Autorizados los parques eólicos de Cuesta Mayor, Alsa, La Costana y Campo Alto

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria ha concedido autorización administrativa para la construcción de los parques eólico de Cuesta Mayor, Alsa, La Costana y Campo Alto y se línea de evacuación. Así, se informó por la Alcaldía durante la celebración del último Pleno de Molledo.

En otro punto del orden del día, el concejal del PP, Joaquín Villegas, se interesó sobre los avances en la salubridad del agua de Silió, y preguntó qué se va a hacer.

La alcaldesa, Verónica Mantecón (PRC), indicó que el filtro del depósito no funciona  adecuadamente y lo tienen que ver los técnicos del Gobierno de Cantabria para luego ponerse en contacto con la empresa que lo ha instalado.

Villegas también pido explicaciones sobre si se ha avanzado en la ordenanza de leñas, ante lo que la regidora municipal comentó que “no está todavía pero se está trabajando en ello”.

El edil popular, Ángel Vázquez,, en su intervención, comentó si el Ayuntamiento conoce el mal estado en que se encuentra el lavadero de Santa Cruz. En este asunto, la alcaldesa indicó  que es conocedora de la situación, ya que la obra no se ejecutó bien, pues cada vez que hay crecida del río el lavadero se inunda.

Podemos

Podemos Cantabria está encabezando una denuncia ante la Comisión Europea en la que se defiende que el Gobierno central pretende acelerar la implantación de las renovables “recortando las garantías de protección ambiental”.

Podemos señalaó que también se está desmantelando el entramado jurídico que otorga a la Evaluación Ambiental “el papel de instrumento de protección del medio ambiente”, y que Cantabria “es claro ejemplo de las trabas que se ponen a la ciudadanía para participar en la implantación de las renovables”.

 La formación morada ha comunicado a la Comisión Europea que “en Cantabria no se cumplen los principios europeos de participación ciudadana en los temas que afectan al medio ambiente”. Según afirman, “en Cantabria solo existe el derecho a la protesta, y eso está muy alejado de los principios de participación pública europeos”.

En su denuncia, Podemos destacó que el Convenio de Aarhus, que fija las condiciones de participación pública en los proyectos que afectan al medio ambiente, “no se aplica en Cantabria ya que, de sus tres principios (derecho a la información, derecho a la participación y derecho a la justicia), solo se cumple el derecho a la justicia, y para colmo no es gratuita”.

Desde la formación progresista consideran que para que exista una participación real, “las personas que habitan los pueblos deberían tener posibilidad de participar en los asuntos que afectan a su territorio, y eso en Cantabria no sucede”.

Para Podemos, “existen instrumentos de ordenación territorial que garantizan la participación ciudadana, pero los sucesivos gobiernos de Cantabria han decidido no contar con la ciudadanía y dejar a las multinacionales decidir, a su conveniencia, qué hacer con nuestro territorio”.

El responsable de Defensa del Territorio de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, señaló que su denuncia tiene dos vertientes: “por un lado queremos garantizar que la implantación de las renovables sea respetuosa con el medio ambiente y la ordenación territorial, y por otro hacer partícipe a la población de las zonas rurales de las decisiones que afectan a su entorno”.