Concentración de cerca de un centenar de empleados públicos frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria
Los empleados públicos de Cantabria vuelven a la calle por la mejora de sus condiciones laborales
Cerca de un centenar de empleados públicos se han concentrado hoy, lunes, frente a la Delegación de Gobierno en Cantabria para exigir desbloquear la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos y para defender la continuidad y la calidad en el mutualismo administrativo, un modelo de asistencia sanitaria que ha demostrado su eficacia durante décadas.
El responsable del sector AGE en Cantabria, Rubén Diéguez, informa que “los empleados públicos llevamos años perdiendo poder adquisitivo y luchando por recuperar la estructura salarial previa a los recortes de Zapatero en 2010. Nuestro último varapalo, cuando la Mesa del Congreso de los Diputados, mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023, rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.
Pues bien, ahora el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo, presentado por CSIF, contra esta decisión: el alto Tribunal, mediante providencia del día 2 diciembre de 2024, acuerda su admisión a trámite ya que concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales”, advierte.
Pero no sólo eso, “según un reciente estudio elaborado por CSIF, los empleados públicos de la Administración General del Estado cobran una media de 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las Comunidades Autónomas y Ayuntamiento por el mismo trabajo. En el caso de Cantabria, la diferencia con los funcionarios es de 7.429 euros menos y en el caso del Personal Laboral de 5.852 euros menos”.
Además, desde el sindicato, “consideramos que en un año han tenido tiempo de convocar la Mesa General de las Administraciones Públicas y entendemos que es necesario empezar a negociar las reformas que necesitan las administraciones públicas y alcanzar un acuerdo de financiación autonómica y en materia de Presupuestos”. Desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas.
Al igual que en Cantabria, miles de empleados públicos se han concentrado hoy en toda España para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada, teletrabajo, entre otros), convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.
CSIF considera urgente negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial (el actual caduca a final de año), así como la oferta de empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos PGE.
Por otra parte, también en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.
El alto Tribunal, mediante providencia del día 2 diciembre de 2024 acuerda su admisión a trámite ya que en este caso “concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales” y requiere a la Presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.
Estos recortes que siguen en vigor desde 2010 suponen que los empleados públicos en esta última década hayamos trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función de los Grupo Profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.
Al mismo tiempo, es destacable que, según un reciente estudio elaborado por CSIF, los empleados públicos de AGE cobran 8.000 euros menos de media al año que los trabajadores de CCAA y ayuntamientos por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios, 8.690 euros menos anuales de media, y el personal laboral, 7.380 euros menos. Para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado es necesaria una dotación de fondos adicionales que fijamos en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.
Otras reivindicaciones
-Negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos.
-Asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
-Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
-Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
-Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
-Mejora de las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios.
-Adecuación de los Grupos Profesionales.
-La actualización del Trebep reforzando su carácter de norma básica como máxima garantía de las condiciones laborales de los empleados públicos.
Desde CSIF, no se descartan nuevas medidas más contundentes si el Gobierno continúa sin convocar a los representantes de los empleados públicos para negociar una mejora de sus condiciones.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) continua con la campaña de movilizaciones iniciada el pasado noviembre en toda España para desbloquear la negociación colectiva en la Función Pública y que se comience a negociar la mejora de las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos.
Las movilizaciones se han producido frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, y en las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias del país. Y es que desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar estas cuestiones.