La oposición de Santander denuncia la maniobra del PP para asegurar una resolución judicial contra la investigación del contrato basuras

Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander, PSOE, PRC e IU-Podemos, han denunciado la última maniobra del PP para asegurar una resolución judicial contraria a la modificación que incorporó las comisiones de investigación al reglamento, y dar “carpetazo” así a una investigación pública del polémico contrato de las basuras.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Ángel Madariaga, también se ha sumado a la denuncia y señaló que “el PP utiliza su mayoría absoluta, con un claro abuso de poder, para dejar sin efecto el acuerdo plenario de diciembre 2021 para que se realicen comisiones de investigación”.

Así lo han denunciado, tras la Comisión de Participación de este lunes, en la que el Partido Popular ha impuesto su mayoría absoluta para elevar al próximo Pleno de septiembre un nuevo acuerdo en el que aprobará el allanamiento del Ayuntamiento en el procedimiento judicial que sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), en favor de la demanda de los concejales del PP contra el acuerdo del 23 de diciembre de 2021.

De esta manera, los grupos denuncian que el PP evitará que el TSJC se pronuncie sobre el fondo del asunto y que se celebre una comisión de investigación sobre el anterior contrato de las basuras, como pretendía la mayoría del Pleno la anterior legislatura y cuyo inicio bloqueó la alcaldesa, Gema Igual (PP), con un “decretazo” que también está recurrido a la Justicia.

Objetivo

Como han expuesto reiteradamente, el objetivo de la comisión de investigación de las basuras era aclarar “las irregularidades que llevaron a tener la ciudad más sucia que nunca” y “depurar las responsabilidades políticas” por el “fracaso del contrato y el deterioro de un servicio público esencial que se prolonga hasta nuestros días con un contrato de emergencia que, en noviembre, cumplirá dos años cuando tenía prevista una duración de solo nueve meses”.

Además, los Grupos de la oposición recalcan que el PP descarta la posibilidad que ofrecen en sus informes, tanto la Asesoría Jurídica Municipal como la Secretaría General, de una revisión de oficio del acuerdo del Pleno impugnado por el PP, lo que habría permitido consolidar la modificación del reglamento para incorporar las comisiones de investigación.

Para la oposición, en todo caso fue el PP, desde los órganos que controlaba, Alcaldía y Junta de Gobierno Local, quien hizo una tramitación defectuosa de aquel acuerdo del Pleno, al omitir el expediente y el dictamen de la Comisión de Participación celebrada el 18 de junio de aquel año, que “ahora se reconoce en los informes que fue plenamente legal”.

Tampoco recabó de los servicios municipales los informes de trámite vinculados al acuerdo del Pleno, que “era su competencia y no la de los grupos políticos”, tramitándolo finalmente como una aprobación definitiva, “haciendo una lectura interesada y contraria a la Ley del acuerdo” y “al contrario de lo que indicaron los portavoces”, para “tratar de forzar su anulación”.

Con el allanamiento, que, recuerdan, ya intentó el PP la pasada legislatura, decae también la defensa letrada externa que aprobó el Pleno a propuesta de la mayoría, para ejercer su legítima defensa frente a la demanda de los concejales del Partido Popular contra el Ayuntamiento. “Los grupos impulsores quedamos ahora completamente indefensos”, han denunciado.

Por último, lamentan que “toda la intención del PP ha sido obstruir y ocultar” a los santanderinos y santanderinas los motivos que llevaron a la formalización de un contrato “tan nocivo” para la ciudad, la “ausencia de fiscalización” del servicio durante años, la resolución del contrato, los “sobrecostes para la ciudad por la emergencia generada” y el “daño económico” a las arcas municipales por las múltiples sentencias contrarias al interés municipal.

Versión de Vox

“El equipo de Gobierno pretende en el Pleno de este jueves allanarse a las propias pretensiones recurridas de manera individual por los ediles del PP la pasada legislatura”, ha explicado Vox.

En este sentido, Madariaga lamenta que “el objetivo que busca el equipo de Gobierno del PP es que en nuestra ciudad no haya comisiones de investigación y de esta manera evitar depurar las responsabilidades pertinentes”.

“El PP pretende con esta argucia judicial, la cual es inmoral e incluso roza el fraude de ley, evitar que los santanderinos conozcan lo que sucedió con el antiguo contrato de basuras”, ha puntualizado.

Asimismo, desde Vox recuerdan que “la nefasta gestión de la alcaldesa ha costado a los santanderinos dos millones de euros, ya que los tribunales han dado la razón a la antigua adjudicataria del contrato de basuras en su pleito abierto contra el Ayuntamiento”.

“No podemos olvidar tampoco la última condena al Ayuntamiento en la que tiene que devolver 2,3 millones más 600.000 euros de intereses a la anterior adjudicataria de Parques y Jardines por daños y perjuicios”, ha indicado.

Por último, Madariaga lamenta que “aunque la ciudad haya mejorado algo en lo que se refiere a la limpieza, todavía falta mucho trabajo por realizar, ya que en cada barrio que visitamos recibimos denuncias sobre la falta de limpieza, algo de lo que la alcaldesa parece haberse olvidado”, concluye el edil de Vox.

PP

El portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz, ha acusado hoy a los Grupos de la oposición de “seguir mintiendo sobre la ilegalidad manifiesta de la modificación del reglamento que promovieron la pasada legislatura”, y ha destacado que, con la propuesta que sobre este asunto debatirá el próximo Pleno, “el PP resolverá la ilegalidad que cometieron el resto de partidos”.

“Lo único que pretende la oposición es seguir confundiendo a los ciudadanos acusando al equipo de Gobierno de irregularidades, cuando la realidad es que fueron ellos quienes infringieron la ley saltándose todos los trámites necesarios y aprobando un acuerdo en contra del informe de la Secretaría Municipal y de todos los letrados del servicio jurídico municipal, que dejaba claro que ese procedimiento no se ajustaba a Derecho”, ha remarcado Díaz.

El portavoz del equipo de Gobierno ha explicado que el próximo Pleno del Ayuntamiento debatirá el allanamiento propuesto por los Servicios Jurídicos en el procedimiento ordinario 20/2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el recurso promovido por el Grupo Popular frente al acuerdo del Pleno del día 23 de diciembre de 2021, en relación con la aprobación de la modificación del artículo 60 del Reglamento Orgánico del Pleno para la regulación de la figura de las comisiones de investigación.

De esta forma, el equipo de Gobierno solicita la anulación del acuerdo, ya que existe un informe suscrito por todos los letrados del servicio jurídico del Ayuntamiento que avisa de los vicios que presenta la modificación del reglamento que se aprobó en aquel Pleno.

Con esta iniciativa, ha señalado Díaz, lo que pretende el PP es “resolver la ilegalidad cometida en la pasada legislatura por todos los grupos de la oposición, además de Ciudadanos, aprobando una modificación del Reglamento del Pleno sin seguir los trámites establecidos”.

En este sentido, Díaz ha recordado que el informe jurídico dictaminó que se omitió de forma flagrante el procedimiento legalmente establecido para llevar a cabo una modificación del reglamento, puesto que no se produjo un acuerdo de aprobación inicial ni se sometió al obligatorio trámite de participación ciudadana. Del mismo modo, el acuerdo también carecía del expediente y los informes preceptivos.

En la pasada legislatura, el PP ya trató de corregir dicha ilegalidad proponiendo al pleno de septiembre de 2022 este mismo allanamiento, y, en aquella ocasión, se rechazó por los mismos grupos que habían aprobado la modificación ilegal del reglamento en contra de los informes (PSOE, PRC, Vox, Podemos y C's).

Por otro lado, el portavoz del PP ha precisado que el acuerdo que se lleva al Pleno “en ningún caso impide que los tribunales se pronuncien sobre el asunto”, ya que, según ha subrayado, “es un trámite sujeto a todas las garantías jurídicas”.

Del mismo modo, Díaz ha denunciado “la hipocresía” que aplican los partidos políticos de la oposición al resultado de las elecciones. “Así como en la pasada legislatura consideraban que esa suma de concejales de distintas siglas les respaldaba para tomar acuerdos -incluso en contra de la legalidad, no es válido para reparar esa ilegalidad ahora que los santanderinos han otorgado la mayoría absoluta de la Corporación al Partido Popular”, ha puesto de relieve Díaz.

“Los partidos de la oposición, que se han saltado ya la normativa establecida para aprobar el acuerdo de modificación del Reglamento del Pleno, pretenden ignorar también las reglas democráticas más elementales en un claro ejercicio de autoritarismo, tratando de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos”, ha concluido el portavoz popular.