El Gobierno central invertirá 12 millones de euros en la reforma integral del centro penitenciario El Dueso, en Santoña

El Gobierno central invertirá 12 millones de euros en la reforma integral del centro penitenciario El Dueso, en Santoña. Así lo anunciaron los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE), y de Justicia, Pilar Llop (PSOE), durante la firma del convenio para crear una oficina judicial en el penal junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC).

Las obras, que se acometerán en breve, consistirán en la colocación de 250 paneles fotovoltaicos, la adecuación del módulo de mujeres y la rehabilitación de una nave para acoger actividades de ocio y culturales en este centro penitenciario que cuenta con 386 reclusos. El plazo de ejecución de los trabajos será de dos años.

Durante su intervención, la ministra de Justicia anunció que la oficina judicial permitirá simplificar trámites y evitar desplazamientos, fijados en 12.500, así como favorecer la protección de las víctimas con la conservación de su anonimato.

Por su parte, el Ministerio del Interior se encargará de habilitar los medios materiales necesarios para la ubicación de la oficina delegada, tales como dependencias, gastos ordinarios de electricidad, climatización, servicios postales y mobiliario. Igualmente, el Ministerio asume la aprobación de la plantilla orgánica del personal al servicio de la Administración de Justicia para dotar la oficina delegada.

Igualmente, Pilar Llop avanzó la puesta en marcha de videoconferencias para llevar a cabo juicios telemáticos, cuya inversión asciende a más de un millón de euros. Por este motivo se habilitarán 400 salas para videoconferencias que podrán aumentar hasta 600 en el caso de ser necesario, comentó.

Asimismo, comunicó que los dos ministerios se encuentran pendientes de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para lo cual están a expensas de un informe.

Por su parte, Grande-Marlaska recordó que hace 34 años, cuando tenía 25 años, el Juzgado de Primera Instancia de Santoña fue su primer destino como juez y precisamente el primer día de trabajo tuvo que visitar el centro penitenciario por una diligencia judicial.

“Estuve un año y medio en Santoña y aprendí que las cosas no se deben decir a medias tintas. Vine como un joven imberbe y me fui más maduro”, rememoró de sus inicios en la justicia mientras se sintió emocionado por volver a visitar Santoña.

El ministro del Interior indicó que trabajan para garantizar los derechos de los ciudadanos y en este caso de aquellos que están privados de libertad. Pero no se olvidó del desafío que supone la sanidad penitenciaria, de la oferta pública de empleo y de los medios para dotar a las prisiones y sus trabajadores en el desarrollo de su trabajo. Igualmente, se atrevió a dar un dato y subrayó que en la actualidad el 80 por ciento de los internos no vuelve a delinquir.

“Agradezco a los funcionarios e internos su esfuerzo y predisposición en el momento de la pandemia que contribuyó a que los contagios fuesen inferiores”, señaló.

Juzgados de Santoña

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, manifestó que la oficina judicial supondrá un coste anual de 70.000 euros y contribuirá al alivio de los Juzgados de Santoña y atascar la burocracia, dado que recibe 3.000 exhortos al año, mientras invitó a los ministros a visitar Santoña con motivo de las fiestas patronales de la Virgen del Puerto y comer, de paso, unas anchoas.

Cantabria se incorpora así a un modelo de colaboración interadministrativa y de oficinas delegadas de justicia, unas 20 en todo el país- que ya existe en las Comunidades de Madrid, Aragón y Navarra, así como en otros territorios cuya Administración de Justicia es gestionada directamente por el Ministerio, y que supone abrir una línea de comunicación directa entre los juzgados y los centros penitenciarios aunque, en el caso de Cantabria, se verá reforzado con el sistema de gestión procesal autonómico ‘Vereda’, que facilita la gestión electrónica de este tipo de procedimientos.

Respecto al tema de los acercamientos de los terroristas de ETA a las cárceles cercanas o ubicadas en el País Vasco, y las críticas recibidas desde ciertos partidos políticos y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el ministro de Justicia calificó de triste y ruin que el PP instrumentalice el terrorismo de ETA al que se venció por el Estado de Derecho hace 10 años.

“La política de dispersión fue una medida antiterrorista necesaria cuando ETA asesinaba y ahora los acercamiento se realizan acorde a la Ley y con estudios individuales de cada caso”, reseñó. De igual forma, añadió que mientras ETA asesinaba, el PP acercó a más de 500 presos etarras a Euskadi. “Si tengo que comparecer en el Congreso, lo haré”, explicó en su comparecencia.

En cuanto a los funcionarios de prisiones, Fernando Grande-Marlaska, avanzó que serán agentes dela autoridad y para lograr este fin se está tramitando una Proposición No de Ley, y de igual forma se está trabajando en su carrera profesional.

Otros temas

El indulto al político socialista José Antonio Griñán, pedido por su familia, fue otro de los temas que salió a relucir. La ministra de Justicia aclaró que no es la primera vez que se pide un indulto con estas características, aunque en este caso se debe estudiar la sentencia, sus argumentos, una vez se redacte y se envíe a las partes interesadas, así como los votos particulares, que fueron de tres y dos, y recogerán los informes preceptivos a la hora de abrir el expediente.

La condena por el caso Marta del Castillo, que no incluye prisión permanente revisable, sino 159 años de cárcel, fue otro de los temas sobre los que se posicionaron los ministros y matizaron que respetan las resoluciones judiciales. Desde su punto de vista, se debe estar al lado de las víctimas y las Leyes se deben aplicar.

En el acto también estuvieron presentes el alcalde de Santoña, Sergio Abascal (PSOE), la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones (PSOE), y la consejera de Presidencia, Paula Fernández (PRC), así como el director del penal El Dueso, Francisco Javier García, y el secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz,entre otras autoridades.