Laredo cobra parte de una deuda de 2,8 millones de euros de la empresa Proinasa por una permuta ilegal de hace 36 años
La Agrupación Vecinal Si Se Puede Laredo se felicita al asegurar que fue el único Grupo municipal que defendió su consecución
El Ayuntamiento de Laredo ha cobrado parte de una deuda de 2,8 millones de euros de la empresa Proinasa por una permuta ilegal de hace más de 30 años. Así lo ha asegurado la Agrupación Municipal Laredo Sí se Puede quienes se han felicitado por el logro al considerar que ha sido el único Grupo municipal que defendió esta consecución.
Un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander reconoce que la empresa tiene una deuda de 1,9 millones de euros y el devengo de intereses desde el día 21 de marzo de 2021. De dicha cantidad ya se ha cobrado mediante embargo realizado por el Tesorero municipal, en julio de 2020, la cantidad de 1,3 millones de euros, embargo que la empresa recurrió judicialmente. Ahora, Proinasa debe pagar antes de dos meses la cantidad de 542.000 euros”, explican.
El origen de esta deuda se remonta a una permuta de parcelas entre el Ayuntamiento y la empresa con Juan Ramón López Revuelta como alcalde que se realizó en el año 1987, hace 36 años, de tal forma que en la parcela que recibió la empresa se construyo el Hotel Playamar.
La Agrupación Vecinal Sí se Puede Laredo recordó que algunos concejales de aquella Corporación denunciaron esta permuta y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) les dio la razón al considerarla ilegal en 1991.
El Tribunal Superior de Justicia, con su sentencia obligó a la empresa Proinasa a pagar al Ayuntamiento de Laredo más de 1’7 millones de euros. Después de todas las apelaciones posibles por parte de la empresa, el Tribunal Supremo dictó sentencia firme en el año 2008 que obligó a pagar a la empresa la deuda íntegramente más intereses que de acuerdo al documento de cargo de la Intervención Municipal del día 10 de febrero de 2011, ascendía a 2,4 millones de euros.
A partir de la sentencia firme de 2008, el Ayuntamiento de Laredo debería haber ingresado en sus arcas municipales esa cantidad, incide el Grupo municipal pero no fue así.
Solo el alcalde del PRC, Santos Fernández Revolvo, el día 14 de abril de 2011, procedió a practicar la liquidación de la deuda y los intereses acumulados en el año 2011, de tal forma que estableció cinco plazos para pagar el total, mientras la empresa solo pagó los dos primeros plazos, 742.000 euros.
En mayo de 2011, hubo cambio de gobierno. El nuevo equipo de Gobierno del PP-PRC presidido por Ángel Vega y con Pedro Diego como portavoz del PRC, no solo no reclamó los otros tres pagos que faltaban iniciando la vía de apremio y embargo, sino que paralizó, en 2013, los intereses de la deuda con una memoria de Alcaldía sin ninguna validez legal, comentan.
Convenio
Además iniciaron la redacción de un convenio con la empresa para pagar la deuda con unas parcelas ubicadas en la Puebla Vieja, donde participo Ramón Arenas, actual portavoz de Unidos por Laredo y por aquel entonces teniente alcalde en las filas del Partido Popular, señalan desde la Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo.
En mayo de 2015, otro cambio de gobierno da la Alcaldía al PSOE en minoría con Juan Ramón López Visitación, un nuevo equipo de Gobierno del que formaba parte la actual alcaldesa Rosario Losa 8PSOE) y Rosalina López Visitación.
En este mandato entró por primera vez la Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo a formar parte de la Corporación y critican que con este nuevo equipo de Gobierno tampoco se reclamó la deuda ni el procedimiento ejecutivo de embargo.
“Si el anterior gobierno habían paralizado los intereses de la deuda, este nuevo equipo de Gobierno (PSOE) llevó al Pleno de noviembre de 2015 un convenio con la empresa mediante el cual saldaba la deuda, con la expropiación de unas parcelas”, comentan.
Al mismo tiempo, Proinasa debía hacer efectivo el pago de 217.000 euros, de tal forma que mientras el PSOE, PP, PRC votaron a favor de dicho convenio, la Agrupación Vecinal SSPL e IU votaron en contra.
“Aquel convenio era muy lesivo para los intereses municipales, ya que las parcelas estaban muy sobrevaloradas, significaba un negocio redondo para la empresa y una dejación absoluta de la defensa del interés general, con este convenio perdíamos los de siempre, el pueblo”, reseñaron.
Por ello, la Agrupación Vecinal SSPL presentó un recurso de reposición a este convenio que tardó nada menos que cinco años en resolverse.
En mayo de 2019 se produce un nuevo cambio de gobierno. El nuevo equipo de Gobierno, con Rosario Losa de alcaldesa (PSOE), estuvo compuesto por el PSOE, el PRC y la Agrupación Vecinal SSPL. Después de diferentes informes técnicos, tanto internos de los técnicos municipales como externos, se estimó parcialmente el recurso de reposición de la Agrupación Vecinal, se realizan nuevas valoraciones de las parcelas y comienza a redactarse un nuevo convenio.
Prescrito
En julio de 2020, el tesorero accidental del Ayuntamiento activa la vía de apremio y embargo a la deuda que sigue teniendo Proinasa con el Ayuntamiento y consigue embargar cuentas de la empresa por valor de 1,3 millones de euros. La empresa recurre judicialmente los embargos por entender que se está a la espera de firmar un nuevo convenio y plantea que la deuda ha prescrito.
En el Pleno de marzo de 2021 se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Agrupación Vecinal en 2015 y se anuló parcialmente el convenio y se aprobó un nuevo convenio que reducía considerablemente la valoración de las parcelas y se excluía una de ellas.
Tras esta resolución y con varias causas judiciales abiertas, se ha llegado a un acuerdo entre las partes, que ha dado lugar a cuatro autos judiciales de homologación, de idéntico contenido, de los cuales se ha dado lectura en el último Pleno municipal, por solicitud expresa de la Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo en la Junta de Portavoces.
La Agrupación Vecinal SSPL se felicita de la resolución contenida en los autos judiciales, que en su opinión hacen justicia, si bien con décadas de retraso, y se consigue, por fin, lo que siempre defendió, que la deuda debía cobrarse íntegramente antes de cualquier otro acuerdo de expropiación o convalidación.
“Esperamos y exigiremos que se cumpla escrupulosamente en tiempo y forma el auto judicial y se termine definitivamente un contencioso que debería haberse resuelto hace décadas y en ningún caso tendría que haber dado lugar a irregulares convenios urbanísticos que pueden perjudicar gravemente a las arcas municipales y crear un gran agravio comparativo entre los propietarios de inmuebles, solares y ruinas de nuestra Puebla Vieja”, hacen hincapié.