El Gobierno de Cantabria dará herramientas a los ayuntamientos para “regular las licencias y frenar el auge descontrolado de viviendas turísticas”

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte introducirá cambios en el decreto de regulación de Viviendas de Uso Turístico con el fin de dar a los ayuntamientos herramientas que les permitan adecuar su normativa “para regular las licencias y frenar el auge descontrolado de estas viviendas”.

Así lo ha explicado la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández (PP), tras la reunión que ha mantenido esta mañana con la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y alcaldes y representantes de los ayuntamientos más tensionados en cuanto a número de viviendas y pisos turísticos.

“Ha sido una reunión muy productiva porque ha quedado claro que todos tenemos la misma preocupación por la magnitud que está alcanzando el problema con la proliferación de estas viviendas y todos tenemos claro por donde tienen que ir las soluciones”, ha señalado Fernández,.

Además, insistió en que el objetivo de este encuentro incluido dentro de la hoja de ruta que se ha marcado la Consejería para recabar la información y opiniones de todos los actores implicados es “arbitrar un decreto para que los ayuntamientos encuentren la fórmula, con su normativa urbanística, de regular dónde y cómo quieren esas viviendas”.

La consejera ha explicado que el Gobierno de Cantabria “puede regular la parte que tiene que ver con turismo, pero esto tiene también mucho de competencia urbanística”. En este sentido, ha añadido que los ayuntamientos que ya tengan desarrollados sus Planes Generales “podrán regularlo de forma más eficiente” y el resto “probablemente tendrán que recurrir a ordenanzas”.

Fernández se ha mostrado confiada en encontrar el consenso. “Los ayuntamientos son los principales interesados en regular la vivienda turística para dar respuesta no solo a ese problema turístico sino a todos los demás”, entre ellos, el de acceso a la vivienda que no sea de uso turístico. “Nos encontramos con muchos casos de trabajadores y profesionales que necesitan una vivienda, porque vienen a trabajar a un municipio concreto, y no la encuentran. Y, si la encuentran, les echan en junio para alquilar en verano y tener que volver en septiembre y a unos precios muy elevados”, ha recordado.

La titular de Turismo considera que, además de luchar contra el intrusismo y la ilegalidad de muchas de estas viviendas de uso turístico, es necesario atajar “la proliferación de las legales”, tras apuntar que solo en 2023 se han presentado en la Dirección General de Turismo 2.031 declaraciones responsables para iniciar actividad y se ha pasado de las 494 viviendas registradas en 2020 a las 3.934 en diciembre del año pasado.

“Ahora mismo, aparte de la declaración responsable, el decreto actual incluye algún otro requisito que se entrega a posteriori y hacer el seguimiento así es muy difícil”, ha explicado la consejera. “Vamos a hacer cambios para que todo lo que haya que exigir se haga a priori y pueda haber un mayor seguimiento y esté mejor regulado”, ha insistido.

Respecto a los plazos para la entrada en vigor del nuevo decreto, Eva Guillermina Fernández, no ha anticipado una fecha concreta, dado que los pasos y trámites requieren su tiempo. Fernández calcula que no será para principios de verano, pero sí  “en el entorno del verano”. El objetivo es que a principios de marzo salga a consulta pública y después del trámite de información y audiencias analizar todas las aportaciones que hagan los distintos colectivos y particulares.

En la reunión, han participado también el director general de Turismo y Hostelería, Gustavo Cubero; la secretaria General de la Consejería, Carolina Juániz; el presidente de la FMC, Javier Camino; los máximos responsables municipales de Santander, Gema Igual (PP); Comillas, María Teresa Noceda (PRC); Potes, Javier Gómez (PP), así como concejales y representantes de Laredo y San Vicente de la Barquera.  

Estos ayuntamientos junto con otros de la costa, principalmente, son los que han registrado más solicitudes entre 2020 y 2023, Santander (1.338), Suances (199), Comillas (177), San Vicente de la Barquera (165), Ribamontán al Mar (157) y Noja (143).

Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha subrayado hoy la actitud proactiva de la ciudad y su colaboración con el Gobierno de Cantabria ante la necesidad de regular las viviendas de uso turístico y abordar así el crecimiento incontrolado de establecimientos ilegales, una cuestión que afecta a las comunidades de propietarios, hosteleros y administraciones.

Gema Igual se ha pronunciado así tras asistir a la reunión convocada por la consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria para tratar este asunto, a la que ha acudido acompañada del concejal del área, Fran Arias.

En el encuentro, la regidora ha trasladado las propuestas que Santander plantea para abordar la situación, que están relacionadas con la compatibilidad urbanística, la actividad económica o profesional y la categoría de las viviendas de uso turístico.

En este sentido, ha señalado que una de las sugerencias trasladadas para que sea incluida en el Real Decreto es la obligatoriedad de los propietarios para que obtengan licencia de actividad.

“Tanto el Gobierno como los ayuntamientos tenemos una responsabilidad compartida. Debemos poner unas normas consensuadas, que sean comunes para todos”, ha destacado, y recuerda que, según datos del ejecutivo, el número de declaraciones responsables de viviendas de uso turístico presentadas en la región en 2023 ascendieron a 2.031, lo que supone un 128 por ciento más que el año anterior.

La regidora ha mostrado su satisfacción por el trabajo que se está desarrollando y ha puesto en valor la “sintonía” con la Administración regional para buscar soluciones.

Como ha asegurado, se van a compartir datos y se trabajará de forma conjunta puesto que el objetivo, compartido de ambas administraciones, es el de “regular, que no prohibir” ya que es necesario que las viviendas turísticas cumplan con determinados requisitos, como lo hacen los hoteles, “que en este momento está en inferioridad de condiciones, para que los negocios convivan en igualdad y se pueda proteger al sector turístico”

Asimismo, ha indicado que tanto Ayuntamiento como Gobierno “coincidimos en que hay que exigir, además, un pago distinto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o tasas”.

La regidora ha hecho hincapié en que la regulación de las viviendas de uso turístico es uno de los retos en los que se trabaja desde la Concejalía de Turismo, que centrará los esfuerzos este año para conseguir un crecimiento sostenible de la actividad turística en la ciudad y también responsable.

“La colaboración con el Gobierno regional es clave para abordar estos retos. Estamos en ello y ya hemos iniciado trabajos que requerirán, también, de la colaboración con el sector”, ha subrayado.