El Parlamento rechazó la propuesta del PSOE para llevar a efecto el concurso de traslados del Servicio Cántabro de Salud

El Parlamento de Cantabria rechazó la propuesta del Grupo parlamentario del PSOE para llevar a efecto el concurso de los tres traslados del Servicio Cántabro de Salud (SCS) de cara al verano. El PP y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, votaron en contra; Vox se abstuvo, mientras que el PSOE y PRC se posicionaron a favor.

La moción, defendida por el diputado regional Raúl Pesquera, recoge la existencia de 13 médicos pendientes de venir de las Comunidades Autónomas a Cantabria. “El Gobierno de Cantabria no ha hecho nada cuando hay plazas de facultativos descubiertas y por ejemplo en el Hospital de Laredo se ha reducido la participación de los profesionales”, comentó.

En el debate, Vox presentó una enmienda, con el fin de dar prioridad a la cobertura de los médicos de familia y pediatría de atención Primera, pero sin fijar plazos. A juicio de natividad Pérez es una propuesta que carece de realismo, concreción y eficacia, donde no ha tiempo a implantar en la primera quincena de junio y además no explica los procedimientos y carece de un plan de acción definido.

Para los regionalistas, por medio de Paula Fernández, hace un año y medio se aprobó una iniciativa del PRC para resolver los traslados antes de fin de año, ante lo cual el PP hizo caso omiso, mientras que en marzo de 2024 se hizo referencia a los médicos de familia y pediatría. “No se ha hecho nada, alegando un error informático, además que el consejero de Salud, César Pascual, ha dado prioridad a la estabilización, mientras se debe fijar un plazo para los traslados y se necesitan médicos de atención Primaria para el verano”, remarcó.

El diputado Miguel Ángel Vargas fue el encargado defender la postura del PP, quien señaló que el PSOE ha estado dos años con los brazos cruzados con la estabilización, además de que cuesta tiempo arreglar la gestión socialista en esta área, ya que firmaron los traslados, pero no realizaron la convocatoria. “El PP trabaja en llegar a acuerdos con los médicos y el consejero se comprometió a llevar los a la mesa sectorial, frente a la imposición del PSOE. Además, el equipo informático dejado por el PSOE no funcionó y se ha tenido que realizar en papel”, declaró.

Ante estas acusaciones, el PSOE aclaró que la convocatoria no se sacó tras disolverse la Cámara y por la llegada de las elecciones de mayo de 2023. Al mismo tiempo, se sacó el proceso de estabilización en diciembre de 2022, “pero el PP dirá a los alcaldes este verano que no hay médicos”.

Jóvenes

Respecto a las medidas propuestas sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados que está previsto trasladar a Cantabria, el Grupo Parlamentario Vox, por medio de Leticia Díaz, defendió que lo mejor es que permanezcan en su país de origen, junto a sus familias y en su entorno, en lugar de residir en un centro a miles de kilómetros de su país. Por este motivo, se deben firmar convenios para facilitar su reagrupación familiar y el regreso asistido en caso de no disponer de familias.

En este contexto, Vox pidió un reparto forzoso de menas, realizar una auditoria del coste, garantizar la transparencia en la información, revisar los protocolos de seguridad en los centros y recurrir judicialmente el decreto.

En la rueda de intervenciones, Nórak Cruz (PSOE), calificó de deshumanizada y racista la posición de Vox, ya que estos jóvenes no cuentan con servicios sociales en su país y sufren conflictos, mientras que Rosa Díaz (PRC) alegó que no comparte todo el contenido de Vox. Si bien coincidió en acometer un reparto ecuánime en el reparto de los jóvenes no está a favor de realizar una auditoría, ni de los acuerdos bilaterales ni de los protocolos de seguridad, ya que no hay motivos y da la sensación de inseguridad ciudadana.

Unas acusaciones rechazadas por Vox, ya que a su juicio deshumanizar es el mercadeo de los menores, utilizados como moneda de cambio para negociar y materializar con los separatistas el poder de Pedro Sánchez.

Para los populares la política del presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), es hipócrita y permite, que por medio de las mafias y tras jugarse la vida, estos jóvenes lleguen a las costas. “La información del Ministerio es confusa sobre las cifras que acogerá Cantabria, es un reparto unilateral y se debe conocer el gasto”, subrayó, mientras avanzó que se presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el reparto de menores migrantes, algo que invitó también a que lo haga Vox.

Para concluir, Alejandro Liz (PP) adelantó que se procurará el regreso a su hogar y Cantabria debe ser solidaria dentro de los servicios que tiene, aunque la política de Pedro Sánchez es un lastre.

Al final, El PP y Vox apoyaron la propuesta, el PSOE votó en contra y el PRC y el diputado no adscrito se abstuvieron.

San Martín

Por otro lado, el Pleno acordó, por unanimidad, instar al Ejecutivo autonómico a iniciar, antes de tres meses, el trámite para continuar con el expediente para la declaración de Área Natural de Especial Interés (ANEI) de la Ría de San Martín de la Arena en los municipios de Suances, Miengo, Polanco, Santillana del Mar y Torrelavega.

La Proposición No de Ley (PNL) del PRC ha contado con una enmienda de modificación de Vox que pide recabar un informe previo a dicha declaración que incluya un impacto socioeconómico, así como su afectación a particulares, al tejido productivo del entorno o infraestructuras de servicios locales y generales.

Una vez cumplimentados todos los trámites, se pretende llevar a efecto las normas de protección y gestión de este espacio, con el fin de garantizar la conservación de "uno de los ecosistemas más singulares y significativos" de la comunidad autónoma.

"Ustedes pretenden que la consejera Susinos, en seis meses, lo tenga todo listo", ha criticado la diputada Belén Ceballos, quien ha subrayado que son expedientes "muy largos y complejos" y ha abogado por "conjugar medidas de recuperación medioambiental y el desarrollo socioeconómico de la zona".

Discapacidad

Al mismo tiempo, el Parlamento aprobó la iniciativa del PRC para pedir al Gobierno regional (PP) la contratación de profesionales médicos para incorporarlos a los equipos encargados del reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con el fin de garantizar una "adecuada y ágil" valoración de la misma.

También, recoge modificar al alza el complemento específico de los profesionales médicos de los Equipos de Valoración y Orientación (EVO), con el fin de igualarlo al complemento de los inspectores del Servicio Cántabro de Salud e incentivar así que haya profesionales médicos que se incorporen a estos equipos.

La diputada regionalista Rosa Díaz ha cuestionado los criterios del Ejecutivo autonómico para la puesta en marcha del plan de choque en materia de agilización del procedimiento de reconocimiento y valoración de la discapacidad con el fin de reducir los tiempos de espera.

"En lugar de atajar el problema, lo ha trasladado de sitio y ahora lo tenemos en esos equipos de evaluación, valoración y orientación, porque se han contratado fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales", ha valorado.

Frente a ello, ha explicado que la propuesta del PRC, de "aplicación inmediata", pretende "revertir este problema de raíz" con soluciones concretas y abordar la realidad que están viviendo más de 9.400 personas en Cantabria.

Díaz ha denunciado que la legislatura se inició con un plazo de demora de 12 meses y ahora se está llegando a "casos de 18-20 meses de demora" cuando en "tres meses" ha considerado que sería "razonable".

Por su parte, los 'populares' han apostado por agilizar todos los expedientes y los procedimientos de valoración de la discapacidad, si bien han matizado que ven "más útil" pedir el nombramiento de profesionales, no solo de médicos.

"¿Qué pasa, que hay médicos cualificados y no cualificados?", ha censurado el portavoz del PP, Alejandro Liz, que ha pedido "paciencia" porque, ha aseverado, "se verán los resultados" del Ejecutivo, en su "esfuerzo" por resolver y agilizar "toda esa cantidad de expedientes que se heredaron".

Mientras que para los socialistas la "necesaria" incorporación de los fisioterapeutas y las trabajadoras sociales "no tiene que estar reñido con la contratación de médicos".

A juicio de la diputada Nórak Cruz, se trata de "una cuestión de voluntad política". Así, ha apostado por buscar fórmulas alternativas y desarrollar incentivos que faciliten esta contratación.

Finalmente, desde Vox han subrayado que hay 1.428 personas afectadas, pendientes de que se resuelva su solicitud del grado de discapacidad.

El diputado Armando Blanco ha denunciado que los tiempos de espera son "desorbitados", ya que "triplican" el plazo máximo legal que establece la Ley e incluso llegan a superarlo.

Para concluir, ha lamentado que los derechos de "miles" de ciudadanos están limitados y "algunos de ellos fallecerán incluso antes de que se resuelvan los expedientes".