Convocadas huelgas generales indefinidas por los sindicatos en la logística de Solvay y UGT por el servicio de ambulancias

Los sindicatos en la logística de la empresa Solvay y Unión General de Trabajadores (UGT) por el servicio de ambulancias han convocado huelgas general indefinida.

Los sindicatos de Katoen Natie, concesionaria del servicio de logística de la fábrica de Solvay en Barreda, han convocado huelga general indefinida desde el 3 de diciembre que sustituirá a los paros de dos horas en cada turno de trabajo que se iniciaron este pasado lunes 25 de noviembre.

El comité de empresa de Katoe Natie (UGT, CCOO y USO) convoca esta movilización que afecta a una plantilla de 70 trabajadores, tras un calendario de movilizaciones que se inició el día 4 de noviembre con concentraciones de protesta de lunes a viernes y se amplió esta semana a paros de dos horas secundados hasta ahora por una media del 90 por ciento de la plantilla de fábrica; con la excepción de empleados de empresas de trabajo temporal, mandos y personal de oficinas.

Según precisó el presidente del órgano sindical de la concesionaria de la logística en Solvay, Lorenzo Fernández (UGT), “ya habíamos advertido que de no llegar un acuerdo con la empresa, pasaríamos a la huelga general indefinida”.

El sindicalista agregó que “por ahora, lejos de acercarnos a un acuerdo, en las reuniones de mediación en el Orecla lo único que se ha confirmado es que la empresa no quiere saber nada y quien la paga por el servicio, Solvay, tampoco”,

“Lo único que pedimos es lo que es nuestro y nos corresponde, los derechos subrogados de anteriores concesionarias, que se nos pague los complementos de tóxicos y penosos que cobra todo el mundo en la fábrica menos nosotros y que Katoen Natie cumpla de una vez por todas con la normativa de prevención de riesgos laborales para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo”, subrayó Fernández.

El sindicalista recordó que “la plantilla está harta de tanto incumplimiento y de un mal trato de la empresa que se ha convertido en algo habitual con continuas amenazas y sanciones a todo aquel que reclama lo que es suyo”.

Sanidad

El Sector de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos ha confirmado hoy el inicio de la huelga general en las ambulancias de Diavida, empresa concesionaria del transporte sanitario programado o no urgente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), desde las doce de la noche de este jueves, día 28 de noviembre.

Según precisa Gildo Cabañeros, presidente del comité de empresa de Diavida en Cantabria, “la empresa ha pagado por fin todas las nóminas del salario de octubre y está abonando las de noviembre, pero con dinero prestado o adelantado del propio Servicio Cántabro de Salud, mientras sigue sin aportar documentación alguna que garantice su liquidez económica para futuros salarios”.

“Es más, aunque pague todas las nóminas de noviembre, la empresa seguiría debiendo dinero a la plantilla porque no ha abonado el aumento salarial previsto en el convenio colectivo, un 2,5 por ciento, ni en octubre ni en noviembre”, subrayó Cabañeros.

“Estamos en las mismas, no hay garantías económicas de ningún tipo para que lo que ha sucedido en el primer mes de servicio de Diavida con el impago de salarios no vuelva a ocurrir en los próximos meses y es de sentido común que la solución de urgencia que se ha utilizado ahora con el Servicio Cántabro de Salud como prestamista no tiene futuro alguno”, agregó el presidente del comité de empresa.

El sindicalista puntualizó que “si Diavida no tiene liquidez económica propia y estará pagando cada mes con el dinero que se le adelanta de las nóminas de los meses posteriores, el problema no se solucionará nunca porque esto es una cuestión de que esta empresa no hizo los deberes cuando presupuestó el servicio que iba a prestar y, simplemente, no tiene dinero para pagar a la plantilla que lo realiza”.

Sin compromiso 

Cabañeros puntualizó que “además, la huelga general se convocó también por los  reiterados incumplimientos del convenio colectivo y del pliego de condiciones por los que la empresa ya ha recibido un buen número de sanciones y tampoco hay avance alguno en ello porque Diavida no se compromete por escrito a nada”.

“Es más, sospechamos que irá a más porque ahora la empresa quiere hasta realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo con cambios en los horarios de trabajo”, precisó el presidente del comité de empresa de Diavida.

Cabañeros recordó que “se aplazó la huelga desde el pasado lunes hasta el día 28 de noviembre como gesto de buena voluntad negociadora y con la esperanza de que la empresa rectificara y se pudiera alcanzar un acuerdo pero no ha sido así”.

Consejero

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti (PP), ha anunciado hoy que ha solicitado sendas reuniones con los ministros para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), Sara Aagesen, y de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para reclamar un mayor apoyo financiero a la industria cántabra con el fin de evitar el riesgo “serio” que existe de deslocalización de empresas “importantes” de la región y que los “buenos datos económicos” de la Comunidad Autónoma, “con el dato de paro más bajo de la historia, el mejor dato de afiliación de la serie histórica y la segunda tasa de paro más baja de España”, empeoren “ante la inactividad o ineficiencia actual del Gobierno de Pedro Sánchez”.

En el caso de la ministra para la Transición Ecológica, Arasti pretende reunirse con Aagesen para analizar otras fuentes de financiación compatibles con la ayuda de 30,1 millones de euros de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de des-carbonización que ha recibido Solvay este año pero que, tal y como le ha trasladado su director general, Jorge Oliveira, “es insuficiente” para llevar a cabo “la mayor cogeneración de biomasa de España” en su planta de Barreda con un proyecto de 250 millones de euros que, según Arasti, “resulta imprescindible para garantizar la continuidad de Solvay en Cantabria”.

Tal y como ha explicado, “supondrá una reducción de 320.000 toneladas de dióxido de carbono al año con un proyecto de des carbonización que precisa de una inversión de 150 millones de euros, a lo que hay que añadir un proyecto de captura de dióxido de carbono, con una inversión de 100 millones de euros, para capturar 300.000 toneladas de dióxido de carbono al año”.

Por todo ello, ha considerado “indispensable” que se lleve a cabo un proyecto “necesario” para asegurar el futuro de la planta de Barreda y para que se puedan instalar otros proyectos industriales capaces de generar sinergias conjuntas.

El consejero también pretende trasladar a la nueva ministra la necesidad que le han trasládadolas empresas electro intensivas de la región de que el Gobierno de España “convoque ya” las subastas de potencia para cogeneración de 1.200 megavatios previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía Clima (Pniec) y anunciadas en 2022 porque, en su opinión, “es la única manera de que las empresas puedan invertir en nuevas plantas de cogeneración y en la renovación tecnológica de las ya existentes, prolongando así su vida útil, y la percepción de la retribución regulada, sin la cual son inviables”.

En esta misma línea, reclamará a la ministra que prorrogue la vida útil regulatoria dos años a las empresas que han cumplido el final de su vida útil y que en el caso de Cantabria afecta a las principales cogeneraciones de la región, que han cumplido ya o están cerca de finalizar su vida útil regulatoria o sencillamente han dejado de producir por la falta de retribución regulada, como son los casos de Solvay, desde el pasado mes de febrero o Dynasol, desde la primavera.

Tal y como ha recordado, la cogeneración es una herramienta energética “clave” para más de 600 fábricas en España, que producen el 20 por ciento del Producto Industrial Bruto (PIB) industrial, exportando más de un 50 por ciento de sus productos, si bien “la tasa de cogeneración se ha desplomado un 41 por ciento entre 2019 y 2023, al pasar de 29.615 giga-vatios por hora a 17.455 giga-vatios por hora”.

En el caso de Cantabria, donde la cogeneración representa el 5,3 por ciento de la potencia total instalada en España, “siendo un porcentaje muy elevado en términos relativos”, la cogeneración ha pasado de 1.583 giga-vatios por hora en 2019 a 557 gigavatios en 2023, lo que supone un descenso del 65 por ciento.

Una situación provocada, según el consejero, “por la inoperancia del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE)”, y que, en el caso de Cantabria, ha lamentado, afecta más que al resto de España por el mayor peso de la industria cántabra en el PIB de la región y el elevado peso de Cantabria en el sector de la cogeneración en el conjunto de España.

También ha explicado que el descenso interanual “tan importante” del 28,9 por ciento en la generación de energía eléctrica en Cantabria, referente a septiembre de 2024, es la principal razón de que el Índice de Precios Industriales (IPI) de la región esté descendiendo “de una manera importante” y, en concreto, un -4,6% en lo que va de año.
 

Electro intensivas

Por otro lado, ha solicitado una reunión con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para pedir al Gobierno de España que dedique el 25 por ciento  de lo recaudado por las emisiones de gas de efecto invernadero a ayudas a las empresas electro intensivas, en vez del 8,3 por ciento que destinan actualmente “porque el 25 por ciento es el máximo que permite la legislación europea y es lo que están haciendo Francia y Alemania”.

De igual forma, ha lamentado que el precio final de la energía eléctrica que pagan las empresas electro intensivas de Cantabria y de España, a pesar de haberse moderado últimamente, sigue siendo el triple que en Francia y el doble que, en Alemania, por lo que, según ha dicho, “la solución más eficaz y la principal reivindicación que plantean las empresas electro intensivas para mitigar esta situación es que el Estado les compense con ayudas por el coste del dióxido de carbono indirecto que generan”.

Tal y como ha recordado, el Gobierno de España recaudó en 2023 un total de 3.584 millones de euros por los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, destinando este año 300 millones de esa cantidad a compensar a las empresas electro-intensivas por el coste del dióxido de carbono indirecto, un 8,3 por ciento, cuando Alemania o Francia destinan el 35 por ciento del total recaudado, que es el máximo que permite la legislación europea.

“Si España hiciera lo mismo que Francia y Alemania, destinaría en ayudas por el coste del dióxido de carbono indirecto a las empresas electro intensivas un total de 896 millones de euros e vez de 300, tres veces más”, ha señalado Arasti, quien ha recordado que ya planteó esta reivindicación a la anterior ministra del ramo, Teresa Ribera, haciendo lo mismo la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron ambos mandatarios este año en La
Moncloa.

“Lo único que piden las empresas electro intensivas es no pagar aquí lo que los demás no pagan en Europa”, ha remarcado Arasti, quien ha confiado en que “aún hay tiempo” para solucionar estos tres problemas “tan importantes” para la industria cántabra y los intereses de la región, si bien ha precisado que “ese tiempo se agota”.