El Gobierno regional destinará casi 84,6 millones de euros a la Universidad de Cantabria

El Gobierno ha autorizado la firma del contrato-programa para destinar a la Universidad de Cantabria casi 84,6 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 2,8 por ciento, según ha anunciado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, al término de la reunión del Consejo de Gobierno.

El vicepresidente ha asegurado que este contrato programa “demuestra el compromiso del Gobierno de cántabro con nuestra Universidad, referente del trabajo bien hecho en la comunidad autónoma”, y ha destacado, especialmente, el Programa de Suficiencia Financiera, dotado con 72 millones de euros, y el aumento del programa de exención de precios públicos “para la reducción del coste total de la matrícula, de manera que ningún estudiante se quede atrás”, que pasa de 1.080.000 euros de 2021 a 1.357.000 euros en 2022.

Además, ha explicado que el contrato programa con la UC para 2022 presenta como novedad la posibilidad de incorporar créditos procedentes de los fondos de recuperación Next Generation en el programa de obras, para abordar la mejora energética de la Facultad de Ciencias, y en el de apoyo a la investigación para el plan complementario de Ciencias Marinas, ya aprobado, y para el de Astrofísica y Altas Energías.

Zuloaga también ha avanzado que Gobierno regional y Universidad trabajan en el diseño de un contrato programa plurianual, un objetivo que la pandemia frenó pero que se ha retomado y que podría ver la luz a lo largo de este año, motivado por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario

Estudio comarcalización

Por otro lado, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña (PRC), ha conocido el informe final realizado por la Universidad de Cantabria (UC) sobre la comarcalización de Cantabria destinada a vertebrar espacialmente la prestación de servicios a los ciudadanos con el fin de minimizar y contrarrestar las desigualdades territoriales como consecuencia de la despoblación y dispersión de la población.  

Fernández Viaña se ha reunido con el rector de la UC, Ángel Pazos, y la investigadora principal de este estudio, la catedrática de Análisis Geográfico Regional de la UC, Carmen Delgado Viñas, para conocer esta investigación.

El trabajo sienta las bases para acreditar una serie de ámbitos comarcales de municipios limítrofes vinculados entre sí, que poseen características similares desde la perspectiva geográfica, socioeconómica, histórica y de intereses comunes.

En este sentido, la consejera de Presidencia ha manifestado el compromiso de su departamento a la hora de actualizar la Ley de Comarcas del año 1986 y, de este modo, proceder a la delimitación legal por comarcas. Y, en sus palabras, este estudio de la UC “exhaustivo, serio y científico” sirve de base para trabajar en el reto demográfico del despoblamiento, en el consejo asesor constituido a tal fin, con el objetivo de trabajar “en esa futura delimitación legal de las comarcas de Cantabria, que está siendo demandada”.

Este informe, ha añadido, “va a ser la base del trabajo que vamos a iniciar ahora para poder hacer esa delimitación legal, que vamos a presentar a la Federación de Municipios”. En este punto, la titular de Presidencia ha insistido en que trabajará “conjuntamente” con los representantes de los municipios “en un grupo de trabajo para lograr el mejor y el más consensuado de los textos que poder llevar en su momento al Parlamento de Cantabria”. “Iniciamos un camino en el que va a ser fundamental la participación de los ayuntamientos y municipios para conseguir consenso en la delimitación”, ha apuntado.

Por su parte, Pazos ha valorado esta reunión en la que se ha “puesto en común” las posibilidades de este estudio “que, desde el punto de vista académico, debe servir para todo lo que el Gobierno quiera utilizar en las estrategias de redefinición o de aplicación” referidas a la delimitación de las comarcas.

El estudio de la UC se centra en las diferencias territoriales en cuanto a accesibilidad y conectividad; las estructuras económicas y de empleo debido al proceso intenso, rápido y desigual de desagrarización; el auge y declive de la construcción; a la regresión de la actividad industrial; a los niveles desigualitarios de la renta; a la terciarización de la región, así como al creciente uso residencial y de construcción de viviendas y a la ordenación territorial y otros planteamientos urbanísticos.

Para este proyecto se han priorizado diferentes aspectos de las comarcas existentes en Cantabria como las características de la población, las actividades económicas, la tipología del poblamiento, la existencia de población con capacidad para ejercer como polarizadores de áreas funcionales, la delimitación de las áreas de influencia de los nodos, la presencia de organizaciones supramunicipales, el condicionamiento del medio natural y el respeto escrupuloso a los términos municipales actuales.