El PP denuncia que casi 4.000 personas dependientes no están siendo atendidas

La presidenta del Partido Popular y candidata a la presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha denunciado hoy que casi 4.000 personas en situación de dependencia no están siendo atendidas y ha asegurado que su partido volverá a colocar a Cantabria a la vanguardia de España frente al retroceso y el recorte de derechos que se ha producido con Revilla y el PSOE.

"Cantabria tiene que recuperar posiciones, tiene que poner al sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia otra vez en la vanguardia de España”, ha afirmado Buruaga después de reunirse con las empresas y entidades prestadoras de servicios (Lares, FED y Acesde) para analizar la situación y compartir el modelo de futuro para un sector que atiende a 17.000 personas y emplea a cerca de 6.000 trabajadores.

Según la presidenta, las empresas y entidades demandan certezas, seguridad jurídica y un entorno de sostenibilidad tras una legislatura que solo ha servido para dar pasos atrás y en la que el único balance es la improvisación, las excusas, y la imposición.

Para respaldar esta afirmación, ha recordado que 3.878 personas con derecho reconocido no reciben ni un solo servicio o prestación, que una de cada cuatro personas en situación de dependencia está expulsada del sistema.

Además, más de 900 personas están esperando la valoración y reconocimiento de su situación, el doble que hace un año, a lo que se suma el tiempo de espera para acceder a un recurso, inferior superior a los 90 días que dejó el Partido Popular.

Buruaga ha lamentado que a día de hoy nadie se ha sentado a planificar ni los recursos ni las necesidades de futuro y ha subrayado que ha faltado diálogo, voluntad de acuerdo y leal colaboración y ha sobrado soberbia y descalificación, lo que ha derivado en que la normativa de acreditación como los precios públicos estén en los tribunales.

También ha recordado que se han eliminado derechos como el de elección de centro o recurso que estaban consolidados; no se ha puesto en marcha un solo proyecto nuevo en la red pública de plazas asistenciales y no han desarrollado la cartera de servicios de grado uno, los de promoción de la autonomía personal y tampoco la prestación de asistente personal, fundamental para las personas con discapacidad.

Frente a este fracaso del Gobierno, ha hecho hincapié en que el PP quiere que Cantabria vuelva a ser ejemplo nacional en atención a las personas dependientes con una hoja de ruta construida y compartida con el sector que tiene como objetivo conseguir un modelo de atención que pivota sobre la corresponsabilidad y la colaboración público-privada y que tiene como objetivo conseguir un modelo centrado en las necesidades individuales de las personas, de calidad y que prime la atención frente a la burocracia.

Ley

Buruaga se ha comprometido a blindar por Ley la revalorización anual de los precios públicos, con un aumento del presupuesto destinado a la atención a la dependencia, y a poner en marcha un plan de empleo que impulse la creación de empleo estable, cualificado y de calidad.

Además, ha anunciado que si los ciudadanos le dan la confianza para presidir la Comunidad, hará en los seis primeros meses de Gobierno un estudio de necesidades para planificar de forma quinquenal los proyectos y recursos a desarrollar y saber, por ejemplo, donde hay que abrir una nueva residencia o reforzar el servicio de ayuda a domicilio, y aprobará en el primer año de legislatura, fruto del diálogo y la colaboración con el sector, una normativa de acreditación y requisitos materiales de los centros y servicios del sistema para eliminar la inseguridad jurídica, introducir flexibilidad, aligerar la burocracia y garantizar más calidad y cantidad en la atención.

La propuesta del PP dirigida a las empresas y entidades del sector incluye también el compromiso de ordenar y regular el servicio de transporte adaptado e impulsar la coordinación sociosanitaria real, porque se ha demostrado que la fragmentación de las competencias de sanidad y servicios sociales ha sido un grave error en perjuicio de la continuidad de cuidados que demandan los usuarios.