Laredo obligado a convocar otra licitación de casi dos millones de euros tras las irregularidades detectadas, según Unidos por Laredo

El Ayuntamiento de Laredo está obligado a convocar una nueva licitación de casi dos millones de euros tras las irregularidades legales detectadas por el Grupo municipal de Unidos por Laredo.

Así, lo aseguró su portavoz Ramón Arenas quien calificó el acto no sólo falta de opacidad, sino también la arrogancia administrativa del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Laredo que se ha visto forzado a dar marcha atrás en el procedimiento de licitación para el proyecto de mejora de aglomerado y renovación de servicios.

“Los motivos son las irregularidades que rozan la arbitrariedad más descarada y una gestión que parece más propia de tiempos pasados que de una administración moderna y justa”, comentó.

Unidos por Laredo señaló que levantó la voz en defensa de los principios básicos que deben regir toda contratación pública, igualdad, transparencia y libre concurrencia, por medio de un escrito presentado el pasado día 16 de febrero en el que denunció irregularidades que “harían sonrojar a cualquier servidor público que valore la legalidad, anunciando que de no corregirse adoptarían otras medidas legales”.

En este sentido, critican la exigencia arbitraria de una planta asfáltica propia, “un criterio que limita de forma injustificada la competencia y excluía a potenciales empresas en clara violación de los artículos 1 y 145 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

También, hace referencia a la exigencia de una solvencia económica desproporcionada que favorecía a unos pocos privilegiados y vulneraba el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 87 de la LCSP.

Y en tercer lugar, la imposición de una garantía definitiva del cinco por ciento del contrato, sin una justificación técnica válida, atentando contra el artículo 107 de la misma Ley.

Ante tales evidencias, el informe jurídico del secretario municipal no dejó lugar a dudas: las restricciones impuestas no sólo carecían de justificación legal, sino que también violaban los principios elementales de igualdad y transparencia en la contratación pública, explicó Unidos Por Laredo.

“Un verdadero golpe a la credibilidad de quienes gestionan los fondos públicos, donde alguna empresa se podría ver beneficiada mediante una licitación irregular”, comentó Arenas.

Ante el informe y el riesgo inminente de impugnaciones legales, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que desistir del procedimiento de licitación, inciden. “Este acto, aunque necesario, no exime de responsabilidad a quienes, por acción u omisión, intentaron imponer reglas que parecían hechas a medida de intereses particulares, por lo que Unidos por Laredo ha solicitado explicaciones.

Vigilancia

Desde este grupo municipal se hace un llamado firme y decidido a la ciudadanía: la vigilancia de los actos públicos es un deber democrático. “No podemos permitir que la opacidad, la arbitrariedad o la incompetencia se normalicen en la gestión pública y se beneficie a unos en perjuicio de la legalidad”, declaró Ramón Arenas.

"La legalidad no es una opción, es una obligación. La transparencia no es una cortesía, es un deber. Y la rendición de cuentas no es una sugerencia, es el fundamento de la democracia." afirmó Unidos por Laredo,

Para finalizar, esta formación política avanza que el Ayuntamiento de Laredo tiene ahora la responsabilidad de iniciar un nuevo proceso de licitación ajustado a la legalidad, sin favoritismos ni trampas disfrazadas de tecnicismos administrativos. “Los ciudadanos de Laredo merecen un gobierno que no sólo cumpla la Ley, sino que respete la esencia misma de la administración pública: servir al interés común por encima de cualquier otro interés”, recalcó Arenas.