Juicio por, presuntamente, aprovechar su condición de empleado para vender muebles a otras personas a bajo precio
La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará el martes, día 15 de noviembre, a las 9.30 horas, a un acusado, por presuntamente, aprovechar su condición de empleado en una empresa de muebles para sustraerlos y venderlos a bajo precio a otras personas, también acusadas, propietarias de negocios de outlet.
Según el escrito de la Fiscalía, el principal acusado llevaba 23 años trabajando en una empresa de Guarnizo, en El Astillero, dedicada a la distribución de muebles y enseres destinados al descanso.
“A pesar de que su categoría profesional era la de mozo de almacén, debido al largo periodo de prestación de servicios gozaba de total confianza por parte del gerente de la sociedad”, señala el ministerio público.
Así, estaba autorizado para operar en el sistema informático de gestión de las mercancías y también para negociar directamente con ciertos clientes, “llegando incluso a realizar cobros en metálico”.
Así las cosas, señala la Fiscalía que el acusado “comenzó a disponer de productos en su propio beneficio, alterando los registros de entregas y ventas, de forma que no fueran detectadas las irregularidades ocasionadas”.
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Para lograr tal fin, “hacía pedidos no autorizados alterando las etiquetas de los productos solicitados”, “eliminaba albaranes de entrega del proveedor” o “fingía devoluciones de muebles que imputaba a otros ejercicios contables”, de modo que conseguía “enmascarar la distracción de efectos de la empresa”.
Una vez disponía de los muebles, señala la Fiscalía, el acusado actuaba junto a otro hombre, al que conocía por haber sido el dueño de una empresa de outlet.
Este otro hombre, también acusado, le compraba los muebles a precios muy bajos o bien los distribuía a otros mayoristas a precios por debajo del mercado, obteniendo ambos “pingües beneficios a costa de los bienes detraídos”.
El resto de los acusados por la Fiscalía, tres personas, también responsables de establecimientos de outlet, realizaron negocios con los anteriores “teniendo perfecto conocimiento de la ilícita procedencia de las mercancías”.
Según el análisis pericial contable de las cuentas entre 2016 y 2020 de la empresa en la que trabajaba el principal acusado, el montante económico de las mercancías sustraídas asciende a cerca de 462.000 euros.
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida y un delito continuado de falsedad documental –que atribuye al principal acusado-, así como cuatro delitos continuados de receptación que imputa al resto.
Las penas solicitadas ascienden a seis años y medio de prisión y multa de 4.860 euros para el primero, y tres años de prisión y 3.240 euros para los cuatro restantes.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público considera que el principal acusado debe indemnizar al titular de la empresa en la que trabajaba con cerca de 462.000 euros, el valor de las mercancías sustraídas.
Por su parte, la acusación particular considera que el principal acusado se concertó con el dueño de la empresa de outlet y también con un empleado de la misma. La Fiscalía pide para este la absolución, porque considera que no se ha probado su implicación.
La acusación considera que el principal acusado y estos dos hombres se concertaron “para poder materializar su propósito ilícito”, de modo que, estos dos, “en unos casos le adquirían los productos” y en otros “le prestaban una ayuda determinante para la consumación de la sustracción, transportando los enseres” desde los almacenes de la empresa en la que trabajaba el primero.
El resto de las personas a las que acusa la acusación particular, cinco, “realizaron negocios” con los otros tres “con pleno conocimiento de la ilícita procedencia de las mercancías que recibían de estos”.
Peticiones de prisión
Para la acusación particular, los hechos constituyen un delito continuado de apropiación en concurso con un delito continuado de falsedad, que imputa al principal acusado y para el que reclama siete años de prisión y 6.000 euros de multa.
Además, considera a los dos que se concertaron con los anteriores autores como cooperadores necesarios del delito de apropiación indebida, por lo que pide para ellos seis años de cárcel y 5.400 euros.
Alternativamente, si no fueran considerados autores como cooperadores necesarios del delito de apropiación indebida, pide que se les impute un delito de receptación, merecedor de una pena de tres años de prisión y 7.200 euros de multa, para cada uno de ellos.
Finalmente, la acusación particular considera que los otros cinco acusados son responsables de un delito de receptación, por lo que deben responder con una pena para cada uno de ellos de tres años de prisión y 7.200 euros de multa.
Por su parte, las defensas de todos los acusados niegan la comisión de los delitos imputados a sus representados.
En concreto, la defensa del mozo de almacén señala que este actuó “estando bajo la supervisión del gerente” de la empresa, quien le “ordenó atender a una serie de clientes dedicados a la venta de muebles en tiendas outlet”.
Y precisa: “estos clientes solo trataban con su defendido después de haber hablado con el gerente”, así que el acusado “se limitaba a llevar a cabo dichas ventas, dando cuenta de todo ello a su empleador”.
Así, “las ventas que ha tenido que llevar a cabo se han realizado en el ámbito de la empresa y dentro del horario comercial” y “todo el dinero obtenido de dichas ventas era contabilizado en caja b por el departamento de contabilidad de la empresa”, sin que el acusado “obtuviera ningún lucro o beneficio más allá del salario pactado con el empresario”.
Concluye la defensa señalando en su escrito que “estas prácticas habituales en la empresa son parte de las actuaciones anómalas que la dirección de la empresa ha venido haciendo”. Por todo ello, solicita la libre absolución de su defendido.
Está previsto que este juicio continúe el miércoles, día 16, y el jueves, día 17, en sesiones que darán comienzo a las nueve y media de la mañana.
