstante, Pesquera ha dicho que "no les dio tiempo" por la necesidad de impulsar una nueva ley.

En la misma línea, Vox se ha mostrado contrario a internalizar, lo que considera "apropiación de bienes y servicios para degradar su funcionamiento e incrementar exponencialmente su coste".

Además, la diputada Natividad Pérez ha lamentado que "ni unos ni otros han sido capaces de controlar el problema del transporte sanitario" y añadido que, aunque entiende que "de un día para otro no se pueden arreglar los desaguisados, sí tendríamos que estar viendo tendencias positivas" tras más de seis meses de gobierno del PP y "no lo estamos viendo".

Finalmente, desde el PRC Paula Fernández, que también ha llevado al Parlamento iniciativas en el mismo sentido, ha exigido que se haga cumplir el pliego, ya que es "la mejor herramienta" que tiene el Ejecutivo.

Precisamente, la regionalista ha presentado otra moción en materia sanitaria en el Pleno de este lunes que también se ha aprobado, y que consiste en aumentar la cartera de servicios del cribado neonatal en Cantabria de forma progresiva hasta llegar a 21 patologías metabólicas antes de finalizar el año 2026.

Entre ellas, apuesta por incluir de forma prioritaria el cribado de la acidemia metilmalonica con homocistinuria tipo CBLC por su prevalencia local en Cantabria, donde hay cuatro familias afectadas.

También insta a solicitar al Ministerio de Sanidad la inclusión de Cantabria de manera prioritaria en el mapa de centros para la aplicación de estas pruebas.

La iniciativa ha salido adelante con el voto de todos los grupos salvo el PSOE, que se ha abstenido, y ha contado con una enmienda del PP que incorpora la petición al Ministerio de aumentar el número de patologías del cribado también para garantizar el cumplimiento del objetivo y su financiación.

Vox

El Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Cantabria defendió una Proposición No de Ley (PNL), que fue rechazada, para buscar que aquellos materiales educativos susceptibles de acabar en manos de los alumnos sean revisados y que se garantice que sean adecuados a la edad a la que van dirigidos con el fin de preservarlos de contenidos absolutamente inadecuados.

Para ello, se han presentado una serie de recomendaciones para evitar que casos como el del cómic pornográfico de Torrelavega, parte de un libro recopilatorio prologado por el propio alcalde de la localidad, puedan repetirse.

El Grupo Parlamentario de Vox ha presentado esta PNL y una extensa batería de preguntas, pensando en evitar el adoctrinamiento de los menores y la presencia de activistas en las aulas, más preocupados por adoctrinar que por educar, siempre teniendo en cuenta que contamos con una mayoría de buenos profesores en las aulas.