División en el equipo de Gobierno de Reinosa, PP y PRC, en la votación de los cambios de las ordenanzas fiscales

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Reinosa, PP y PRC, mostró su división en la votación de diversas ordenanzas fiscales durante la celebración del Pleno. Antes de votar cada ordenanza, los Grupos realizaron sus intervenciones para exponer sus posicionamientos.

Así, comenzó José María Martínez (PP) para hacer hincapié en que es necesario equilibrar muy bien los ingresos y los gastos y es consciente de que los gastos van aumentando año tras año en salarios de personal, contratos de suministros de energía, contratos con las empresas que se actualizan al alza, gastos de actividades deportivas, culturales, juventud y festejos.

Por otro lado, afirmó que la demanda de los vecinos crece y el número de contribuyentes decrece año tras año, mientras la situación económica de Reinosa no permite compensar esa reducción de recaudación por otras vías, impuesto de construcciones, o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), entre otros.

Por si no fuera poco, el edil comentó que es consciente de la situación que viven las familias, dado el incremento notable en el precio de la energía, alimentos. Ante esta situación, se ha optado por no reducir los impuestos ni tasas y contener las bonificaciones que algún Grupo ha planteado, mientras se debe hacer un esfuerzo en contener el gasto en el ejercicio 2024.

Daniel Santos Gómez (PRC) apuesta por la congelación de impuestos, aunque la tasa de agua sube por el contrato firmado en su día con la empresa prestadora del servicio.

Respecto a las basuras, la subida de todos los costes que afectan a la empresa, salariales, gasolina y materias que utilizan, dan como resultado una subida de 73.000 euros para este año. “Hay dos opciones, repercutir esta subida a los vecinos o a las arcas municipales y por tanto dejar de efectuar inversiones o acciones necesarias. En este momento no vemos otra opción que no sea la subida de esa tasa”, avanzó.

Para María Victoria Callejo Touriño (REC) adelantó que presentará propuestas constructivas y quiere remunicipalizar  el servicio de basuras.

Mario Javier Gil González (Vox) explicó que se debe proteger a las familias más necesitadas y a los demandantes de empleo, aunque sabe que alguna no se puede llevar a cabo por la situación del Ayuntamiento, de manera que los gobernantes deben conseguir que el gasto sea lo más equitativo posible y no cargar las cuentas del Ayuntamiento.

Igualmente, Sergio Balbontín Ruiz analizó la situación al ver cómo baja la población y los ingresos, sube la luz y el gas, hay gastos superfluos y recordó que llevan tiempo pidiendo una reestructuración, como en el tema de Personal, mientras se ha subido el sueldo a los liberados lo que supone un gasto mayor.

Votaciones

El PSOE propuso exenciones y bonificaciones entre el 10 y el 50 por ciento para los bienes inmuebles destinados a los usos comerciales de tipo general que se ubiquen en calles donde se ejecuten obras en la vía pública, impulsadas por el Consistorio, o dispongan de algún elemento afectado como escaparates o accesos

La iniciativa fue rechazada con los votos del PP, PRC y Vox, mientras que el PSOE y Reinosa en Común (REC) se posicionaron a favor.

Por su parte, Vox pidió una bonificación del 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, a los sujetos pasivos que pertenezcan a una unidad familiar en la que los ingresos brutos por todos los conceptos no excedan del resultado de multiplicar por tres el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), establecido para el año 2023 en 600 euros al mes, 8.400 euros al año en 14 pagas o 7.200 euros en 12 pagas.

Los Grupos PP, REC y Vox apoyaron la petición y PSOE y PRC se abstuvieron a la hora de aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles.

En cuanto a la ordenanza del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, Vox insistió en incluir una bonificación del 50 por ciento en las transmisiones de viviendas realizadas a título lucrativo para causa de muerte, a favor del cónyuge, hijos y nietos, siempre que sea el domicilio fiscal de los beneficiarios y estos se encuentren empadronados en la vivienda, al menos seis meses antes de la fecha de devengo del impuesto y los interesados no tengan deudas con el Ayuntamiento.

PSOE,  PP  y  Vox sacaron adelante este punto en el orden del día, donde se abstuvieron PRC y REC.

Respecto a la ordenanza de la tasa por la licencia de apertura de actividades sujetas al control ambiental y por las actividades de comprobación de las actividades inocuas, Vox reclamó exenciones y bonificaciones del 80 por ciento a quienes abran nuevos establecimientos en Reinosa, siempre que se trate de demandantes de empleo o en el momento de solicitar la licencia, lleven más de un año en paro y estén al corrientes de pago con la Hacienda Municipal.

También, se aplicará una bonificación del 100 por cien en el caso de que se contrate algún trabajador por cuenta ajena, de tal forma que tan sólo se abstuvo el PRC y el resto de Grupos lo respaldaron.

Agua

En lo que concierne  a la ordenanza de la tasa por el suministro de agua, REC considera que existen mínimos abusivos e injustos que fomentan el despilfarro.

El suministro doméstico y en el primer módulo de consumo, hasta 10 metros cúbicos al mes, se factura bastante más del doble del agua del que realmente se suministra, entre el 120 y 130 por ciento, todo ello como consecuencia de un mínimo consumo completamente desorbitado. Por ello, piden reducirlo a un volumen razonable: tres metros cúbicos al mes, 100 litros por persona y día.

“El actual mínimo solo favorece el despilfarro y la ineficiencia del consumo cuando la línea estratégica de cualquier administración pública en esta materia debería ser favorecer exactamente todo lo contrario. Obviamente esta medida supondría una importante reducción de la recaudación que debería venir acompañada de otras modificaciones como el cambio de los bloques de consumo por usuario y no por abonado”, explicaron.

A su juicio el resultado no es disminuir los ingresos, sino hacer una política de precios transparentes, mejorar la presión fiscal de forma más justa y equitativa, pagar en función del consumo e incentivar el ahorro y eficiencia en el uso del recurso.

Además, propuso módulos de consumo para ser justos y establecerse en función del consumo por usuario y no por abonado cruzando los datos con el padrón municipal, lo cual penalizaría las prácticas fraudulentas en los empadronamientos y mejoraría la eficiencia del servicio.”

En la sesión plenaria se debatieron otras tasas como la recogida de basura, donde REC indicó que no es razonable como elemento cuantificador sólo por vivienda, la cual en sí misma no es representativa a la hora de cuantificar la generación de residuos y se aplique independientemente de otros indicadores mucho más fiables.

A este respecto, el resto de tasas de basuras se basan en elementos de cuantificación en proporción a determinadas dimensiones (plazas, metros cuadrados o camas) y no a fijos como se hace actualmente en el caso de residuos domiciliarios. El caso del padrón tampoco nos parece aconsejable aunque puede ser bastante más adecuado pero hacerlo como elemento de cuantificación puede también fomentar el fraude.

Por el contrario, es más fiable y exento de riesgos el consumo del agua y por ello se propone como elemento de cuantificación para la tasa de basuras.

Para la tasa de alcantarillado, REC se mostró partidario de una reducción de los tramos de las tarifas.

En estas tres últimas tasas, tan sólo REC apoyó este petición, en contra PP, PRC y VOX y la abstención del PSOE.

De igual forma, se aprobó, de forma provisional, la supresión del tributo y la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias para industrias callejeras y ambulantes con la abstención del PRC y el visto bueno del resto de los Grupos.

Para la tasa de ocupación por subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, se aprobó por unanimidad, que las entidades bancarias paguen 194,60 euros al año por su instalación en las fachadas y utilizables desde la vía pública.

Otra tasa hace referencia a la ocupación de los terrenos de uso público por mesas y sillas con una finalidad lucrativa, donde PSOE y REC instaron a reducir un 20 por ciento las cuotas sin que prosperase con los votos en contra del PP y PRC, mientras que Vox se decantó a favor.

REC también consideró oportuno incluir para el cálculo del concepto renta disponible mensual en la ayuda a domicilio unos gastos de alimentación por importe de 240 euros al mes por persona, actualizable anualmente con el Índice de Precios al Consumo (IPC), algo que se aprobó por unanimidad.

Las tasas por los matrimonios civiles y el registro de uniones de las parejas de hecho también tuvieron un hueco en el Pleno, de tal forma que REC solicitó cobrar sólo por el trámite y PP, PRC, PSOE y Vox lo rechazaron.

Para finalizar, se debatió la tasa de la Escuela Infantil de Verano. Por cada semana de guardería o fracción de la misma, durante las vacaciones del calendario escolar, en horario de mañana y sin servicio de comedor, el Consistorio cobrará 20 euros por alumno, y por dos o más hermanos, a partir del segundo, la familia abonará 10 euros por semana.

Para María Victoria Callejo Touriño (REC) no hay alumnos en este servicio por lo que opinó que se debe hacer un poco de marketing e intentar que haya más usuarios, de manera que, si luego se ve que hay más, se puede volver a hablar otra vez de esta tasa, mientras que Sergio  Balbontín Ruiz (PSOE), preguntó por los motivos para doblar el precio.

Por su parte, Marcos Santiago afirmó que todas las ludotecas del municipio lo están cobrando y que hay alumnos.

El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de PP, PRC y Vox y en contra del PSOE y REC, sacó adelante la modificación.

El Pleno siguió con la aprobación definitiva del estudio de detalle para instalar un ascensor en la comunidad de propietarios de la calle Los Formidables, número tres.

Gastos

En la sesión plenaria, REC reclamó información  sobre los gastos de informes, mediciones, abogados, obras, entre otros, derivados de los litigios mantenidos con los vecinos afectados por los hundimientos de edificaciones en las calles Torres Quevedo  y la avenida de Puente Carlos III.

El concejal Álvaro Jesús Zabalía García (PRC) aclaró que los informes fueron realizados en la legislatura 2015-19. Por el estudio de patologías observadas en varias viviendas de la avenida del Puente Carlos III, más de 7.000 euros; de ensayos de laboratorio y redacción de informe geotécnico para estudio de patologías, de 4.000 euros, y de informe sobre estado de la estructura de edificios avenida Puente Carlos III y Torres Quevedo 2, de 6.553,66 euros. En total fueron 17.638,56 euros.  

Los gastos del juicio contra el Ayuntamiento ascienden a 52.841,69 euros por los abogados y a 7.062,83 euros al procurador.

“A día de hoy, no existe ninguna sentencia que indique que el Ayuntamiento tenga responsabilidad patrimonial en esos edificios. El Ayuntamiento debe retomar el procedimiento para la declaración del estado de ruina de los edificios afectados, algo obligación dado su estado”, matizó.

Por su parte, Vox solicitó aclaraciones sobre la nueva sede de la Policía Local que no está en funcionamiento. Desde la Alcaldía indicaron que no está terminada de acondicionar. Inicialmente se planteó instalar los vestuarios en el edificio trasero del Ayuntamiento los nuevos vestuarios de la Policía, se dotó de taquillas dobles para cada agente (ropa de calle y de trabajo) y se construyó la zona fría.

“Cuando se concluyó, surgió la discrepancia de si era oportuno tener los vestuarios en un edificio y el lugar de trabajo en otro diferente; algo que los agentes no vieron apropiado”, recalcaron

Por este motivo, se plantearon otras soluciones como utilizar toda la planta del edificio de atrás para la Policía Local, hacer un acceso directo desde la calle y volvieron a surgir discrepancias sin poder llegar a ningún acuerdo de tal forma que se tomó la decisión de mantener por el momento a la Policía Local en las instalaciones actuales, coincidiendo con el final de la anterior legislatura.

En ruegos y preguntas, Sergio Balbontín se in por el proyecto para uso continuado al antiguo colegio Concha Espina.

José María Martínez (PP) contestó que existen varias ideas sobre posibles proyectos que se pueden llevar a cabo en el edificio, pero aún no hay un proyecto definido.