El PRC denuncia que el PP-Cs oculta un informe sobre la reclamación económica a Jardines de Santander

El Grupo municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander denuncia que el equipo de Gobierno PP-Cs oculta un informe sobre la reclamación económica a la UTE Jadines Santander.

“El informe apunta a la no detracción del importe en las facturas de la UTE Jardines Santander de la reclamación económica que el Ayuntamiento demanda por daños, debido a que cumple con la contrata con las condiciones establecidas en los pliegos”, aseguran los regionalistas.

Ante esta acusación, laa concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo (PP), ha censurado el “doble discurso” y las contradicciones en las que incurre el PRC sobre la actual adjudicataria del servicio de parques de la ciudad, la UTE Jardines Santander, al aludir a un informe “que se encuentra en el expediente de reclamación y que ha sido facilitado a la empresa para presentar sus alegaciones”.

 “No es de recibo que traten de arrojar sombras sobre un expediente que se ha elaborado con mucho trabajo y rigor y del que se ha informado con la máxima transparencia”, ha señalado.

El PRC incide en que es una las conclusiones que arroja la evaluación llevada a cabo por la asistencia técnica contratada por el equipo de Gobierno para cuantificar y valorar los incumplimientos contractuales no recogidos en el informe de control financiero del servicio de mantenimiento de parques y jardines y con el que avalar la reclamación económica que el Consistorio valoró en más de tres millones de euros.

Ante este nuevo documento, el portavoz municipal, José Maria Fuentes-Pila, asegura que el equipo de Gobierno ha optado por la práctica de “guardar en el cajón” aquellos informes que no son “ad hoc”, por lo que “alguien debe dar la cara y responsabilizarse de la situación tan rocambolesca que han creado cuando además se anuncia a bombo y plantilla la redacción de unos nuevos pliegos mientras siguen ciertas sombras sin resolverse”.

El portavoz apuntó que en dicho informe, tras analizar la información recabada y realizar las correspondientes visitas de inspección a las instalaciones, apunta que tanto la maquinaria como vehículos, equipos y herramientas puestas a disposición del servicio eran nuevas o renovadas con la calidad suficiente según fue siendo preciso para el desarrollo del contrato, por lo que concluye que “no procede  la eliminación completa del importe correspondiente al concepto de amortización”.

Igualmente, recoge que se llevaron a cabo las mejores ofertadas o aquellas que en concordancia con el Ayuntamiento fueron sustituidas, a lo largo del periodo 2012-2018, y señala que no debe aplicarse detracción alguna del importe de las facturas por ejecución de mejoras, ya que no pueden ser parte abonable puesto que dejarían de ser mejoras.

Para Fuentes-Pila, este episodio es un suma y sigue del desgobierno en el que ha desembocado un pacto que empezó mal, PP-Ciudadanos, y que está llevando a la deriva a la ciudad puesto que “es evidente y notorio que unos por agotamiento y desidia (PP) y otros por la ausencia de ideas e ineptitud (Cs), carecen de capacidad para llevar a cabo una gestión eficaz de  unos servicios de calidad que es lo que se merece una ciudad como Santander”.

Versión concejala Medio Ambiente

Al respecto, ha considerado que esa práctica de “guardar en el cajón” documentos a la que alude el PRC “no forma parte del modo de proceder del Ayuntamiento de Santander”, por lo que le solicita “respeto” hacia los profesionales “que han elaborado el expediente de reclamación de daños y perjuicios”.

En este sentido, ha precisado que, entre las recomendaciones que incluía el informe de control financiero realizado por la intervención municipal, contemplaba la valoración de aquellos incumplimientos que no pudieron ser cuantificados en el citado informe. “Fruto de esta recomendación el servicio de parques y jardines realizó el encargo a una empresa externa, cumpliendo en todo momento con diligencia y responsabilidad”, ha remarcado Rojo.

De esta forma, el origen de este expediente se encuentra en los incumplimientos de las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas que regulan el contrato suscrito el 15 de febrero de 2012 para el mantenimiento integral de los parques y jardines públicos de Santander, como consecuencia de los datos y comprobaciones del informe de control financiero del contrato realizado por el interventor municipal.

Según consta en dicho documento, los incumplimientos por los que va a ser penalizada la empresa afectan al mantenimiento de la plantilla, por importe de 2.042.323 millones de euros; a la obligación de renovación inicial de vehículos de la flota, por 756.359 euros; a la exigencia de adquirir nuevos vehículos, por 84.463 euros; y por la renovación a los cinco años, por 389.259 euros.

Además, Rojo ha apuntado que existe otra indemnización de daños derivados de los incumplimientos que se reclamarán más adelante cuando se pueda determinar la valoración económica y que afectan a la maquinaria nueva o a renovar el primer mes; a la renovación del 20 por ciento del césped y el cinco por ciento del arbolado; al sistema de gestión informática del servicio gestor (inventario, mantenimiento SIF, entre otros); así como al importe de las mejoras desde febrero de 2012 a febrero de 2018, tanto las de carácter anual como puntual.