PP, PRC y PSOE rechazan la propuesta de Vox de eliminar la implantación de la ZBE en Santander y Torrelavega

Los Grupos parlamentarios del PP, PRC y PSOE rechazaron la Proposición No de Ley de Vox consistente en eliminar la implantación de la Zona de Baja Emisiones (ZBE) en las ciudades de Santander y Torrelavega.

La diputada regional, Natividad Pérez, indicó que esta medida afecta a la economía de los comercios, la hostelería y los negocios, sobre todo de Torrelavega que sufre el deterioro industrial, y limita el acceso y la movilidad de los ciudadanos.

“Conllevará el cierre de más empresas y negocios en los próximos años y generará desempleo, cuando por otro lado los estudios de varios ayuntamientos han demostrado que no se reduce la emisión de gases contaminantes”, señaló.

En su opinión, tanto Torrelavega como Santander, que sufre la carencia de plazas de aparcamiento y las grandes superficies, tienen una buena calidad del aire y ante esta situación Vox insta a no promover subvenciones para implantar la ZBE en esta legislatura. Además, pide un convenio entre los ayuntamientos y la Dirección general de Medio Ambiente para minimizar su puesta en marcha.

Desde el PP, Miguel Ángel Vargas, también portavoz popular en Torrelavega, reiteró que se debe cumplir la Ley y por lo tanto presentó una enmienda para pedir al Ministerio de Transición Ecológica una moratoria, organismo que tiene competencias. “Somos conscientes de perjuicio que viven los negocios en Torrelavega, pero no se debe asfixiar a los ayuntamientos con prisas”, comentó.

Calidad del aire

La diputada regional socialista, Eugenia Gómez de Diego, manifestó que las ZBE no es una opción, sino un requisito para bajar la mala calidad del aire y reducir el ruido, así como aumentar el uso del transporte público y la movilidad eléctrica, entre otros. Es por ello que el Ministerio ha concedido subvenciones para mitigar la contaminación, mientras se encuentra con la negación de Vox con el cambio climático.

El alcalde de Torrelavega y diputado regional, Javier López Estrada (PRC), avanzó que conoce la situación crítica de Torrelavega por las grandes superficies y las ventas online, pero que al mismo tiempo mueren muchas personas por la contaminación. Por este motivo, se debe cumplir con la Ley, ya que en caso contrario los primeros perjudicados serán los ciudadanos. “Su propuesta no tiene sentido y va dirigida a rechazar el cambio climático”, subrayó en su intervención.

Natividad Pérez cerró su defensa tras indicar que es una imposición de la legislación española basada en un ecologismo radical y se mostró partidario de evitar la moratoria y cambiar la Ley.

PP Torrelavega

El Partido Popular de Torrelavega ha criticado el oscurantismo con el que el equipo de Gobierno PRC-PSOE está avanzando en el proyecto para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y le ha pedido transparencia y sinceridad.

El concejal del PP, Miguel Remón, ha asegurado que la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón (PRC) utiliza datos inexactos para hacer oposición a la oposición e intentar confundir a la ciudadanía y ha criticado que, como ya ocurrió con el proyecto de reforma de la calle Julián Ceballos, el equipo de gobierno ha sometido a consulta pública el proyecto de ZBE por la puerta de atrás y sin publicitar que dicho trámite está ya a disposición de los vecinos.

El responsable del área de movilidad del PP local lamenta que el alcalde ocultase durante la campaña electoral esta medida que, según recuerda Miguel Remón,  “suspendió a finales de 2022 y casualmente ha reactivado después de las elecciones y sin haber hablado de sus planes en las diferentes ocasiones que tuvo para hacerlo”.

Además, Remón ha advertido de que, a pesar de no estar aprobada la delimitación de la ZBE, el equipo de Gobierno PRC-PSOE, por la misma puerta de atrás y en el más absoluto silencio, ha sacado a licitación por 750.000 euros la instalación de cámaras y demás elementos necesarios para su implantación.

“Proyectos de esta envergadura e impacto requieren de la máxima información, publicidad y participación de los ciudadanos y no tramitarlos en silencio desde un despacho, pero claro, para eso hay que creer en la participación ciudadana y contar con los ciudadanos”, ha dicho el concejal del PP.

Y en este sentido, Remón ha dicho que el PP aún sigue esperando la llamada del equipo de gobierno para sentarse en las mesas de trabajo para redactar una ordenanza que regule el funcionamiento de esa futura zona de bajas emisiones.

Por ello, desde el Partido Popular piden claridad y sinceridad también en las informaciones que se transmitan, como el riesgo de perder fondos europeos con el que amenaza reiteradamente el equipo de gobierno a los torrelaveguenses, pues -según señala Remón como ejemplo - Pontevedra, que no va a implantar la zona de bajas emisiones, tampoco va a perder ni un euro de la financiación europea.

“Teniendo unos datos de calidad ambiental muy buenos y sabiendo que la medida afectará negativamente a la economía local, solicitamos la exención para no implantar esta desastrosa medida. Y en tanto se obtiene la respuesta, trabajar en delimitar una zona lo más reducida posible y que afecte en lo mínimo posible a los comerciantes, hosteleros, profesionales liberales y pequeñas empresas, descartando desde ya la propuesta ambiciosa que el equipo de gobierno ha puesto encima de la mesa”, ha reiterado Miguel Remón.

Y finalmente ha indicado que antes de implantar cualquier zona de bajas emisiones en Torrelavega, es necesaria la entrada en funcionamiento de los aparcamientos en altura y un Torrebús debidamente mejorado y comarcalizado. “Mientras eso no ocurra es una aberración política querer implantar una zona de bajas emisiones tan amplia. Se deberá ocupar la menor superficie para causar el menor perjuicio económico, sin descartar, como ya hacen otras ciudades, solicitar una prórroga para su implantación”, ha concluido.

En otro punto en el orden del día, PP y Vox sacaron adelante la moción de los populares, defendida por el diputado regional, Alejandro Liz, referente a la paralización del desmantelamiento del espigón y construcción del que falta para completar la actuación de estabilización de las playas de Los Peligros-La Magdalena-Bikinis, en Santander, con el fin de evitar su deterioro y la perdida de arena.

Ganaderos

Igualmente, Vox presentó una moción para agilizar el pago de las indemnizaciones a los ganaderos debido a los daños de la fauna silvestre y actualizar las pólizas, cifrada en 1,2 millones de euros.

El PP, que también denunció la inclusión del lobo en la Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especia (Lespre), aseguró que están trabajando en actualizar los expedientes atrasados que estaban si pagar por la aseguradora y presentó una enmienda transaccional para aumentar el plazo.

El regionalista Guillermo Blanco consideró que esta moción, ya presentada en su día, es irrealizable y recordó que ya se aumentó de 800.000 euros a 1,2 millones las pólizas cuando entró al Gobierno regional. “Si no se paga se debe reclamar, pero hay que evitar que se pague dos veces. Es necesario mantener el personal encargado y sacar al lobo del Lespre, algo que espero que cumpla en PP”, reseñó.