La Audiencia Provincial juzgará a un hombre por, presuntamente, detención ilegal, herir y extorsión a su socio de negocio

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará mañana, martes, y el miércoles, a las 10.00 horas, a un hombre por, presuntamente, detener de forma ilegal, herir y extorsionar a su socio de negocio.

La Fiscalía considera los hechos un delito de detención ilegal, otro de extorsión y un delito leve de lesiones, merecedores todos ellos de una condena de cinco años de prisión, multa de 900 euros y prohibición de comunicar y acercase a la víctima durante un tiempo de ocho años. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, considera que el acusado debe indemnizar al perjudicado con 3.230 euros por los daños morales que le ha causado. 

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado, que mantenía “desavenencias” con la víctima, de común acuerdo con otras dos personas que no han sido identificadas, trató de obligarle “a que cediese el contrato que tenía suscrito” con una empresa encargada de realizar servicios de transporte a Solvay. 

Como ese fin, el día de los hechos, acaecidos en febrero de 2021, el acusado interceptó el paso con su vehículo a la víctima, que a su vez conducía su propio coche. 

Al tiempo, otro turismo, ocupado por los dos participantes desconocidos, se situó detrás del coche para impedir que diese marcha atrás. 

Acto seguido, el acusado y sus acompañantes, estos últimos encapuchados, se bajaron de los coches y obligaron al hombre a salir de su vehículo, mientras le golpeaban en la cabeza con la culata de una pistola, al tiempo que le amarraron las manos por la espalda con unas bridas, le introdujeron por la fuerza en el coche del acusado y le trasladaron al garaje de éste. 

Una vez allí, la víctima permaneció sentada en una banqueta y “le golpearon de nuevo con la pistola”, mientras el acusado “le retorcía los brazos, le encañonaba con el arma en la boca” y le decía que “esto se arregla” si dejaba el trabajo de Solvay y se lo pasaba a él, al tiempo que añadía: “Yo iré a la cárcel, pero a ti y a tu familia os va a costar la vida”. 

El acusado pronunció “otras expresiones intimidatorias semejantes”, de tal forma que logró que el perjudicado remitiese un mensaje de correo electrónico al responsable de la contrata de Solvay en el que le decía que cesaba en su actividad y que a partir de ese mismo día prestaría servicio la empresa del acusado.

Los responsables de la contrata, “extrañados por la situación, constataron inmediatamente lo que había ocurrido, no permitiendo al acusado la realización de ningún servicio de transporte”. 

El acusado continuó insistiendo en su propósito con mensajes intimidatorios, y un día después la Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia gracias al cual se constató que el acusado estaba merodeando por los alrededores del domicilio de la víctima y también en Mercasantander, donde se encontraba estacionado su camión. 

Por estos hechos, el acusado permaneció en prisión provisional durante un mes y, tras su puesta en libertad, se le impuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación con el perjudicado.