Malestar de la oposición en Santander con el PP por paralizar la comisión de investigación de las basuras

Los Grupos municipales de la oposición en ayuntamiento de Santander han mostrado su malestar con el PP por evitar la convocatoria de la comisión de investigación del contrato de limpieza y recogida de basuras.

“La actitud del Partido Popular es una estafa santanderinos, a los a los que les niegan cualquier tipo de explicación sobre el desastre al que han sumido los servicios públicos en Santander”. Con estas palabras ha calificado el concejal de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, la última maniobra del Partido Popular para paralizar la creación de una Comisión de Investigación que analice en profundidad el anterior contrato de recogida de basuras y limpieza viaria.

“Esto refleja la esencia misma del PP de Santander, una mentira absoluta llena de bailes en agosto y photocalls, mientras dejan los servicios públicos en la mierda más absoluta”, ha calificado Saro, que ha comparado la actitud del equipo de Gobierno sobre el control y fiscalización de los daños que han provocado a los santanderinos, con “una organización mafiosa”.

“El PP presenta un recurso que acepta el propio PP para negarse a investigar los contratos del PP, es una burla, un chiste”, ha reclamado el edil, para quien esta es una prueba más de la connivencia del partido del Gobierno en la degradación de los servicios públicos y el robo de las arcas santanderinas.

“Con esta jugada demuestran ser una organización montada exclusivamente para robar a los santanderinos, y asegurar que ese robo y ese latrocinio no sea jamás investigado”, ha denunciado Saro.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Guillermo Pérez-Cosío, ha lamentado que el Partido Popular no se haya enterado todavía de que le ha llegado la hora de dar explicaciones y no de exigirlas a la oposición.

De esta manera ha respondido el edil a las declaraciones del portavoz del PP que ha calificado de “aberrante” que el Pleno acordase acudir a un letrado y un procurador externos para defender el acuerdo de creación de las comisiones de investigación.

Pérez-Cosío califica esa postura como “un perfecto ejercicio de cinismo” y recuerda que el Reglamento de la Asesoría Jurídica, aprobado por la propia Junta de Gobierno local, establece que “por razones de funcionalidad administrativa puede acudirse a la contratación de abogados externos, algo que por otro lado ya es habitual en el caso del procurador de los tribunales”.

“Lo que resulta aberrante es politizar los servicios jurídicos para que, faltando a la objetividad, no sirvan a los intereses municipales sino a los intereses partidistas de la Alcaldía y de los concejales del PP que impugnaron el acuerdo de creación de las comisiones de investigación”, ha señalado.

El portavoz de Vox considera que “no es admisible que se nieguen a seguir defendiendo un asunto que sostienen que está perdido y que al propio tiempo impidan la contratación de abogados externos y más cuando los propios tribunales han comenzado a dar la razón a la oposición rechazando la suspensión cautelar del acuerdo que hizo posible las comisiones de investigación”.

“En este caso existe un claro conflicto de intereses que no puede dejar desprotegidos los acuerdos del Pleno ni servir de torpe escusa a las maniobras dilatorias que tratan de impedir la celebración de la comisión de investigación”, ha concluido Pérez-Cosío.

Por otro lado, desde el PSOE aseguran que sabían que el PP estaba dispuesto a todo para evitar la Comisión de Investigación, porque tienen pánico a que se conozca toda la verdad de lo que ha pasado con el contrato de las basuras para que la ciudad esté más sucia que nunca.

“Lo que no podíamos esperar que pudiera llegar a cometer actos ilegales a sabiendas.  Y la alcaldesa lo ha hecho”, inciden los socialistas.

Para el Grupo municipal del PSOE “Gema Igual ha cometido un grave error y esperamos que lo pague en dos frentes: en los tribunales, porque lo que ha hecho es ilegal, y en las urnas, porque se está vulnerando la voluntad de la mayoría de los santanderinos.

"La suspensión de la Comisión de Investigación es ilegal, como pondremos de manifiesto este mismo martes en la Junta de Portavoces·, declararon.

"Es un atentado contra la democracia, es un montaje ilegal, es un atropello contra el Pleno y contra la mayoría de los santanderinos. Y es un escándalo político sin precedentes, el mayor escándalo político de la democracia en Santander", señaló el portavoz Daniel Fernández

Versión del PP

El portavoz del Grupo municipal popular, César Díaz, ha recalcado que el PP continuará denunciando y tratando de evitar que se lleven a cabo la “cascada de ilegalidades” que están promoviendo PSOE, PRC, Ciudadanos, Unidas por Santander y Vox en el Ayuntamiento de Santander.

Díaz ha remarcado que la celebración de la comisión de investigación sobre el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria supondría “seguir ahondando en la caída libre hacia la toma de acuerdos ilegales que iniciaron el resto de grupos municipales con la aprobación, en contra del informe de la Secretaría municipal, de la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno en diciembre de 2021”.

“El derecho, el interés general y del Ayuntamiento de Santander poco o nada les importa a los concejales socialistas, regionalistas, de Ciudadanos, de Unidas por Santander y de Vox si no se encuentran al servicio de sus intereses”, ha subrayado.

El portavoz popular ha insistido en que el PP “jamás ha tomado ni tomará ningún acuerdo en contra de los informes de los técnicos municipales, como están haciendo el resto” y, muy al contrario, velará por que en el Ayuntamiento de Santander se cumpla estrictamente con la legalidad.

Estos son los motivos por los cuales la convocatoria de esta comisión ha sido recurrida por la concejala del grupo popular Margarita Rojo, en su condición de miembro, al considerar que se está convocando a un acto ilícito en su desarrollo, ha explicado.

En el recurso de reposición se denuncia que el acuerdo de convocatoria afecta gravemente a derechos fundamentales de los concejales que forman parte de la Comisión, es nulo de pleno derecho y su ejecución puede causar daños de imposible o difícil reparación.

En este sentido, el escrito de recurso apunta que la convocatoria de la Comisión contiene decisiones ilegales que le competería adoptar a la alcaldesa, quien estaría, de esta manera, incurriendo en esos vicios de ilegalidad que asume al cumplir con una decisión adoptada por el Pleno a pesar de que este órgano no es competente para ello.

Los vicios de ilegalidad que se aprecian son, entre otros, que, al establecer un horario concreto, de 11.00 a 12.00 horas, se infringen el artículo 87 Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y el artículo 38 del Reglamento Orgánico de Pleno de Santander, que determinan que se habrá de respetar el principio de unidad de acto, lo que implica que la sesión terminará cuando finalice el debate de los puntos del orden del día.

Por lo tanto, es ilegal suspender de antemano el debate de un asunto a las 12.00 horas y continuar la sesión al día siguiente a las 11.00 horas y así indefinidamente hasta que se llegue a un acuerdo.

 Asimismo, se plantea que no le compete al Pleno la fijación exacta de los días en los que se celebra, la hora en la que comienza y la hora a la que se levanta la sesión, sino que es una competencia de la presidencia de la Comisión, que ostenta la alcaldesa de manera nata.

“La Administración municipal es bicéfala, no existiendo la pretendida relación de jerarquía del Pleno respecto de la Alcaldía. De ahí que la jurisprudencia haya reconocido incluso ante peticiones de pleno extraordinario, la potestad de la Alcaldía de no incluir en el orden del día asuntos ajenos a la competencia del pleno, competencia de la propia Alcaldía, en los que se pretendía la adopción de acuerdos por un órgano que no es competente para ello”, recoge el recurso.

Otra de las cuestiones en las que se basa el recurso es que entre la convocatoria de una sesión y su celebración debe mediar un plazo de dos días hábiles, a fin de que los concejales puedan examinar la documentación y preparar sus intervenciones, por lo que no cabe celebrar una sucesión de sesiones de comisión con un horario de trabajo determinado de una hora, por jornadas indefinidas, con un orden del día común abstracto.

Por otra parte, el acuerdo de convocatoria de comisión de investigación sobre el contrato de limpieza rompe con la representatividad de la Comisión, que es reflejo de la composición del Pleno.

“No se puede establecer, tal como se hace en el acuerdo aprobado por PSOE, PRC, Ciudadanos, Unidas por Santander y Vox, que tanto el plan de trabajo como la prórroga en la convocatoria de sesiones pueden aprobarse por la mayoría de los miembros de la Comisión cuando esa mayoría rompería la representatividad proporcional del Pleno”, ha subrayado el portavoz popular.

Así, ha señalado que el PP tiene 11 concejales en el Pleno y solo dos en la Comisión, por lo que para preservar esa representatividad debería existir un voto ponderado (11/2) en el caso del Grupo Popular y, en este caso, lo que se establece es que el acuerdo se adopte por mayoría de los miembros, dos de 10, en el caso del PP, lo que rompe con la proporcionalidad.

Díaz ha hecho hincapié en que cada asistencia a comisiones de Pleno le cuesta al Ayuntamiento 225,81 euros por cada concejal sin dedicación exclusiva o parcial. “Cada miembro de esa comisión sin dedicación exclusiva o parcial cobraría 1.129,05 euros cada semana por una hora diaria de trabajo, cómodamente dispuesta, entre las 11.00 y las 12.00 horas, y eso para definir un plan de trabajo que ya tendrían que tener previsto quienes han propuesto que se conforme la comisión, lo que puede inducir a los ciudadanos a pensar que se les está tomando el pelo, dilapidando el dinero público en beneficio propio de los concejales”, ha recalcado.