Denunciada ante la Fiscalía la exalcaldesa de Ruiloba, Sara Portilla (PRC), por presunta falsedad documental y prevaricación
La decisión se tomó tras recibir el dictamen del Consejo de Estado, en el que se establece que el Ayuntamiento debe declarar la nulidad de la sanción al ocasionar la regidora municipal una clara indefensión a la empleada
El Ayuntamiento de Ruiloba ha denunciado a la exalcaldesa de Ruiloba, Sara Portilla (PRC), ante la Fiscalía de Cantabria por una presunta falsedad documental y prevaricación en relación a una demanda por acoso laboral interpuesta por una trabajadora municipal.
Esta decisión ya había sido anunciada por el equipo de Gobierno en el último Pleno de la Corporación municipal celebrado el pasado día 29 de mayo en el que se dio lectura a un informe sobre el dictamen del Consejo de Estado, de fecha 18 de abril de 2024, en el que se establece que el Ayuntamiento de Ruiloba debe declarar la nulidad de la sanción al haber ocasionado Sara Portilla una clara indefensión a la empleada.
Según ha explicado el alcalde, Julio Pinna (PSOE), al recibir este contundente dictamen se decidió realizar las consultas legales pertinentes y “poner los hechos en manos de la Fiscalía, para defender el precepto constitucional que impone a la Administración Pública servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.
“Desde que estamos gobernando hemos querido avanzar buscando lo mejor para los vecinos de Ruiloba, aun así no podemos mirar hacia otro lado ante estos hechos y debemos actuar con el máximo rigor posible”, ha manifestado el regidor.
En cuanto a la denuncia realizada, los hechos presuntamente delictivos, tuvieron lugar en relación a una demanda por acoso laboral interpuesta por una trabajadora del Ayuntamiento contra la entonces alcaldesa y otra funcionaria municipal, a consecuencia de la cual Sara Portilla inmediatamente incoó a la trabajadora un expediente sancionador y la suspendió de empleo y sueldo durante seis meses, utilizando para ello una “supuesta auditoría que era un simple pdf sin firma alguna, que nunca se ha sabido quién la había elaborado”, ha explicado el alcalde.
Debido a que a la trabajadora no la estimó el Juzgado la demanda de acoso, y debido a que cuando se dictó la sentencia Sara Portilla ya no era alcaldesa, procedió a personarse en el procedimiento laboral alegando ser parte interesada, evidenciando así un interés personal anómalo y que todo el expediente sancionador fue, presuntamente, un acto de venganza contra la trabajadora por haberla demandado por acoso laboral. A todo ello se suma que según el dictamen del Consejo de Estado de fecha 18 de abril de 2024, explica el Ayuntamiento.
