El Colegio de Profesionales rechaza las descalificaciones contra la secretaria-interventora de Ayuntamiento de Ribamontán al Monte

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cantabria (Cosital) rechaza las descalificaciones públicas que sufre la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, por parte de algunos representantes políticos.

Al mismo tiempo, quieren defender el “trabajo imparcial y profesional” que desarrolla la trabajadora.

Con este pronunciamiento, el Colegio sale al paso a las informaciones publicadas recientemente, relativas a la denuncia por un supuesto delito de prevaricación presentada por un Grupo político contra varios ediles que la pasada legislatura integraban el equipo de Gobierno en Ribamontan al Mar, informaciones en las que se involucra a esta funcionaria.

En este sentido, la Junta Directiva de Cosital ha reiterado el "necesario respeto al ejercicio" de las funciones reservadas que el ordenamiento jurídico encomienda a los funcionarios en general, y a los funcionarios habilitados nacionales (secretarios, interventores y tesoreros) en particular.

El presidente del Colegio, Germán García Calle, ha defendido que el trabajo de la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Ribamontan al Monte pueda ser revisado y cuestionado “con argumentos jurídicos” respecto a los informes emitidos, pero no utilizar las descalificaciones públicas “para intentar atacar su profesionalidad y honradez”, máxime cuando “menosprecian y cuestionan la validez y objetividad” de su trabajo profesional a través de los informes que emite.

Para Cosital, “en ningún caso es admisible ni tolerable” que los profesionales de la Administración Local tengan que soportar “calumnias o descalificaciones” por parte de representantes políticos que pongan en duda su honradez y profesionalidad” en el ejercicio de las funciones que les están encomendadas, que son realizadas "conforme al leal saber y entender de cada funcionario".

Igualmente, ha vuelto a reclamar "el máximo respeto e independencia" en el ejercicio de sus funciones para los profesionales que trabajan en los ayuntamientos de la región, y advierte que ello se debe hacer "sin que quepan injerencias externas que traten de hacer cambiar nuestros criterios fundados en Derecho".