El Tribunal Constitucional admite a trámite la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Cantabria

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Cantabria, aprobada por los Grupos parlamentarios del PP y Vox en el Parlamento, tras el recurso de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno central (PSOE-Sumar).

El diputado regional, Iñigo Fernández, aseguró que “no se paraliza ni se frena nada, sino que se deja en suspenso sus efectos. Es algo automático, sin mayores consecuencias”.

El Grupo parlamentario Vox denuncia la colonización del Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que, a través de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, se ha convertido en un instrumento de control político al servicio del PSOE.

La aceptación a trámite del recurso del Gobierno contra una Ley aprobada democráticamente por el Parlamento de Cantabria hacía prever lo que hoy se confirma: un nuevo atropello del Ejecutivo socialista, que ha sometido al Tribunal Constitucional a su voluntad con el objetivo de perpetuar la división y el enfrentamiento entre los españoles.

La portavoz Leticia Díaz ha señalado que la politización del Tribunal Constitucional es tan escandalosa que nadie espera ya una decisión justa, sino sectaria denunciando la deriva autoritaria del Gobierno de Sánchez, que todo lo contamina. Muchos creen que, una vez conquistada la democracia, ya no hay que preservarla, pero Sánchez está demostrando que ha puesto todos los poderes del Estado a su servicio, ha advertido Díaz.

Tal y como proclamó en su día el expresidente Zapatero, la tensión nos conviene, una estrategia que hoy se materializa en un momento en el que el Gobierno de Sánchez está cercado por escándalos de corrupción que afectan a su entorno más próximo, incluidos familiares y hasta su propia esposa.

La suspensión de la derogación de la Ley de Memoria Histórica impuesta por el Tribunal Constitucional viola la libertad del poder legislativo para aprobar y derogar leyes. "¿Existía alguna vulneración de derechos antes de la aprobación de esta Ley en Cantabria? Ninguna. ¿Qué perjuicio genera su derogación si todos los derechos siguen garantizados y, además, existe una Ley Nacional aplicable? Ninguno", se cuestiona.

El Tribunal Constitucional ya no toma decisiones jurídicas, sino políticas, y esta derogación dormirá el tiempo que a Sánchez le convenga, como ha sucedido en Aragón. El sanchismo cada vez está más cerca de confundirse con el chavismo. No nos sorprende este nuevo atropello jurídico, instigado por un Gobierno que no cree en la separación de poderes. Lo peor está por llegar, ha concluido Díaz.

La Ley se aprobó en la pasada legislatura por el PSOE y el PRC y el PP adelantó que en el caso de gobernar, derogaría esta iniciativa que no ha tenido consenso cuando se pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura.

De hecho, el PP llevó llevó en su programa electoral la derogación de esta Ley al considerar que es un "ataque a la convivencia y a las libertades democráticas".

La suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley conlleva desde el día 12 de febrero, fecha en que se presentó el recurso, para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para terceros.

La Ley de Derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria consta de tres artículos y una disposición transitoria única, y otra final que es la determina la entrada en vigor de la derogación, fijada en noviembre.

El primer artículo es la derogación de la norma y el segundo se refiere a las exhumaciones que a partir de ahora se regularán en base a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de octubre de 1998, concretamente con la normativa de patrimonio arqueológico y paleontológico.

El tercer artículo se refiere a la custodia del material documental referido a la represión de motivación política durante el periodo de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura, para lo que se aplicará lo dispuesto en la Ley de Archivos de Cantabria, de junio de 2002.

La disposición transitoria única habla de los procedimientos iniciados al amparo de la Ley ahora derogada, indicando que "la tramitación de todos los procedimientos administrativos iniciados y no concluidos se regirán por la normativa en virtud de la cual se iniciaron".

El Gobierno central justificó este recurso en que la Ley autonómica "no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la Ley de Memoria Democrática autonómica, deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la Ley estatal". "En consecuencia, esta derogación en bloque menoscaba el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática", denunció el Ejecutivo.

"En nuestro Derecho está claramente establecido el deber de memoria en el artículo 34 de la Ley de Memoria Democrática, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida por el artículo 149.1.1.a de la Constitución Española (CE)", añadió el Gobierno.

Héroes

Héroes de la República y la Libertad de Cantabria celebra que el Alto Tribunal de garantías constitucionales haya decidido ayer suspender la derogación de la Ley de Memoria Histórica Democrática de Cantabria.

El Tribunal Constitucional actúa a requerimiento del Gobierno del Estado español, iniciativa que aplauden. "Aún siendo una medida provisional, indica que el Tribunal Constitucional ve serios indicios de vulneración de derechos democráticos. Que no otra cosa ha constituido la reciente derogación de la norma en Cantabria, por parte del gobierno presidido por la señora Buruaga, en íntima alianza de su partido (Partido Popular) y sus primos-hermanos de Vox", declaran.

En su opinión es una derogación de un plumazo con derechos consagrados a nivel internacional y los principios de la imperante Ley estatal, de Verdad, Justicia, Reparación y compromiso de No Repetición ante gravísimas violaciones de derechos humanos cometidos también aquí en Cantabria, en el transcurso de la Guerra Civil y la larga Dictadura Franquista.

Desde su punto de vista, el Gobierno de Cantabria se disponía a tratar los restos de víctimas de asesinatos, sin nombrarlos como tales, tal que restos arqueológicos de momias de Egipto o monedas romanas. "Esperamos que esta suspensión sea la antesala de un dictamen que ampare a tantos y tantas desamparadas de justicia en estas décadas y lleven la vergüenza a quienes promueven “pasar la página” de la historia, sin haberla leído", señalaron.