El 2023, el año de la gran decepción

Lo que hay, es que casi con seguridad, que dentro de una década estaremos, si existimos, en una situación peor que la actual.

Todos los años la Asociación AMA hace un balance del mismo, coincidiendo con los Santos Inocentes, adoptado como patrón de la Asociación, ya hay que ser muy inocentes para creer lo que nuestras autoridades nos han prometido e incluso aprobado a lo largo de muchos años.

Cuando ya pensábamos que con nuevas licencias, con Planes  Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) aprobados, había muchas posibilidades de acabar de forma definitiva con el grave problema de los derribos, para la mayoría de los afectados, la dura y triste realidad, es que decisiones judiciales con ayudas gubernamentales han roto el cristal de cualquier esperanza

Los afectados por los derribos respetamos las decisiones de los tribunales, así lo hemos hecho siempre, incluso aquellas que decisiones que no compartimos. Ahora bien, creemos que se debe ser sumamente prudentes en las interpretaciones y las apreciaciones que pueden generar falsas esperanzas, donde hay una suspensión temporal, hay quienes las quieren vender como una solución final.

Recordamos que ya el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) concedió suspensiones temporales en mayo de 2008 a urbanizaciones condenadas al derribo. La Sala de lo Contencioso-administrativo dictó una providencia en la que acordaba la «suspensión temporal» de la demolición de 244 viviendas.

Resolución que basó su decisión en un acuerdo del Parlamento regional, que el pasado día 17 de diciembre de 2007, que instó al Gobierno cántabro a buscar una solución a los problemas que padecen los afectados por estas sentencias. En esa línea, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) requirió al Ejecutivo que le informe «del contenido y alcance» de las medidas que pensaba adoptar. 

15 años después de estás suspensiones, así como innumerables resoluciones del Parlamento de Cantabria, que piden una rápida solución para  los afectados por las sentencias de derribo, la realidad es que se sigue sin resolver la situación de injusticia generada por las condenas a las Administraciones Públicas. Lo que tenemos es otra suspensión temporal

Una suspensión temporal puede ser positiva, en la medida que paraliza el sinsentido que pudiera suponer realizar el derribo de unas viviendas que el planeamiento urbanístico vigente permite construir las mismas y en el mismo lugar. Vamos, derribar para volver a construir lo mismo y en el mismo sitio, pura locura, tirar de dinero público y seguir maltratando a cientos de familias.

No puede ser que esa suspensión solo nos sirvan para alargar más y más un proceso que duran décadas, ni de excusa para inacción de otros, que parece que han visto es estás suspensiones temporales, la coartada perfecta, para quitarse de encima un problema y que vuelva a pasar otra legislatura más, sin solucionar el problema de fondo, simplemente haciendo más daño a cientos de familias.

Los afectados tenían la esperanza de que en este año, 2023, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC  pudiera resolver sobre el fondo de la cuestión judicial,  esto es, sobre si las licencias presentadas mediante incidentes de inejecución cumplen la legalidad vigente o, hay que proceder al derribo de las viviendas.

En definitiva, acabar con inseguridad jurídica, con un secuestro del patrimonio que dura más de 25 años. su gozo en el pozo del alargamiento judicial de los procesos.

Los afectados no pueden seguir esperando más, desde el 2005 más de 230 han fallecido. Estos mismos días después del acto de apoyo a los Derechos Humanos ha fallecido el amigo Iñaki con 64, esto es muy duro para todos, así mismo la edad media del colectivo supera ya los 70 años.

Después de un cuarto de siglo, decir que las soluciones van a depender de otros órganos judiciales como el Tribunal Supremo, que casi con seguridad va a hacer esperar muchos más años para reparar el daño causado por las Administraciones Públicas; eso, en sí mismo, es una gran injusticia, ya que se sigue profundizando en el daño a los ciudadanos que no tienen culpa alguna y, que tantos años llevan soportando los ilícitos del Gobierno de Cantabria y de los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo.

En el año 2006 se condenó a estas instituciones al pago de los daños morales a las familias. Desde esos daños morales, 17 años después esos daños han aumentado exponencialmente y la perspectiva es alarmante.

La sentencias de anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Santoña, Victoria y Joyel, que se tramitó durante 12 años, si el Tribunal Supremo ratifica la decisión del TSJC, lo que se espera por según los expertos; ello, casi seguro, lleva consigo la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, que tiene la mayor parte de su territorio dentro de este PORN, y ello la anulación de las licencias, por lo cual 255 familias estarían dentro de una década mucho peor que actualmente, sin PORN, sin PGOU, sin Licencias, esto no hay quien lo entienda ni quien lo soporte.

No puede ser constante el olvido de  las resoluciones del Parlamento de Cantabria, que tantas veces han pedido por unanimidad dar una solución definitiva y en justicia, reparando el daño causado, que sea efectivo ya, en un periodo temporal  máximo que no puede superar un año. Da la sensación de que los acuerdos del Parlamento de Cantabria son papel mojado.

Las palabras de apoyo, al inicio de la legislatura, de la Presidenta de Cantabria y el consejero de Fomento sobre la necesidad de ayudar a las familias, parecen ya pura retórica.

Decir que hay que acabar con tan dura, injusta situación de aquellos que tienen su patrimonio secuestrado es positivo si buscan fórmulas para ello, pedimos que no sean humo que ciega los ojos. Hemos visto la oposición del Gobierno de Cantabria en algún proceso, a las propias alegaciones de los afectados, que simplemente pedían al Tribunal, que de una vez por todas y con la legalidad vigente, acaben estos procesos interminables.

Esta oposición del Gobierno unido a la falta de actuaciones, y contacto, nos hace pensar, que la voluntad mostrada parece más de cara a la galería, que una voluntad real, de cumplir con las resoluciones del Parlamento de Cantabria, en definitiva, de realizar su obligación legal y moral, reparar el grave daño causado a cientos de familias, esperamos equivocarnos, pero experiencias pasadas.

Todo no puede considerarse negativo, hay algún avance que viene de otras legislaturas cuando se llegan acuerdos,  como los convenios firmados entre Gobierno y afectados en el año 2015, y se realizan las viviendas de sustitución, se indemniza al afectado, como ha sido el caso de Arnuero donde esperamos que el 2024 se puedan entregar las nuevas viviendas, Escalante que ya tiene los terrenos para esa construcción, en caso de Argoños solo existen tres viviendas de sustitución comprometidas, La aprobación provisional de PGOU de Piélagos. Sin embargo, han pasado tantos años y queda tanto por solucionar que buscar una esperanza es muy complicado.

Desde la AMA se presentarán nuevas iniciativas legislativas, ante el Congreso, Senado y Parlamento de Cantabria, para una mayor protección del tercero de buena fe. No puede ser que los ciudadanos, cuando se condena a las Administraciones Públicas, sean ellos, los inocentes, los que sufren ese castigo.

Por último, desde AMA seguimos insistiendo que hay que dar soluciones rápidas y no dilapidar el dinero público en esos procesos interminables. Simplemente, las nuevas licencias presentadas superan el millón de euros en este año 2023. Ha sido otro año donde nos han llenado de palabras, de promesas, pero aquí seguimos esperando que nos llamen con sus soluciones, como es su obligación.

Esperando que el próximo año sea mejor para todos, reciban la cordial felicitación de las familias que componemos la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).

Feliz 2024