Vox exige conocer las medidas aplicadas por el Gobierno regional para corregir la gestión irregular en MARE

El portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio.

El Grupo parlamentario considera que se cometen los mismos errores en la gestión de la sociedad y exige explicaciones sobre cómo implantar las recomendaciones de la Intervención General 

El Grupo parlamentario de Vox en Cantabria interpelará al consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), sobre las medidas y actuaciones que se han realizado en la empresa pública MARE tras la auditoría de la Intervención General del Gobierno que destapó múltiples irregularidades en la gestión de dicha sociedad.

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha registrado esta interpelación tras conocerse, como han denunciado los trabajadores de la empresa en el día de hoy, que “se siguen sin implantar” las “recomendaciones” que estableció la Intervención General y “no se ha corregido” el pago de sobresueldos a ciertos empleados “desde hace 14 años”.

Para Palacio, la situación es “gravísima” ya que, la “falta de actuación” del Gobierno de Cantabria y del consejero Guillermo Blanco, mantiene una “forma de actuar” en la empresa “oscura y, a todas luces, irregular”.

Auditoría

“La auditoría dejaba claro qué medidas se tenían que tomar, y la más urgente era la de acabar con los sobresueldos a ciertos trabajadores. Pero no se ha solucionado. Bien porque no quieren o bien porque no saben”, declara el diputado. “Queda un año para las elecciones y es un tema que quieren enterrar”, añade.

Asimismo, Vox también quiere conocer “de boca del consejero responsable” cuáles han sido las gestiones que se han hecho porque “si atendemos a las denuncias de los trabajadores, desde el Ejecutivo están dejando pasar el tiempo sin actuar, cometiendo una dejación de responsabilidades más que manifiesta. Y ya es hora de que se tomen medidas drásticas”. 

Por último, el diputado de Vox cuestionará a Guillermo Blanco sobre la futura valoración de puestos de trabajo de la empresa pública y si se pondrá fin a que trabajadores “con mismas categorías y responsabilidades, cobren sueldos diferentes sin causas que lo justifiquen”. “Ya está bien de que los políticos dilapiden dinero público y lo costeen los ciudadanos y traten a las empresas públicas como si fueran agencias de colocación de los partidos”, ha zanjado Palacio.