No alarguen más el sufrimiento
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ante las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC sobre la suspensión temporal de las sentencias de derribo de las urbanizaciones Pueblo del Mar I y La Llana II y, las informaciones aparecidas sobre ellos, quiere manifestar lo siguiente.
Los afectados por los derribos respetamos las decisiones del Tribunal, como lo hemos hecho siempre, incluso aquellas que decisiones que no compartimos. Ahora bien, creamos se debe ser sumamente prudentes en las interpretaciones y las apreciaciones que pueden generar falsas esperanzas.
Recordamos que “el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) concedió una suspensión temporal en mayo de 2008 a tres urbanizaciones condenadas al derribo. La Sala de lo Contencioso-administrativo dictó una providencia en la que acordaba la «suspensión temporal» de la demolición de 244 viviendas repartidas entre las promociones Pueblo del Mar I y Las Llamas II, situadas en Argoños, y El Encinar, en el municipio de Arnuero.
Resolución que basó su decisión en un acuerdo del Parlamento regional, que el pasado día 17 de diciembre de 2007, que instó al Gobierno cántabro a buscar una solución a los problemas que padecen los afectados por estas sentencias. En esa línea, el TSJC requiere al Ejecutivo que le informe «del contenido y alcance» de las medidas que piensa adoptar.
Después de más 15 años de estás suspensiones, se sigue sin resolver la situación de injusticia generada por las Administraciones Públicas
Para los afectados por las sentencias de derribo dichas resoluciones son positivas, en la medida que corrigen el sinsentido que pudiera suponer continuar con los derribos de unas viviendas que luego el planeamiento vigente permitiría de nuevo construir, pero con matices, sobre todo en el aspecto de que no sirvan para dilatar más un proceso que dura décadas, ni de excusa para inacción de otros.
Acogemos las mismas esperando que pronto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC pueda resolver sobre el fondo de la cuestión judicial, esto es, sobre si las licencias presentadas los incidentes de inejecución cumplen la legalidad vigente o, hay que proceder al derribo de las viviendas.
Con un cuarto de siglo esperando que haya una decisión definitiva, ahora los afectados no pueden seguir esperando más, en esta misma semana son tres los fallecidos del colectivo y, desde el 2005 más de 220.
Desde la AMA creemos que dilatar las soluciones hasta pronunciamientos de otros órganos judiciales nos puede hacer esperar muchos años más, lo cual sería seguir profundizando en el daño a ciudadanos que no tienen culpa alguna y, que tantos años llevan soportando los ilícitos de las administraciones públicas.
Por todo lo expuesto, esperamos que las resoluciones del Parlamento de Cantabria de dar una resolución definitiva y en justicia, reparando el daño causado, sea efectivo ya, en un periodo temporal que no puede superar un año.
Asimismo que las palabras de apoyo de la Presidenta de Cantabria y el consejero de Fomento sobre ayuda a las familias que viven esta situación tan dura, injusta y con su patrimonio secuestrado, se hagan realidad.
Por último, desde la AMA seguimos insistiendo que hay que dar soluciones rápidas y no dilapidar el dinero público con procesos interminables. Simplemente las nuevas licencias presentadas superan el millón de euros.