El PP y Vox rechazan conceder ayudas a los ayuntamientos para aplicar la Ley de Bienestar Animal

Los Grupos parlamentarios de PP y Vox rechazaron conceder ayudas a los ayuntamientos para aplicar la Ley de Bienestar Animal como así defendió el PRC por medio de una moción del diputado regional, Guillermo Blanco.

En su opinión, los Consistorios tienen competencias en esta Ley como controlar las colonias felinas con microchip y esterilización, recoger los animales abandonados o extraviados y llevarles a un centro que funciona 24 horas al día o fomentar la convivencia con campañas de sensibilización y para lo cual les faltan medios personales y materiales.

Guillermo Blanco aseguró que más del 70 por ciento de los ayuntamientos carecen de medios para cumplir la nueva normativa.

Blanco pedirá la implantación esa línea de ayudas antes del mes de junio y de forma consensuada con la Federación de Municipios de Cantabria, porque la considera "imprescindible" para que los ayuntamientos puedan cumplir la Ley sin poner en peligro los servicios públicos fundamentales que prestan a los vecinos.

También, aprovechó en su intervención para desmentir las acusaciones recibidas en su etapa de consejero de ganadería, donde el PP señaló que no presentó alegaciones a esta Ley, motivo por el que acusó al actual consejero de faltar a la verdad de forma reiterada cada vez que interviene en la Cámara.

Por su parte, Cristóbal Palacio (Vox), calificó la Ley de muy mala, absurda, clasista e incoherente y remarcó que no genera más que problemas, ya que incluso desconoce el mundo ganadero y la Policía local no tiene competencias en esta materia.

La diputada socialista, Eva Salmón,, consideró que la Ley requiere que se concreten el desarrollo entre Administraciones, mientras la Consejería tiene que estar al lado de los ganaderos y los ayuntamientos ayudas económicas. “No se puede mirar para otro lado y escudarse en el Ministerio. Hay que trabajar”, comentó.

Derogación

Para el PP, por medio de María Belén Ceballos, esta Ley, que no emana de la Consejería de Ganadería, no logrará el Bienestar Animal. Es por ello que la diputada regional popular pidió su derogación, ya que necesita un debate serio, a pesar de que el gobierno regional ha destinado 60.000 euros a asociaciones de protección animal, trabaja en la recogida de animales y con los ayuntamientos por medio de la Federación de Municipios y Provincias.

En otro punto en el orden del día, se aprobó, con tan sólo la abstención del PSOE, la Proposición No de Ley regionalista de impulsar ante el Gobierno central y regional, las medidas para determinar la equiparación salarial y las condiciones de acceso a la jubilación anticipada para los Cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional con las que disfrutan las policías locales y autonómicas.

Para la diputada regional, Rosa Díaz (PRC) es necesario que se les atribuya la profesión de riesgo y se lleve a cabo esta iniciativa para rejuvenecer la plantilla.

Mientras tanto, Cándido Manuel Cobo (PP), indicó que en ocasiones en la equiparación salarial hay una diferencia de 600 euros al mes. En el debate, recordó que en el año 2018, el PP aprobó 807.000 millones de euros para llevar a efecto esta iniciativa, aunque después puso en marcha el PSOE, de tal forma que desde el PSOE, Mario Iglesias rememoró que su partido pidió que se destinasen 1.500 millones de euros para una equiparación real que no se ha dado. “El Ministerio del Interior se ha comprometido a trabajar en ello y ha creado un grupo de trabajo. Lo que se debe es presentar una ponencia en este grupo de trabajo”, matizó.

Para Leticia Díaz, de Vox, su partido ha presentado varias iniciativas en este sentido, mientras que ahora cada Grupo viene a colgarse medallas. “30 años de ninguneo llevan quienes nos protegen y en 2020 nos tumbaron una Proposición de Ley en el Congreso y el ministro Fernando Grande Marlaska recurrió una sentencia que dictó la equiparación salarial”, señaló.

Además, añadió que deben recuperar las competencias pérdidas a costa de este Gobierno y dotarles de más recursos humanos y materiales.

Ambulancias

El diputado socialista, Raúl Pesquera, ha asegurado que ““el PP no cumple el pliego de ambulancias; la concesionaria debería ser penalizada con más de 300.000 por incumplimientos del contrato, por no contar con las ambulancias suficientes y déficit de material”. 

Así se ha manifestado después de que, desde el atril del Parlamento de Cantabria, haya reprochado al Ejecutivo regional y más en concreto a la Consejería de Sanidad que dirige César Pascual que “el Gobierno debía tener a día 13 de marzo, es decir, 180 días después de la adjudicación del contrato a Autransa 48 ambulancias de menos de cuatro años y esto no está sucediendo así”, ya que, ha indicado, “nuestra sanidad dispone en la actualidad de solo 30 ambulancias con menos de cuatro años y no 48, tal y como se refleja en el registro de empresas y actividades de transporte a fecha de este lunes, 18 de marzo”.

En este sentido, ha recordado a Pascual que “la penalización son 1.500 euros por ambulancia que falte y día que no esté en funcionamiento”. Por ello, ha reiterado “y para que los cántabros y las cántabras no paguen las consecuencias de la mala gestión del Gobierno de Buruaga, esta situación debe solventarse lo antes posible”.

“Es evidente que el PP desatiende la sanidad pública y es más duro con el débil que con quien juega con los servicios públicos, en este caso con peores ambulancias que las contratadas”, ha indicado.

A su juicio, “la Consejería de Sanidad de Buruaga está en estado de parálisis, sin gestionar y sin dedicar ningún esfuerzo a que la atención sanitaria en nuestra comunidad autónoma sea la adecuada”. 

Los socialistas, ha dicho, “vamos a estar muy pendientes de que la sanidad pública de Cantabria no se abandone y se dediquen todos los recursos necesarios para fortalecerla”. “Nos preocupa esta situación, porque queremos que la sanidad pública funcione y vamos a estar enfrente de un PP que solo quiere para Cantabria recortes y privatizaciones”, ha concluido Pesquera.

PRC