El PP pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Ribamontán al Monte y 11 a los ediles del PRC-PSOE
Los populares acusan al regidor municipal de presunta prevaricación continuada y a los ediles de indicios racionales de criminalidad
El Partido Popular de Cantabria ha solicitado una pena de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), como presunto autor de un delito continuado de prevaricación.
Además, los populares piden 11 años de la misma inhabilitación a cinco concejales del Ayuntamiento, del PRC y PSOE, cuatro de ellos en activo, como coautores del citado ilícito, según el escrito de acusación del PP.
El documento se enmarca dentro de la causa abierta contra el regidor y los ediles, que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Santoña, y por el que fueron procesados el regidor y los ediles por supuesta prevaricación administrativa o malversación de fondos públicos por presuntos pagos irregulares en 2016 y 2017 por importe cercano a los 20.000 euros.
En un auto de ese órgano judicial, fechado el pasado mes de julio, su titular acordó continuar el proceso abierto contra Arco y Jesús García Fuente (PSOE); Lidia Ruiz Llanos (PRC), quien optó por dimitir; así como los regionalistas Raúl Fermín Ruiz Sánchez, Fernando González Mazas y Mercedes Fernández Pérez, al apreciar "indicios racionales de criminalidad" por haber votado a favor de resoluciones administrativas irregulares, "con pleno conocimiento" de que lo eran.
El instructor apuntaba que "en todos los casos, constan advertencias verbales y escritas, plenamente fundamentadas", por parte de la interventora municipal, acerca del "error de realizar dichas aprobaciones". Reparos, añadía, que "fueron levantados por estas personas sin haber subsanado las deficiencias de las que se habían alertado".
Además, teniendo en cuenta que esos acuerdos irregulares han supuesto aprobación de gasto público, y por tanto, perjuicio económico a las arcas públicas, se estaría cometiendo, a juicio del magistrado, un delito de malversación de fondos públicos.
Y señalaba que la "principal responsabilidad" por estos hechos, denunciados por el PP, correspondería al alcalde, si bien el resto de ediles investigados "votaron a favor del levantamiento de los reparos".
Facturas
La denuncia hace referencia al pago de cuatro facturas, de las que dos corresponden al abono de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal.
Las otras dos tienen que ver con el pago de 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación ya había sido realizada por la jurídico municipal, y al pago de 8.000 euros a una consultora por un trabajo relacionado con los puestos de trabajo del Ayuntamiento.
Además, también hay reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal, de la abogada municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento.
El juez destacó como indicio de la comisión de los supuestos delitos la declaración, en sede judicial, del propio alcalde, que "reconoció haber cometido determinadas irregularidades, si bien las justificó en que, tanto dicho ayuntamiento como otros, habían actuado de dicha forma en el pasado, lo cual considera que le habilita para perpetuar dichas prácticas ilegales y, posiblemente delictivas".
"Difícil argumento más favorable para la continuación de este procedimiento encontraremos que el propio reconocimiento de hechos, previas las advertencias de la interventora municipal, por parte del investigados, podemos encontrar en este caso, si bien la confesión, por sí sola, no es suficiente para la determinación de responsabilidad civil", apuntaba, para acordar que continuara la tramitación de las diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado.
En el auto, el magistrado acordaba dar traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que solicitasen la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, paso que ha dado el PP, o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.
En la instrucción de esta causa se ha tomado declaración a los investigados y a otras dos personas, si bien los cinco concejales del PRC y PSOE de Ribamontán al Monte se acogieron a su derecho a no declarar en junio ante el juez de Santoña.
El alcalde solicitó que se dejara sin efecto la toma de declaración de los concejales, si bien la Audiencia Provincial de Cantabria avaló la práctica de las declaraciones, pues además de una diligencia de investigación constituye también un acto del derecho de defensa de los procesados.
