Cantabria elaborará sus Presupuestos Generales de 2023 con un objetivo de déficit máximo del 0,3 por ciento del PIB

La consejera de Economía, Ana Belén Alvarez, dio a conocer los acuerdos.

La consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez (PSOE), respalda la tasa de referencia fijada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que supone dos décimas más de la previsión inicial

El Gobierno de Cantabria, por medio de la Consejería de Economía y Hacienda, dibujará los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023 con un objetivo de déficit de hasta el 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), dos décimas más de lo que marcaba la previsión inicial, tal y como se ha acordado hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que ha participado la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, junto con los consejeros del ramo.

“Este incremento en la tasa de déficit nos ofrece mayor margen para diseñar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023 y está en línea con nuestros objetivos de seguir blindando el Estado del Bienestar y facilitando la recuperación económica”, ha señalado la titular de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, quien ha subrayado la importancia también de garantizar la “sostenibilidad financiera” de la Comunidad.

Aunque las reglas fiscales comunitarias seguirán suspendidas para el próximo ejercicio presupuestario, el Gobierno de España, por medio del Ministerio de Hacienda, ha propuesto a las Comunidades autónomas una tasa de referencia del déficit, que inicialmente estaba prevista en el 0,1 por ciento del PIB y que finalmente se ha fijado en el 0,3 por ciento, con el objetivo de otorgar un mayor margen. Lo ha hecho en detrimento de la Administración central, cuya referencia pasa del 3,4 al 3,2 por ciento.

Con todo, el Gobierno de España volverá a solicitar al Congreso de los Diputados mantener suspendidas las reglas fiscales a nivel estatal por las circunstancias actuales, marcadas por la crisis sanitaria y la actual Guerra en Ucrania, que ha conllevado a una elevada y constante tasa de inflación, que afecta a las familias y empresas.

Subida de tipos de interés

Por otro lado, Cantabria, que cuenta en la actualidad con 18 operaciones de deuda suscritas, “apenas se verá afectada a corto plazo por el incremento de tipos de interés aprobado recientemente por el Banco Central Europeo”.

Y es que prácticamente el 100 por cien de la deuda pública de la Comunidad está sujeta a un interés fijo medio del 0,7 por ciento. Tan solo el 0,6 por ciento , unos 20 de los 3.049 millones de deuda, es de tipo variable, según ha indicado la titular de Economía.

La mayor parte de la deuda pública está ligada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y al de Financiación (FF), dos mecanismos extraordinarios puestos en marcha por el Gobierno de España.

La deuda de Cantabria se sitúa en el 23 por ciento en relación al PIB, ligeramente por debajo de la media del resto de Comunidades Autónomas (25,9 por ciento), tras reducirse un 1,8 por ciento sobre el PIB en el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Impuesto sobre residuos

En el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid también se ha aprobado un acuerdo relativo al impuesto sobre depósito de residuos en vertederos, incineración y la coincineración de residuos, que entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2023, sustituyendo al tributo propio de la Comunidad Autónoma que, no obstante, seguirá percibiendo la recaudación.

La consejera de Economía ha informado de que la gestión de este impuesto será asumida de forma transitoria por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, “hasta que la Comunidad apruebe la normativa necesaria para poder aplicarlo efectivamente y adapte su estructura organizativa y aplicaciones informáticas”. 

El Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos se creó mediante la Ley 7/2022, de día 8 de abril y responde a la recomendación prevista en la Directiva (UE) 2018/851. Esta ley plantea medidas para reducir la generación de residuos y mejorar la gestión de aquellos residuos cuya generación no se pueda evitar.