El juez cita como investigados por prevaricación a cinco concejales de PRC y PSOE de Ribamontán al Monte
El PP les acusa de pagos entre 2016 y 2017 en contra de los informes de la Intervención y recuerda que el alcalde regionalista Joaquín Arco también está imputado desde 2018 por el mismo delito
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El juez ha citado a cinco concejales del PRC y PSOE de Ribamontán al Monte que formaron el equipo de Gobierno en la pasada legislatura como investigados por prevaricación, según ha anunciado el PP tras la denuncia presentada. Así han informado desde el Partido Popular de Ribamontán al Monte después de recibir la notificación de la citación de los concejales regionalistas para declarar el día 21 de junio de 2022. El presidente local del PP, José Luis Blanco, ha recordado que en febrero de 2018 su formación presentó una querella contra el alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), por pagar facturas municipales entre los años 2016 y 2017 por valor de casi 20.000 euros a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria-interventora municipal. “El alcalde levantó los reparos sin subsanarlos”, ha dicho Blanco, quien señaló que por esa querella, extensible a los cuatro concejales del PRC y al edil socialista que también votaron a favor del levantamiento de las advertencias de ilegalidad de la interventora y que ahora han sido citados, el alcalde regionalista declaró como imputado en noviembre de 2018 ante el Juzgado de Instrucción número dos de Santoña. La denuncia hace referencia al pago de cuatro facturas, de las que dos corresponden al abono de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del propio alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal. Las otras dos facturas se refieren al pago de 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación fue realizada por la jurídico municipal, y al pago de 8.000 euros a una consultora por un trabajo relacionado con los puestos de trabajo del Ayuntamiento. Además, también hay reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal, la abogada municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento. |