Seis empleados del Ayuntamiento de Santillana del Mar, acusados de apropiarse de talonarios para el cobro de la tasa de estacionamiento de vehículos

Ayuntamiento de Santillana del Mar. R.A.

El Consistorio y la Fiscalía piden 18 meses de prisión y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público

Seis empleados públicos del Ayuntamiento de Santillana del Mar están acusados de malversación de caudales públicos por apropiarse de talonarios para el cobro de la tasa de estacionamiento de vehículos. El juicio tendrá lugar mañana, lunes, día 16 de mayo, en la Audiencia Provincial de Cantabria, a las 9.30 horas.

La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Santillana del Mar, solicita para cada uno de ellos una pena de 18 meses de prisión e inhabilitación para cargo o empleo público de cinco años. No solicita indemnización alguna ya que los acusados repararon “de modo efectivo e íntegro” el perjuicio causado al patrimonio público.

El Ministerio Fiscal, por su parte, solicita la misma condena para uno de ellos, 18 meses de prisión y cinco de inhabilitación, pues el dinero que sacó por los talonarios ascendió a 5.000 euros.

Para el resto, la pena solicitada por la fiscalía es de nueve meses de prisión y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, ya que o no llegaron a usar los talonarios o las cantidades obtenidas no superan los 4.000 euros.

Tampoco pide el ministerio fiscal indemnización “al sentirse el Ayuntamiento de Santillana del Mar totalmente reparado”.

Según los escritos de acusación de la Fiscalía y del Consistorio, los seis empleados, cinco trabajadores laborales fijos y un policía local, “con ánimo de enriquecimiento propio”, en el verano de 2016 “se apoderaron en diversas ocasiones” de hasta 140 talonarios que se encontraban depositados en las instalaciones del Ayuntamiento.

Los trece trabajadores del Consistorio encargados del cobro manual de la tasa por estacionamiento de vehículos durante la temporada estival recibían unos talonarios numerados en las oficinas del Ayuntamiento, previa firma del correspondiente recibo.

Una vez cobrados los tiques, los empleados debían ingresar el dinero recaudado en la cuenta bancaria del Ayuntamiento, y entregar en la tesorería municipal el justificante del ingreso y las matrices de los talonarios.

Ante la existencia de indicios de que alguno de los cobradores estaba utilizando talonarios que no le habían sido entregados, los responsables municipales hicieron recuento y comprobaron que faltaban 140, con 100 tiques cada uno a dos euros el tique, lo que suponía la desaparición de un total de 28.000 euros.

Convocados los trece trabajadores encargados del cobro del aparcamiento, cuatro de ellos reconocieron que se habían apropiado de talonarios. Ese mismo día, otro más y un policía local también reconocieron su participación.

A partir de ese momento, uno por uno fueron devolviendo talonarios -70 en total- y diversas cantidades de dinero por los talonarios ya utilizados.

Finalmente, los seis acudieron al Ayuntamiento a entregar conjuntamente 8.000 euros, sumando la cantidad total devuelta 14.000 euros, correspondientes a los 70 talonarios que no aparecieron.

Los hechos constituyen, a juicio de las acusaciones, un delito continuado de malversación de caudales públicos.