La AMA presentó una hoja de ruta para solucionar el problema de los derribos en esta legislatura

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) presentó una hoja de ruta para solucionar el problema de los derribos en esta legislatura y reparar el daño ocasionado lo antes posible. El colectivo presentó al Gobierno de Cantabria esta propuesta tras el acto de la 25 edición de la Ruta de los inocentes que transcurrió entre Argoños y Santander.

Para ello, los afectados estudiaron, con el equipo jurídico, el encaje legal de la Proposición No de Ley, recientemente aprobada, en los Convenios. Así como las posibles alternativas y las medidas legislativas que puedan ayudar a este fin, tanto en el ámbito autonómico como estatal.

Creemos que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan de ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel la podremos conocer, previsiblemente, dentro de este año, lo cual aclara mucho el futuro, sobre todo en lo referente a posibles legalizaciones y/o regularizaciones en Argoños.

Por otra parte, se insta al Gobierno y al Ayuntamiento a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos en el presente año, no puede ser que empiece la legislatura con la aprobación provisional y luego se quede paralizado el plan urbanístico como en anteriores legislaturas.

Además, consideran necesario cumplir los plazos tanto en las viviendas de sustitución, como en las indemnizaciones pertinentes y debe resarcirse el perjuicio causado transcurridos 15 años desde la firmeza de la sentencia firme que ordene la demolición de un inmueble propiedad de un adquirente de buena fe.

También, transcurridos ocho años desde la suscripción y firma de los convenios, los terceros de buena fe podrán exigir su efectividad, bien mediante el cobro de las indemnizaciones previstas en los mismos, bien mediante la adjudicación de una vivienda de sustitución.

Todos los convenios que se reseñan quedan renovados desde la fecha del dictado de la presente resolución con la inclusión de una nueva cláusula conforme a lo cual los adquirentes de buena fe que los suscriben pueden solicitar de la Administración de Cantabria de manera inmediata el abono de la indemnización o la adjudicación de la vivienda de sustitución en los términos contenidos en los propios Convenios.

El Gobierno de Cantabria articulará de inmediato los mecanismos legales y financieros que sean necesarios para atender a la efectividad de lo acordado por el Gobierno de Cantabria en su Proposición No de Ley de 17 de junio de 2024.

Los adquirentes de buena fe cuyos convenios quedan renovados por virtud de la presente disposición podrán oponerse a que su convenio se renueve ante el Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la presente resolución.

Ante la situación vivida, los afectados reclaman que, a la mayor brevedad posible, se incorporé a todos los convenios la Proposición No Ley aprobado en la Parlamento de Cantabria con fecha 17 de junio de 2024

Además, exigen enviar, por parte del Gobierno de Cantabria, una consulta a todos los afectados, para saber cuál es su posición: esperar a una posible legalización de su vivienda, pedir una vivienda de sustitución, solicitar la indemnización tal y cómo se estipula en el convenio y los que no tienen convenio se puedan hacer siguiendo el derecho comparado en igualdad de condiciones que los demás.

Con los resultados de la consulta, ver la posibilidad de compras de terrenos para las viviendas de sustitución en los diferentes ayuntamientos y dar los pasos correspondientes para su adquisición a la mayor brevedad posible y siempre dentro de la actual legislatura.

De igual forma, reclaman abrir una inscripción para los que soliciten la indemnización, realizar un calendario que no puede ir más allá de esta legislatura para el abono de las indemnizaciones correspondientes, con prioridad por necesidades sociales y crear un grupo de trabajo formado por representantes del Gobierno de Cantabria,  ayuntamientos afectados y AMA para realizar seguimiento del cumplimiento en cuanto a las viviendas de sustitución comprometidas y futuras, indemnización pertinentes y legalizaciones reales.

Al mismo tiempo, piden la creación de subgrupos por urbanizaciones para seguir el cumplimiento de todo ello cuando fuera necesario.

Para finalizar, solicitan estudiar en las citadas comisiones o grupos de trabajo avances legales en la legislación autonómica y estatal, en la protección del tercero de buena fe, partiendo de los avances logrados en pasado y, abriendo caminos para el cumplimiento de PNL del Parlamento de Cantabria aprobada por unanimidad el 17 de junio de 2024.

La citada propuesta de la AMA tiene como fin el cumplimiento de las muchas resoluciones del Parlamento de Cantabria, así como las emitidas por el Defensor del Pueblo, las instituciones nacionales y europeas. Todo ello, con el fin de poner el límite temporal definitivo en esta legislatura al problema de las sentencias de derribo.

Consejería

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha asegurado que la solución a los derribos en la Comunidad Autónoma durante la presente legislatura estará “avanzadísima, puede costar más dinero o menos, más disgustos o menos, pero tengo la orden de la presidenta y mi convicción propia de que este problema lo vamos a resolver”.

Así se ha expresado el consejero durante el encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación, previa a su participación en la 25 Ruta de los Inocentes organizada por AMA que ha tenido lugar en el Ateneo de Santander para analizar la situación en los municipios con sentencias urbanísticas, concretamente en Piélagos, Escalante, Arnuero y Argoños.

Tal y como ha insistido el consejero, que ha estado acompañado por el director General de Urbanismo, Víctor Gil, “este Gobierno no tiene nada que ver con los anteriores” y, para ello, entre otras puntualizaciones, ha concretado en cifras destinadas al pago de indemnizaciones los avances llevados a cabo hasta el momento.

En este sentido, Roberto Media, que ha defendido la postura de los afectados por ser “los grandes perjudicados y olvidados durante más de veinte años”, ha detallado que el actual Gobierno cántabro, en un año, ha puesto encima de la mesa 5.769.000 euros lo que supone un 58 por ciento de los 9,9 millones totales destinados al pago a los propietarios.

Por lo tanto, el consejero ha reiterado que “hay claras diferencias entre un Gobierno y otro” pues ha añadido que este año se destinarán nueve millones y se mantiene el Fondo de Derribos con seis millones a los que habrá que sumar la partida que se destine para ello en los próximos presupuestos. “Hay diferencias sustanciales entre nosotros y los otros”, ha apostillado.

Análisis municipal

En relación con la situación actual en los municipios sobre los que pesan sentencias de derribo, Roberto Media ha analizado el estado en el que se encuentra cada uno de ellos.

En el caso de Arnuero, el consejero ha recordado que estará solucionado “en pocos meses” y en Escalante, una vez que se le liciten próximamente las obras para la construcción de las viviendas de sustitución, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses y 3,3 millones de inversión, estará también resuelto.

Por otro lado, en relación a Argoños, el consejero ha declarado que se trata de un abordaje “más complejo” pues aún hay que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo tras haber admitido la inejecución de las sentencias ante el perjuicio que podría generarse si finalmente el Supremo confirma la legalidad vigente del PORN, del PGOU y, consecuentemente, de las licencias emitidas.

Si la sentencia fuera favorable, como confía en que ocurra, el 90 por ciento estaría resuelto, ha destacado, pero en caso contrario, Roberto Media ha confirmado que el Gobierno de Cantabria estaría dispuesto a avalar los convenios y “responder incluso de las sentencias que no le corresponde tal y como nos hemos comprometido”. En esta situación habría que buscar la solución correspondiente mediante vivienda de sustitución o indemnización.

Por último, en el caso del municipio de Piélagos, actualmente se está pendiente de la sentencia por los recursos de inejecución tras la modificación de la Ley del Suelo sobre la que el consejero se ha mostrado “optimista” para alcanzar resultados esperados y que únicamente fue apoyada por el Partido Popular y el PRC.

En este sentido, Roberto Media ha afeado que cuando en el Parlamento se votan una Proposición No de Ley por unanimidad que no son vinculantes y se tratan de mera declaración de buenas intenciones “todos se suman”, pero sin embargo cuando se solicita la modificación de una Ley que beneficia a 63 familias de Piélagos “algunos de los que están hoy aquí manifestándose votaron en contra”.

Asimismo, ha puntualizado que el Ayuntamiento de Piélagos ya ha aprobado de forma provisional su nuevo Plan General y trabajan con los servicios jurídicos y desde la Dirección General de Urbanismo para dar forma al documento y someterlo a información pública.

A través del PGOU se podría posibilitar la legalización de 63 viviendas, pero ha concluido que “vamos a intentar ser rápidos, pero evitando riesgos a que cualquier sentencia nos anule ese documento”.

Finalmente, en representación de AMA, Antonio Vilela, ha insistido en que esta legislatura se pueda dar una solución definitiva al problema de los derribos y al cumplimiento de las resoluciones del Parlamento de Cantabria, las emitidas por el Defensor del Pueblo y otras instituciones nacionales y europeas.